Simultáneamente, la comunidad denunció sospechosa negligencia de las autoridades militares de la zona, que al no poder prevenir los hechos, tampoco atendió con prontitud la tragedia, la cual se atribuye a los grupos armados irregulares citados que, por abandono del Estado frente al intervención del narcotráfico, también mantienen el control del territorio en el sur del país.

La Asociación Nacional de Ayudas Solidarias, ANDAS, denunció a través de un comunicado el asesinato de ocho personas y la arremetida contra miembros de la comunidad campesina que se habían congregado en un escenario deportivo mientras presenciaban un campeonato de microfútbol. Allí fueron secuestrados por los agresores algunos ciudadanos, que posteriormente fueron amarrados y sometidos.

Las mismas comunidades manifestaron su zozobra por la presencia de grupos armados en la zona, y exigieron nuevamente la eficacia de las autoridades encargadas de proveer seguridad a la población civil, elevando un reclamo formal ante las autoridades del orden local, regional y nacional, así como a las organizaciones e instituciones garantes de los derechos humanos como la Personería local y la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con la fundación Indepaz, en lo que va del 2021 se han presentado 14 masacres, principalmente en el Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño y Caquetá.

Mientras tanto, el gobierno Duque está es preocupado por quién presenta las estadísticas de muertos y busca calificativos benignos para los hechos de violencia que no puede controlar como jefe del Estado.