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La obsesión de Uribe con su Constituyente

El martes 4 junio, 2019 a las 10:24 pm
La obsesión de Uribe con su Constituyente

La obsesión de Uribe con su Constituyente

Desde hace varios años el senador Uribe viene luchando por una nueva Constitución Política que se adapte a sus necesidades personales y las de su grupo político, con el coro de sus portavoces directos en el Congreso como Paloma, Cabal, Guerra, Gaviria, Macías, Rangel, Prada, y de los terratenientes colonizadores y deforestadores del Guaviare y de otras regiones del país como Córdoba, Antioquia, Amazonía, de los parques nacionales que conectan la Amazonía con la cordillera de Los Andes y la Orinoquía y de otras zonas de reserva forestal, supuestamente protegidas por el Estado, además de los grandes empresarios que dividieron este país entre poderosos y miserables, la verdadera polarización que padece Colombia.

El Centro Democrático y todo el ejército de funcionarios de entidades nacionales y representaciones en el extranjero, comenzaron de nuevo, a través de los grandes medios de comunicación, la tarea de impulsar en la opinión pública la aparente necesidad de una asamblea nacional constituyente, aprovechando supuestas crisis institucionales creadas por ellos mismos desde que inició el nuevo gobierno de Uribe, que preside Duque, como dice Bejarano.

La obsesión personal parece tener una explicación, porque nadie sabe a ciencia cierta cuántos procesos jurídicos se adelantan en contra del expresidente; hay registros, por ejemplo, de 27 denuncias por presuntos vínculos con el paramilitarismo; por lo menos, cuatro por injuria y calumnia; otros por el caso de las ‘chuzadas’ del DAS, y en el de la ‘Yidispolítica’, también por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal en los que estaría involucrado al tratar de manipular testigos que lo señalan como el creador de grupos paramilitares, junto a su hermano Santiago Uribe. Igualmente, se investiga por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del líder Jesús María Valle, delitos declarados de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia; también, por la publicidad engañosa para el plebiscito por la paz, cuando ganó el no; por su presunta participación en las actividades ilegales adelantadas por el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila en las elecciones presidenciales del 2014.

En fin, son muchos procesos a cargo de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Medellín y el de Bogotá, y lo mejor, pienso yo que él piensa, es blindarse anticipadamente, temiendo lo sucedido en otros países de Latinoamérica:

Otto Pérez Molina, de Guatemala, preso por ser presunto líder de una estructura criminal denominada «La Línea» y bajo los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación aduanera; antes de él, el presidente Alfonso Portillo había sido encarcelado por corrupción. También terminaron presos Rafael Callejas, que gobernó Honduras; el ex mandatario panameño, Ricardo Martinelli; Lula da Silva, de Brasil, condenado a 9 años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Igualmente, la Fiscalía de Brasil acusó al expresidente Temer de ser el cabecilla de una «organización criminal» durante casi 40 años.

En Perú, Pedro Pablo Kuczynski ofreció su renuncia antes de ser sometido a un voto de destitución en el Congreso, convirtiéndose en el político de más alto nivel en caer por el escándalo cuando aún ocupaba su cargo. La Justicia también emitió una orden de captura contra los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo; recordar a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno, y la desgracia vital de Alan García, quien se suicidó en Lima el 17 de abril pasado antes de ser encarcelado.

También sacudieron a la región los tres procesamientos que le dictaron a la ex presidente argentina Cristina Kirchner por distintas causas de corrupción y a Carlos Menem, condenado a siete años de prisión.

A estos casos se puede sumar el de Mauricio Funes, que gobernó El Salvador entre 2009 y 2014; quien luego de que se le abriera una investigación por enriquecimiento ilícito, decidió no correr riesgos y pidió asilo político en Nicaragua.

Lo anterior, para demostrar que antes de cambiar la Constitución Política de un país, debería operar eficientemente la Justicia. Pero si nombran un fiscal como Néstor Humberto Martínez, no pueden echarle la culpa de la desinstitucionalización a la Fiscalía General de la Nación, sino a quien ejerce el cargo, quien con evidencias, debió declararse impedido para investigar la corrupción y buscar una “buena” disculpa para renunciar.

Entonces, en algunos países vecinos los organismos judiciales están empezando a mostrar una cierta capacidad instalada para manejar los casos de exmandatarios con la delicadeza y el profesionalismo que se necesita, gracias a la presión social ante los casos y la magnitud de las cifras de corrupción divulgadas.

En Colombia, al contrario, la función judicial ha sido objeto de manipulación por los poderes de turno, por eso es la impunidad la que reina, dejando la imagen que la Justicia es para los de ruana, mientras que el poderoso siempre está por encima de la ley, porque es quien puede adaptarla a su conveniencia.

Por eso, tengo la impresión que la obsesión de Uribe con la constituyente parece mas bien una amenaza a las entidades que lo investigan o pueden encontrar la verdad, propuesta que cuenta, estimo yo, con el respaldo de “su” presidente y “sus” congresistas que no se han resignado a la jubilación o el retiro de la actividad pública de Uribe, inclusive a que no sea otra vez presidente de la República. El mismo Duque lo reconoció una vez en Medellín al considerar que en realidad él no sería quien iba a ejercer como presidente: “me siento orgulloso de estar en este escenario con el gran colombiano, el presidente eterno de nuestro afecto, Álvaro Uribe Vélez”. Por eso le acolitan una constituyente que permita derogar el artículo 197 y meter aquel soñado ‘articulito’ que lo deje volver al poder en directo en 2022.

Claro está, nadie puede negar que padecemos un estado de corrupción que todo lo corroe, una Justicia injusta, un sistema de salud que es un atentado vital para todos, males extendidos y permanentes no porque nos falte normatividad legal que los regule ni porque la Constitución Política vigente no tenga las herramientas para combatirlos, sino por la manera de actuar de algunos dirigentes políticos que creen, ilusos, que la solución es con una Asamblea Nacional Constituyente que dicte más normatividad pero adaptada a los dirigentes que la propiciaron, que son los mismos responsables de los males y los mismos que asumirán el control del país con las nuevas ventajas que les otorgará una constitución a su medida.

La cortina de humo es convertirse en el mayor obstáculo para implementar los acuerdos logrados para la desmovilización de las FARC, tumbar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para evitar entrada de la CPI, tumbar las 10 curules de la Farc, la cláusula de cumplimiento, las inversiones para el posconflicto, eliminar la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, y hasta el Consejo Nacional Electoral, y crear una sola Corte.

Ellos saben, porque ya lo han ensayado exitosamente, que para imponer su propuesta basta justificar sus intenciones a punta de fake news y campañas emocionales dirigidas a una masa popular acostumbrada a votar y tomar decisiones sin analizar las consecuencias de sus actitudes apasionadas, o motivadas por intereses fugaces, alejados de la razón y la reflexión; es lo que han bautizado como “Estado de Opinión”, asunto delirante que se sustenta en el miedo y la ignorancia.

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