Para iniciar trabajos de conservación de recursos naturales y control a su uso, en 1980, con la CVC se conformó una UMC que comprendía las cuencas de los ríos Teta, Quinamayó y Jambaló y años más tarde con la Administración Municipal de Santander De Quilichao, se estableció el contrato #1882, para emprender formalmente la conservación, en un área de 3.000 Has, que comprendía la vereda de El Guayabal, constituyéndose el “Plan de manejo Integral de Recursos Naturales Renovables de la Subcuenca del río Quilichao”, coordinado por la CVC, en conjunto con la Alcaldía, Emquilichao y la Federación de Cafeteros, para “comprometer recursos humanos, físicos y financieros en desarrollo de programas sociales y proyectos que enmarcaban los objetivos de aumentar la cobertura forestal, aminorar conflictos de uso de tierras y aguas, aumentar y diversificar la producción agropecuaria, mejorar la infraestructura existente y finalmente lograr el equilibrio hidrológico de la subcuenca, afectada por creciente deterioro debido a la tala y poblamiento, baja capacidad del balance de agua entre invierno y verano, desprotección del suelo por erosión, sobrepastoreo, prácticas agrícolas inapropiadas, aumento de cárcavas y contaminación de las aguas por el vertimiento de mieles de café, lavado de fique y desechos de marraneras”.

Sin embargo, a pesar de estos buenos propósitos, la irracionalidad y terquedad de propietarios de fincas, con influencias en la política y administración municipal, departamental y nacional, pasando por encima del estudio de impacto ambiental y del concepto negativo de la CVC, que avizoró graves daños ambientales, en 1985 logró la construcción de la carretera a la vereda El Guayabal, atravesando el cerro Muchique de occidente a oriente, herida, que desestabilizó los terrenos de origen volcánico al derrumbarse hacía los nacimientos de agua y quebradas, en temporadas de fuertes lluvias, favorecen la formación de avalanchas potenciadas en su fuerza inercial por la pendiente hasta la vereda de San Pedro y más abajo en el casco urbano de Santander.

Después de la construcción de esta carretera sin mitigar daños colaterales, a partir de 1987 aumentaron los informes sobre deslizamientos de tierras en el área y la aparición de una gran grieta que amenazaba arrastrar toneladas de tierra sobre el cauce del Quilichao. Paralelamente aumentó el asentamiento de población y las prácticas agrícolas y pecuarias antitécnicas y, se dio un abandono progresivo del manejo integral de la cuenca, al no  emprender acciones efectivas para prevenir desastres como los que recurrentemente se presenten cuando hay inviernos prolongados.  

Ante las inundaciones de esos años, en abril de 1989, crean el Comité Interinstitucional de Protección del Medio Ambiente, conformado por el INCORA (ya desaparecido), el ICA (que perdió funciones), la Federación de Cafeteros, el GES (desaparecido) y la Alcaldía de Quilichao, con la misión de impulsar el “replanteamiento del uso de suelos, reforestación de la región, aislamiento de la zona” y otras recomendaciones que se quedaron en el papel.

Posteriormente, por decreto #115 de 1990, sancionado por el alcalde, fue creado el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres.

“Desde entonces hacen intervenciones temporales y reactivas, enviando maquinaria cuando hay avalanchas; pero no hay un manejo técnico ambiental prolongado que garantice soluciones de fondo”, considera Carlos Julio Carabalí.

PD. En anterior artículo, al mencionar a los integrantes del Grupo Ecológico de Santander, omití a los hermanos: Pedro (QEPD) y Fernando Vaca; a Fernando, Alfonso y Pablo Cardona; a Oscar Rivera, Henry Mosquera, Alberto Bermúdez, Lily Ramírez y Delfín Grueso.

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