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Lunes, 20 de mayo de 2019. Última actualización: Hoy

La consulta del 26 no resolverá nada

El miércoles 15 agosto, 2018 a las 11:15 pm
La consulta del 26 no resolverá nada

Imagen de referencia, tomada de: https://www.elespectador.com

La consulta del 26 no resolverá nada

La consulta del 26 no resolverá nada

No voy a votar el domingo 26 la tal consulta anticorrupción. Me parece un ejercicio inocuo, costoso y equivocado, que no ataca las principales causas de la corrupción.

La corrupción no es un azote sociopolítico único, típico, propio o exclusivo, que se pueda acabar con una riesgosa consulta, ni con más normatividad legal, como si pudiera fumigarse y listo.

La corrupción es epidemia, es pandemia, inclusive, endemia, transversal a la vida cotidiana de los colombianos, que carcome perseverante las estructuras sociales locales, avanza por las regionales y se corona en los más encumbrados entornos sociopolíticos nacionales e internacionales. La corrupción, sin engañarnos, es orgánica del sistema administrativo y político de nuestra nación.

Es un axioma, que por evidente y sostenido, no necesita más demostraciones que las que se padecen cotidianamente, y es tan sistémica, e histórica, que hasta el presidente de la República del período 1978-1982 prácticamente la autorizó, pidiendo reducirla a sus “justas proporciones”. Patética muestra de la «cultura política nacional».

Para mantener vigente esas proporciones, simulando combatirla, de cuando en cuando se expiden normas legales, estatutos y se dictan charlas, se hacen foros, se pronuncian floridos discursos, y medio se sanciona a quien se deja pillar. Pero sigue fresca, reinante.

La corrupción está asociada con diferentes factores, no requiere para su consolidación que solo esté conexa con aspectos de orden económico, porque siempre estará vinculada con prácticas culturales, con asuntos administrativos y políticos que parecen “normales”, pero principalmente, con una actitud humana consecuente de una malformación intelectual, es espíritu cívico corrompido, es irresponsabilidad social del individuo, causas que no se eliminan con la fuerza ni con leyes o códigos, porque lo que hace cada individuo es resultado de lo que está en su pensamiento, que es la fuente de sus actos y comportamientos. El hombre es lo que piensa, es lo que le ordena su cerebro.

Lo que está registrado en miles de investigaciones es que son los más aventajados profesionales los que detentan con impúdicas manos los poderes políticos, sociales y económicos y hacen de la corrupción un ejercicio natural de la gestión pública, inclusive, de la privada. El campesino, el pueblerino, el tendero, el taxista, el obrero, o el asalariado no tienen la opción ni la “formación” para ejercer la corrupción de forma tan catastrófica como lo hacen aquellos desde los puestos directivos.

Está tan degradada la formación académica y el funcionamiento cerebral del colombiano que hay que consultarle por plebiscito si quiere la paz. Como ganan los otros, se intensifica entonces la guerra. En eso estamos otra vez hoy. En unos quince días les van a preguntar si quieren o no la corrupción… Deben responder siete veces. El nuevo riesgo es que puede ganar otra vez el no, o la indiferencia. En consecuencia, habrá carta blanca para que se intensifique, inclusive, sin pararle bolas a la violada propuesta de Turbay Ayala.

Me preocupa el daño que puede causar la consulta si no se logra el umbral requerido o se rechazan sus contenidos porque quedaremos ante el mundo, de nuevo, como una nación refractaria a las soluciones, indiferente ante la venalidad y los torcidos. Pero si se aprueba, también es grave, pues su contenido es insuficiente, apenas un paño de agua tibia, y muy seguramente seguiremos en las mismas.

