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Lunes, 2 de octubre de 2023. Última actualización: Hoy

La función ecológica y la función social de la propiedad

El jueves 1 junio, 2023 a las 9:57 am

La función ecológica y la función social de la propiedad ¿cuál es más importante?

Por Gustavo Adolfo Caicedo Muñoz

Colombia es un Estado Social de Derecho y el Art 58 de la CN, que consagra el derecho de la propiedad privada con algunas limitaciones, relativas a la función social y ecológica de la propiedad de cara al equilibrio entre los derechos de las personas y la función pública de los deberes y responsabilidades.

Si bien es cierto que la función social de la propiedad hace referencia a que esta no puede estar abandonada, sino adecuadamente explotada en beneficio de la economía, en la producción de alimentos, también es cierto que dentro de valoración normativa, la función ecológica en casos determinados debe primar, cuando esta función tiene mayor trascendencia colectiva que el interés particular por la tierra y es visiblemente más importante y cuando compromete los derechos humanos generales y masivos de un conglomerado social.

Es aquí donde un paralelismo de estas funciones nos aclara conceptualmente cuál de las dos debe prevalecer sobre la otra.

Cuando nos encontramos ante un ecosistema estratégico, ubicado en la periferia del casco urbano de una ciudad y que presta servicios ambientales de aire puro, agua, paisaje, conservación del suelo, fauna y flora, y ante las necesidades de un grupo de personas al acceso de la propiedad de la tierra para trabajar y satisfacer necesidades primarias sociales… ¿cuál de las dos valoraciones normativas debe priorizarse?

Sin lugar a dudas, hay elementos que son determinantes para sopesar si la función ecológica donde el derecho al agua es un derecho fundamental conexo a la vida, debe estar por encima de la función social, cuando el interés y los beneficios derivados del ambiente sano cubren un mayor universo de personas favorecidas donde también son determinantes los derechos de los animales y seres vivos que dependen de este ecosistema y que el interés general debe prevalecer sobre el interés particular y el bien común como prioridad social.

Las agencias del Estado no pueden pasar por encima del querer de los ciudadanos ni por el ordenamiento territorial municipal, como norma de superior jerarquía y privilegiada a cualquier determinación o resolución de las agencias del Estado.

Cuando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SIPAC ) y adelantados los procedimientos pertinentes, resuelve incluir una reserva forestal como estratégica, es el resultado de un procedimiento reglado y técnico anterior, lo que significa un ordenamiento irreversible y anticipado del territorio municipal, lo que debe entenderse como una priorización de la función ecológica por encima de la función social de la propiedad, que excluye o coloca en inferior condición los derechos de las personas al acceso a la tierra para ser incluida en el mercado para intervenirla o negociarla, para el desarrollo de proyectos extractivos económicos ya que los intereses sociales ya sean para constituir ampliar resguardos, creación de consejos comunitarios o reservas campesinas están supeditados a este ordenamiento ya establecido por el Estado.

Luego, las autoridades judiciales y administrativas deben entender que la función ecológica de la propiedad fue priorizada en estos predios por resoluciones ejecutoriadas del Gobierno y por el PBOT del municipio de Santander de Quilichao y que esta determinación da tránsito al ordenamiento ambiental del municipio, la cual no puede modificarse a través de presiones manifiestas y violentas como la invasión, tala e incendios del bosque para lograr el beneficio de la oferta y compra directa por parte de la Agencia de Tierras por que no prospera esta estrategia ya que la política pública, en estas materias no puede entrar en una contradicción normativa y difícilmente puede ceder al interés de un grupo de personas por encima del buen común colectivo, ya determinado.

También es importante aclarar que la ocupación de estos ecosistemas y sus daños manifiestos constituyen delitos ambientales sancionados con cárcel, y que no se requiere adelantar los procedimientos ordinarios de invasión de tierras, porque su destino y uso del suelo ya fue intervenido, y dedicado a la conservación lo que obliga a un desalojo exprés inmediato, porque no se trata de una invasión de tierra en diputa, sino de áreas con un destino establecido por el propio Gobierno Nacional.

Si la propiedad privada del norte del Cauca está seriamente amenazada y libertad de empresa cuestionada ante la expansión territorial indígena permanente, el objetivo primordial en este momento es invadir, destruir, y apropiarse de los espacios territoriales ambientales designados por la nación, por el ordenamiento municipal del territorio lo que constituye una aventura sin pies ni cabeza en contra vía de la institucionalidad, y del querer de la ciudadanía.

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