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La deuda de alumbrado público en Santander: un atropello colonial

El sábado 20 mayo, 2017 a las 9:19 pm

Incontables son las humillaciones sufridas por los municipios caucanos accionistas de Cedelca, después de que esta otrora boyante empresa fue descremada durante décadas por el ‘Frente Nacional’ caucano, que gracias a vínculos familiares y políticos tejieron el entonces liberal Aurelio Iragorri Hormaza y su cuñado, el senador conservador, Ignacio Valencia López, padre de la vociferante senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Recién nació la empresa en 1957, sus fundadores convocaron a los municipios para que se hicieran socios, adquiriendo acciones y aportando la infraestructura eléctrica que con sus esfuerzos locales habían logrado construir.

Así fue como el municipio de Santander de Quilichao, aportó la central generadora de Mondomo, con la condición consignada en escritura pública, de que Cedelca suministrara sin facturarles el servicio de energía a la sede de la Alcaldía y otros inmuebles municipales, el hospital y los centros educativos públicos.

Está empresa también fortaleció sus arcas con un incremento al predial que por años debieron pagar los ciudadanos para fomentar la electrificación de zonas rurales de la mayoría de municipios del Cauca. (Para mayor información leer los informes publicados sobre el tema  por Alfonso Luna Geller, en Proclama del Cauca).

Lo cierto es que al igual que la mayoría de empresas públicas en todo el país, esta empresa fue dominada por políticos que concentraron sus esfuerzos en manejar su nómina, presupuesto y contratos y en el caso del Cauca, el dirigente con mayor influencia fue el ingeniero civil Aurelio Iragorri Hormaza, quien se desempeñó como su gerente, después ofició como director del Instituto de Interconexión Eléctrica Nacional, ICEL, y posteriormente representante a la Cámara y senador hasta hace poco, en representación, primero por el liberalismo y cuando este fue despresado, por el partido de la “U”.

Cuando por la excesiva politización y burocratización de las empresas públicas de servicios, después de décadas de manejo desabrochado, numerosas entraron en crisis, el gobierno nacional, en la ola privatizadora que impulsó desde su gobierno el presidente Gaviria, optó por intervenir a las empresas en dificultades económicas y administrativas y al igual que a Emcali y otras más, Cedelca con la mayoría de acciones del gobierno nacional, fue intervenida durante el gobierno de Uribe, con el nombramiento de Eva María Uribe, delegada del Ministerio de Hacienda, que entró a reemplazar al gerente.

Atendiendo a la ola neoliberal que empezó Gaviria de privatizar la Salud, con la Ley 100, la Educación y los Servicios Públicos, durante el primer gobierno de Uribe, el papel de Eva María fue el de sanear a la empresa financiera y administrativamente liquidando personal de funcionarios y trabajadores para preparar la entrada de operadores privados.

Para lograr esto, los compromisos fundacionales adquiridos por Cedelca con los municipios eran un obstáculo y actuando como un poder colonial, al antiguo estilo romano y español, decidió desconocerlos y armar una tramoya legal y los rabulescos vínculos con el cuestionado sistema judicial colombiano y sus cortes, para aprovechar su posición dominante como gobierno nacional y demandar al municipio de Santander de Quilichao cobrándole el alumbrado público suministrado por años. (Esto me recuerda el cuento de un burro amarrado: el municipio de Santander de Quilichao, con la jauría de tigres: Cedelca, el gobierno nacional y el aparato judicial y sus altas cortes (de franela), abriendo las fauces para devorarlo.)

Lo cierto es que con la intervención de Cedelca por el gobierno nacional, el gobierno de Uribe liquidó obligaciones laborales con sus antiguos empleados y trabajadores, no liquidó a Cedelca, que siguió como propietaria de la mayoría de acciones, y diseñó un modelo en el que la empresa alquila las líneas de transmisión , centrales de control, transformadores, a una firma comercializadora y además propició un cuestionado modelo de contrato sindical, que favorece a los patronos y unos cuantos dirigentes que lo controlan otorgándoles el mantenimiento de las siete microcentrales propiedad de Cedelca, para después ofrecerla al mercado de operadores, saliendo favorecida la actual administradora Compañía Energética de Occidente, CEO, con acciones del grupo AVAL de Carlos Sarmiento Angulo, después de un fallido contrato con otra operadora que la administró e incumplió durante varios meses, antes de ser liquidada y salir demandando a Cedelca por una multimillonaria cifra.

Este atropello jurídico basado en la posición dominante de Cedelca, desdice mucho de que opere el mentado equilibrio de poderes, pues a la legua se ve que con todo el Estado, el mayor accionista, como un elefante se lanzó contra una tortuga, como los municipios del Cauca a los que demandó Cedelca, poniendo en juego su viabilidad administrativa y financiera.

El gobierno nacional como causante del despelote debe asumir su responsabilidad al haber actuado como un imperio apabullando a los municipios para favorecer la privatización de los servicios públicos siguiendo el credo neoliberal que ha regido la economía desde los 90 del siglo pasado.

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