Es pertinente recordar, por ejemplo, una decisión electoral exitosa: el domingo 26 de octubre de 1997, a pesar de la baja popularidad del presidente Samper Pizano, nueve y medio millones de colombianos votaron por el mandato por la paz; abogaba por el fin del conflicto armado, incluyendo frases como “voto por la paz, la vida y libertad” y exigía a los actores “no más guerras, no más atrocidades, no vinculen a menores de 18 años a la guerra, no asesinen, no secuestren a personas, no desaparezcan a personas y no ataquen a la población ni la desplacen por la fuerza”. Su resultado incrementó la barbarie de los paramilitares y los guerrilleros. Proliferaron las masacres y desplazamientos de las autodefensas. Pulularon los secuestros y ataques contra poblaciones de las Farc y el ELN. Lejos de respetar el derecho internacional humanitario, lo violaron con mayor ímpetu y entusiasmo.

Otro ejemplo, en este caso, una decisión electoral fracasada: el Referendo Anticorrupción de octubre de 2003. A pesar de la alta popularidad de la que gozaba el presidente Álvaro Uribe al momento de realizarse, de 25 millones de colombianos, era necesaria la participación de al menos 6,2 millones; fue un fracaso por la alta abstención, que superó el 75 por ciento. De ahí en adelante conocemos cómo se fraguó la más indignante corrupción padecida por este país en los últimos tiempos.

La consulta anticorrupción 2018 es otro juego de palabras, que no combatirá ninguna de las causas o cimientos del problema. Es la obsesión de llegar a la meta sin hacer el camino que a ella nos conduzca. Es otro atajo que no tiene en cuenta experiencias anteriores. Vivimos de atajo en atajo y por eso es soberana la corrupción.

La consulta diagnostica problemas sin desarrollar habilidades para modificar la realidad; por eso es perfectamente inútil, es una pérdida de tiempo y de dinero. No podemos modificar el entorno si no estamos dispuestos a cambiar. Y estar dispuesto es una actitud, una predisposición aprendida, es una formación adquirida, es una suma de creencias y cogniciones, dotada de una carga afectiva, que es la intención. Lo demás que se diga y se haga, si carecemos de actitud, es pura paja.

Entonces, nos quieren volver a hacer creer que los problemas institucionales se resuelven con el atajo de los decretos, las leyes y las constituciones, con ajustes económicos o administrativos, sin entender que la corrupción es el resultado de una cultura y de los procesos de aprendizaje con que nos forman.

En consecuencia, el asunto de fondo es que la corrupción en la vida pública requiere de un abordaje sistémico, integral, estructural, que debe consultar el profuso acervo teórico y las experiencias existentes. Es improcedente reducir el complejo tema a siete aspectos o preguntas puntuales descartando que el exterminio de la corrupción debe ser una tarea colectiva permanente e informada en la construcción de país.

Contrariamente a lavarnos las manos respondiendo una consulta pasajera y riesgosa, los colombianos debiéramos asumir en la próxima década la salvación del país inmerso en corrupción, clientelismo, narcotráfico, en la violación de derechos humanos, en la tragedia ecológica, que son las manifestaciones, o alertas, de que algo está podrido. Pero no son las causas, son las consecuencias. Y para erradicar algo hay que eliminar las raíces, los orígenes, lo que produce el daño, la enfermedad. Nada sacamos con aliviar sólo la fiebre.

Por eso, estimo que el problema de la corrupción, no es de normas, sino de personas. Por lo corriente, son “fallas humanas”, y no “fallas técnicas”, las que ocasionan nuestras grandes tragedias, porque como dice nuestra “cultura”, “hecha la ley, hecha la trampa”. Se trata entonces de crear un capital político flotante que será creciente: un país educado, moderno, de verdad participativo, culto, respetuoso, que se logra con educación, con formación, no con elecciones ni con votaciones necias.

Por eso, repito que al observar los escándalos de corrupción encuentra uno es que sus protagonistas son egresados de prestigiosas instituciones universitarias, hecho que también sitúa a las universidades ante el desafío de brindar una oferta académica innovadora y competitiva que además de formar profesionales en competencias propias de cada disciplina lo haga de manera integral, sobre sólidas bases éticas que logren profesionales más comprometidos con el desarrollo equitativo y sostenible de su entorno.

