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La culpa no es de las comunidades ni del Gobierno del Cauca

El domingo 26 febrero, 2017 a las 4:08 pm

Por Alfonso J. Luna Geller

Nelson Eduardo Paz Anaya publicó hoy a través de Proclama del Cauca un artículo titulado “Además de sacrificados, culpables” del cual deduzco que tiene toda la razón cuando le rechaza al vicepresidente de la República la sindicación que nos hace a las comunidades y al Gobierno departamental de ser responsables de la no ejecución de las obras doble calzada Popayán-Santander de Quilichao.

Caracol Radio había publicado el pasado 22 de febrero una noticia según la cual “el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, llamó la atención del gobierno del Cauca y las comunidades para no permitir que se pierda una billonaria inversión para la construcción de la doble calzada Popayán – Santander de Quilichao”, insinuando que la responsabilidad en los atrasos es de las comunidades y de la Administración Departamental (1).

Lo anterior, lo adereza con una amenaza: “el contrato de construcción de la doble calzada Popayán – Santander de Quilichao, podría caducar, si no se agilizan las consultas previas con comunidades”. Al respecto, dice Caracol: “El funcionario advirtió que se podría perder esa inversión si no se agiliza el tema de las consultas previas y el otorgamiento de licencias ambientales”.

También, el diario Occidente de Cali, editorializó el 24 de febrero “Otro proyecto en alto riesgo”, siendo más preciso: “Lo que está ocurriendo con el proyecto de la doble calzada entre Santander de Quilichao y Popayán es una muestra más de la ineficiencia del Estado colombiano. Los recursos para esta anhelada y necesaria obra ($1.2 billones) están a punto de perderse, pues el contrato podría caducar debido a que las obras no han podido iniciar por varios requisitos legales”.

Es que en su visita al Cauca la semana pasada, Germán Vargas Lleras pidió a las comunidades y a las autoridades regionales agilizar las consultas y llegar a acuerdos lo más rápido posible para avanzar en la iniciativa que busca mejorar la conectividad en el suroccidente colombiano. Nos preguntamos: ¿quién o qué organismo es el que debe agilizar la construcción de aquella obra impulsando las consultas previas y llegando a acuerdos?

La respuesta la tienen las normas legales y la abundante jurisprudencia que se ha producido sobre estos asuntos. La culpa, en primer lugar, no es de las comunidades, como dice el vicepresidente-candidato, ni de la Administración Departamental, para que regañe o nos coscorroneé en público. Es de él mismo, que representa al Gobierno Nacional, porque el Estado no puede expedir ningún contrato de concesión dentro del territorio de una comunidad indígena o de minorías negras hasta que se realicen los respectivos estudios previos e integrales del impacto ambiental y social. Además, es el concesionario quien debe cumplir un primer paso solicitando la certificación de presencia de comunidades étnicas al Ministerio del Interior (Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior); entonces, es una responsabilidad compartida entre los representantes del concesionario y el Estado, a través de Mininterior.

Es más, las partes o actores en la consulta previa, repito, según las normas y jurisprudencia, son, en su orden:

  • Grupos étnicos y el concesionario
  • Dirección de Consulta Previa (MI) y autoridad ambiental.
  • Los invitados, que son los entes de Control del Estado (Procuraduría, Defensoría y Personería Municipal) y las autoridades de los municipios y departamentos (oficinas de asuntos indígenas y negras).

Invertir el orden o desconocerlo, o es politiquería o es ignorancia, pero el vicepresidente nunca puede ser considerado un aprendiz en estas cuestiones, por eso, no debería culparnos a los caucanos por el atraso, que evidentemente tiene otros orígenes. Todo ha debido surtirse con unos procedimientos previos, que a mí me parece que no se cumplieron; por eso es que no despegan las obras.

Y no se han cumplido a pesar del tiempo: el 14 de diciembre de 2013, hace más de tres años, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, anunció en un artículo central de la revista Dinero: “Listo proyecto de doble calzada en Cauca: Se dio vía libre a la iniciativa vial que tendrá inversiones de $1.2 billones en el trayecto que comprende Popayán – Santander de Quilichao. La obra se entregará en cuatro años”.

Más de un año después del anterior anuncio, en enero de 2015, en una nueva visita al Cauca, Vargas Lleras declaró que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, abrió la licitación para la concesión (3), la cual fue adjudicada en junio de ése mismo año al Consorcio Estructura Plural Hidalgo e Hidalgo (4), y que contempla la construcción de la segunda calzada en un trayecto de 76 kilómetros, más el mejoramiento y rehabilitación de la vía existente, con una inversión de $1,2 billones, más $511.000 millones para el mantenimiento de la vía durante el tiempo que dure la concesión, con un plazo de 4 años, de los cuales, a la fecha ya se ha perdido más de año y medio dejando la actual vía panamericana en un completo abandono, a pesar de que los peajes sí se siguen recaudando muy juiciosamente.

Unos pocos meses después, en agosto de 2015 el vicepresidente Germán Vargas Lleras, en un espectáculo público realizado, primero, en el parque Caldas de Popayán, y un mes después en el parque principal de Santander de Quilichao, suscribió el contrato, y de ñapa ofreció $18 mil millones para avanzar en los estudios y diseños de la vía que conectará a Popayán con el mar Pacífico.

En estas condiciones, no tiene lógica que el vicepresidente venga a Popayán a otro espectáculo público a regañarnos a todos, incluyendo la Administración Departamental, por lo que otros no han podido hacer, cualesquiera sean los motivos, y así justificarles el nuevo atraso. Aquí, al contrario, debiera no solo regañar, sino investigar qué están haciendo con los recursos públicos destinados a esa obra y exigir a los verdaderos responsables el cumplimiento de los compromisos legalmente adquiridos.

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