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El sábado 11 diciembre, 2010 a las 5:02 pm
¿LA INJURIA Y LA CALUMNIA, SON DELITOS O SANCIONES CIVILES?

aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?optio…

Por Leopoldo de Quevedo y Monroy
Colombiano

Con el correr de los días, el significado de las palabras se acomoda al uso que la sociedad les da según sus reglas y cánones. Llevan el sello de los sentimientos, de las rabias, de las necesidades sociales. Para bien o para mal se constituyen en armas de control social. La palabra es un instrumento que fluyó del ingenio del hombre para dar nombre a las cosas y a las ideas que bullían en su mente. Unas conservan su talante y no cambiado su cara. A otras la academia, el vulgo o la política les han asignado connotaciones y las convierten en polisémicas y casi impronunciables por el peligro de que se las ha dotado.

Con las palabras expresamos estima, desaprobación, ira, desprecio, opinión, favorecimiento o sarcasmo. El idioma es rico y sus hablantes se comunican, se informan y se distraen conjugando una gama larga de nombres, verbos, adjetivos, admiraciones e interrogaciones. Los siglos han visto nacer las palabras más que los humanos a sus hijos del vientre de las féminas.

En nuestro código penal, fruto político de las épocas y las convenciones sociales, es un compendio de delitos, con nombre a veces raro, que describe y da tipicidad a una conducta. Se redactan los códigos en las naciones para encauzar en normas generales la conducta de sus ciudadanos de manera que no lesionen a la mayoría de los asociados. Aunque se ha visto que leyes se dan para favorecer apetitos y beneficios de quienes las redactan y promulgan. Algunas tratan de salarios, de salud, de tenencia de tierras, de impuestos, de fe pública. El código penal contiene normas que describen formas de delitos, circunstancias, agravantes, recursos, términos y sus penas. Y el de procedimiento establece cómo el Estado debe tomar un caso investigar, valorar y condenar, precluirlo o absolver.

Asignar por apariencias y colas mal tapadas una conducta delictuosa a un hombre público puede ser catalogado como calumnia o injuria si la conducta no es tan grave pero se hace en público. El periodista en aras de informar para alertar puede ser acusado penalmente en nuestra legislación, porque así lo prescriben taxativamente los códigos. Pero hoy válidamente se discute porque hay otros derechos que prevalecen y porque la calumnia – si es manifiesta y se comprueba la mala fe en el momento de publicar la noticia – debe tener sanción civil y no quedará impune.

Ocurre que “la posición de preferencia que posee la libertad de expresión por sobre los otros derechos se mantendrá, siempre y cuando: a) la información que de ella emane resulte “útil” a una sociedad democrática; y b) existan bases objetivas que induzcan al informador a considerar que dicha información es cierta, aún cuando posteriormente se demuestre el hecho como objetivamente falso”. “En caso de que el periodista haya ejercido en forma legítima este derecho, no es posible concluir jurídicamente que el derecho al honor se hubiera visto lesionado de forma alguna.*”

Bien valdría la pena que la Corte Constitucional colombiana examinara estas conductas a la luz de la equidad, la justicia y la práctica universal y declare si estas figuras tal como existen en nuestros dos códigos deben permanecer intactas o sufrir modificación de delito a querella. Porque, en el fondo, está colada una mordaza a la libertad de información, de prensa y no son garantía de la existencia de una verdadera sociedad democrática.

09-12-10 – 8:50 a.m.

*http://legislaciones.amarc.org/CD/cd/2.2_delito.htm
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