Sin moral las leyes no pueden subsistir, y ninguna disposición legal se puede llevar a efecto en ausencia de una conciencia moral basada en ciertos principios éticos elementales. Corresponde por tanto, formar al ciudadano en los diferentes escenarios como la familia, la sociedad y la universidad.

Lógicamente que al trabajo pedagógico es necesario combinarle medidas administrativas, penales, disciplinarias, fiscales y el trabajo de organismos especiales de lucha contra la corrupción orientados a una mejor coordinación interestatal a nivel nacional y local, así como una mayor interlocución entre el Estado y la sociedad civil.

Eso se ha intentado pero sobre bases espurias por lo cual los organismos especiales de lucha contra la corrupción han demostrado ser ineficientes e ineficaces. Todo ha ocurrido a pesar de la Auditoría General de la República, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la Nación, y de la Fiscalía General de la Nación. A pesar de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de las contralorías departamentales y las superintendencias, además de una frondosa burocracia que ante su inutilidad procura consultas insulsas como si no existieran: Comisión Nacional para la Moralización, Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, Comisiones Regionales para la Moralización, Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, Consejo Nacional Electoral, entre otros, que no han sido capaces de poner en funcionamiento certero la infinidad de sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con la amenaza de la corrupción, ni leyes como la Ley 80 de 1993, la norma general de contratación estatal del país; Ley 190 de 1995, Ley 678 de 2001, acción de repetición, el Conpes 3645 de 2010, la Ley 1474 de 2011, Ley Anticorrupción; el Decreto Ley Antitrámites (2011), la Ley 970 del 2005, aprobatoria de la Convención contra la Corrupción que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre del 2003.Tampoco la Ley 1712 de 2014, que crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional ni la Ley de Lucha contra el Contrabando (2015) y demás normas como la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana (2015), Ley 1778 de 2016 de anticorrupción transnacional, conocida también como ley antisoborno, Ley 1882 de 2018, el Código Disciplinario del Congreso de la República, la Ley de Protección de Reportantes de Actos de Corrupción o la Ley de Extinción de Dominio.

En esa maraña de normas están todos los objetivos perseguidos por la consulta del 26 de agosto y pueden alcanzarse con su aplicación precisa, responsable y oportuna. Otra herramienta valiosa sería transformar el aparato judicial haciéndolo transparente y eficaz porque la misma justicia también está corrompida. Tampoco han querido hacerlo.

La consulta por ninguna parte aborda situaciones inaceptables que nutren el resto de la escabrosidad, las referidas al funcionamiento de la administración pública municipal que es la escandalosa célula desde donde se proyecta la corrupción hacia escenarios superiores, donde se tipifica la «cultura» de la corrupción.

En fin, prevenir la corrupción y generar procesos para eliminarla es, sin duda, el camino necesario para la constitución de un Estado moderno de derecho y de una economía de mercado eficiente en Colombia, que garanticen los derechos y ofrezcan unos bienes de calidad, para resolver las necesidades de todos sin exclusiones. Se logra es con educación cívica, en valores, con formación ciudadana en Responsabilidad Social Individual, que es la conducta ética del ciudadano para consigo mismo y con su entorno, y que va mucho más allá del cumplimiento de las obligaciones legales porque está relacionada con nuestra actitud en el hogar, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con el ambiente, con el trabajo, con nuestros vecinos y con la sociedad.

Estoy seguro de que ante estos planteamientos debo esperar reacciones de dos clases: por un lado, una actitud de rechazo, que estará acompañada de ironía, porque se considera que es de ingenuos pensar que en el mundo político, tan infectado por la corrupción, se pueda cambiar algo; por otro, una actitud más sensata, más prudente, considerará que esta propuesta es un acto de valor, de desafío, e incluso puede ser vista como una acción temeraria aunque necesaria. Cualquier cosa espero que ocurra.

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Otras publicaciones de este autor: https://www.proclamadelcauca.com/tema/noticias-proclama-del-cauca/editorial-alfonso-j-luna-geller/

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