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La Constitución treintañera (2)

El jueves 15 julio, 2021 a las 9:16 am
La Constitución treintañera 2 - Felipe Solarte

La Constitución treintañera (2).

Por: Felipe Solarte Nates.

Las señas de que el niño de Colombia había crecido hasta volverse adolescente y necesitaba ropa de su talla, pues la de la Constitución del 86 y sucesivos remiendos ya no aguantaban un retazo más, se evidenciaron a partir de la década del 70 del siglo XX, cuando además de la explosión del movimiento estudiantil luchando por cambios en la educación y la sociedad colombiana, crecieron el movimiento campesino e indígena enfrentados por la tierra con los terratenientes del interior del país y la costa atlántica, a la par que sindicatos como la USO, TELECOM, FECODE, ISS y centrales obreras como la CUT, se unían en huelgas a escala nacional, vinculadas con la oleada de Paros Cívicos organizados en centenares de municipios por comunidades cansadas del centralismo asfixiante y exigiendo la prestación de servicios públicos esenciales, principalmente de acueducto y alcantarillado.

El Paro Cívico Nacional en septiembre de 1977, durante el gobierno de López Michelsen, fue el culmen de este proceso de organización y protesta que agitó el debate sobre la necesidad de una reforma constitucional tendiente a modernizar el país y descentralizarlo política, administrativa y financieramente.

A finales de su gobierno López intentó sin éxito, la “Pequeña Constituyente”, para reformar la justicia y reformar el régimen territorial, pero fue declarada inexequible por la Corte. Entonces la bonanza marimbera y del contrabando estaba en apogeo, principalmente en la costa norte y ya se hablaba de dineros calientes mientras los traficantes de cocaína empezaban a escalar el negocio y a cimentar su imperio corruptor y violento influyendo en la economía legal y en la política.

Con el auge de la protesta y movilización de diversos sectores sociales, más el crecimiento del M19, las FARC, el EPL y el ELN, el gobierno de Turbay Ayala (1978-82), además del Estado de Sitio metió la doble del Estatuto de Seguridad, que en la práctica configuró una dictadura militar con fachada civil, a lo Bordaberry en Uruguay, sacando el ejército a las calles y permitiendo que Consejos de Guerra dirigidos por militares juzgaran, condenaran y encarcelaran a civiles por participar en huelgas, manifestaciones, paros cívicos y bloqueos a las vías. Turbay intentó una reforma Constitucional enfocada a la Justicia y el funcionamiento del Congreso, pero fue declarada inexequible por la Corte Suprema.

Mientras el M19 proponía el gran “Diálogo Nacional” para solucionar los problemas socioeconómicos que vivía el país y buscar la paz, cada vez más sectores políticos de derecha e izquierda coincidían en urgentes reformas a la Constitución y las instituciones.

El gobierno de Belisario Betancur, después de amnistiar a centenares de guerrilleros presos, inició negociaciones de paz con las FARC, el EPL, el ADO y el M19 que culminaron en el Acuerdo de la Uribe, que incluyó el cese bilateral del fuego, la suspensión de los secuestros y la creación de la Unión Patriótica, que antes de ser exterminada, en medio de la violencia también atizada por el narcotráfico y los paramilitares, participó en elecciones para corporaciones públicas eligiendo 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 20 diputados y 353 concejales.

Antes de dialogar el ELN exigió la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Para complementar el proceso de paz, buscando hacer presencia con obras y programas de beneficio comunitario en zonas apartadas donde el Estado no llegaba y la guerrilla se movía, el gobierno Betancur creó el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR. El Acto Legislativo 1 de 1986, promulgado por Belisario Betancur, fue la última enmienda que tuvo la Constitución de 1886. También aprobó la elección popular de alcaldes y gobernadores.

Por falta de apoyo político el proceso de paz con las FARC fue interrumpido, pero continuó con el EPL, el Quintín Lame y el M19 y se prolongó durante el gobierno de Barco, que como primera medida práctica para impulsar la descentralización, además de continuar y reforzar la presencia del PNR, propuso una reforma constitucional como prolongación del Gran Diálogo Nacional y como un pacto por la democracia y la paz, exigido por la ciudadanía después que el narcotráfico, los paramilitares y la derecha radical promovieron atentados terroristas indiscriminados y los asesinatos de magistrados, jueces, periodistas, ministros y los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.

Cuando estaba a tiro de aprobación el gobierno de Barco retiró la reforma Constitucional después que por influencia de capos del narcotráfico le colgaron un mico prohibiendo la extradición a los Estados Unidos.

Ante el fracaso de este intento quedó expedito el camino a la séptima papeleta en las elecciones de marzo de 1990, impulsada por jóvenes universitarios que abrieron las puertas a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

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En contexto: https://www.proclamadelcauca.com/antecedentes-de-la-constitucion-treintanera-1/

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