Por: Omar Orlando Tovar Troches

Mucho se ha escrito sobre la obligación que tiene el Estado, en todos sus niveles, de avanzar en políticas, planes y programas que redunden en el desarrollo del precepto constitucional de que Colombia es un Estado social y de derecho, en especial; lo relativo a su carácter SOCIAL. Se debate sobre cuestiones como ¿qué se entiende por social?, ¿qué es gasto o inversión social? ¿Cuáles son sus componentes y objetivos principales?, mucho más en estos momentos de efervescencia proselitista a nivel regional.

En los misérrimos y casi que ausentes debates políticos de las diferentes campañas, la mayoría de los candidatos pasados y presentes; hacen “especial énfasis”, sobre el carácter “social” de sus escasas y muchas veces, malogradas propuestas. En un buen número de administraciones se anunció, y es posible que se vuelva a anunciar con bombos y platillos, el aspecto estratégico de sus inversiones sociales, sin tener muy claro en qué consiste el asunto en cuestión. Algunas administraciones confundieron dichas inversiones sociales con faraónicas, o si acaso, numerosas obras de infraestructura (cemento, concreto, asfalto, ladrillo, etc.) olvidando el carácter central del termino SOCIAL, es decir, el factor humano, o sea, las personas. Dicho de otra forma, los hombres, mujeres, niños y niñas, que habitan el territorio que administran, y  por lo que se conoce hasta ahora, algunos aspirantes a administrar el municipio de Santander de Quilichao posiblemente también se confundirán.

Y es allí, en lo social, en últimas, en donde se debe evaluar el éxito o el fracaso de una administración; en el bienestar de todas y cada una de las personas que residen en tal o cual territorio. No se pretende desconocer que eso que conocemos como infraestructura, sea un componente indispensable para el desarrollo de las localidades, pero, cuando ese desarrollismo a rajatabla, no tiene en cuenta el factor humano, es posible y así se ha constatado en muchas partes, que esa mal entendida inversión social, termine siendo inane e incluso hasta contraproducente para la misma sociedad en su conjunto o para algunos de sus miembros.

Una comunidad como la quilichagüeña aún espera ese gran salto cualitativo hacia un futuro mediato, que le brinde a todos sus integrantes, reales posibilidades de acceder a eso que los pueblos ancestrales y los nuevos teóricos del desarrollo definen como el BUEN VIVIR, que nos es cosa diferente que el pleno disfrute de eso tan cacareado por la clase política tradicional, como es LA INVERSION SOCIAL, pero pensada y ejecutada con visión desde y hacia el ser humano y la naturaleza, para lograr ese equilibrio entre las necesidades básicas de la comunidad y los derechos de la naturaleza. Dicho equilibrio (el Buen Vivir), necesariamente ha de verse reflejado en una sana y armónica convivencia ciudadana, en el acceso a trabajo y vivienda dignos, en una mejor movilidad y uso del espacio público, en una educación con oportunidades de empleo e investigación, en la erradicación paulatina de esos males históricos que nos han tenido en conflictos y guerras desde nuestro nacimiento como país, tales como las exclusiones, las inequidades, la falta de justicia, resumidas todas, en esas costumbres tan detestables como la corrupción y el clientelismo.

Es posible que para muchos de nosotros estos enunciados suenen a discurso “veintejuliero” de candidato al puesto de elección popular. Lo que realmente esperamos todos es que aparezcan esas personas que dejen la demagogia y planteen, quizás las mismas propuestas, pero esta vez con herramientas reales para caminar hacia un posconflicto con justicia social e inclusión. Tal vez es mucho pedir, pero al igual que con las brujas, en las propuestas alternativas, algunas personas creen, pero que las hay, las hay. Arriesguémonos por otras rutas, porque las que hemos transitado hasta ahora, nos han llevado a esta triste realidad.