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“La concertación entre los diferentes actores rurales, única forma posible de proceder frente al conflicto actual”: Representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla Soto

El jueves 5 marzo, 2015 a las 11:50 am
Comunidades Indigenas del Cauca

Comunidades Indigenas del Cauca – Representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla Soto

El derecho a la protesta no es un derecho más, es uno de especial relevancia dentro de cualquier ordenamiento constitucional: se trata de un derecho que nos ayuda a mantener vivos los restantes derechos individuales y colectivos. Sin embargo, su empoderamiento por parte de las comunidades indígenas del norte del Cauca, en los últimos días, para impulsar cambios positivos de las situaciones en que viven, provocó un evidente conflicto con los derechos de otros sectores sociales como el derecho a la propiedad privada, a la paz social y al orden; el derecho al libre tránsito, a los servicios públicos, el acceso al agua potable y al saneamiento, que es otro derecho esencial para llevar una vida digna y de respeto por los derechos humanos, circunstancia que desencadenó un justificado desconcierto, angustia y la ausencia de la solidaridad con las luchas de la comunidad indígena que en otras ocasiones había aglutinado a todos los sectores que cohabitan en el norte del Cauca, en un solo clamor consecuente con las ilusiones cotidianas de construir entre todos el mejor futuro colectivo.

Frente a esas situaciones de conflicto entre los derechos de unos y de otros, todos nortecaucanos, no queda más que seguir razonando; necesitamos, sin duda, hacer el máximo esfuerzo por acomodar todos los derechos en tensión entre sí, para garantizar, tanto el debido trámite a las exigencias de las comunidades indígenas como el respeto eficaz de las garantías de estabilidad socioeconómica y ambiental que tienen los demás sectores que integran la jurisdicción de 13 municipios involucrados: afrocolombianos, mestizos, y la de todos los seres humanos y vivientes que comparten esta territorialidad.

Por lo anterior, repito, esta es una oportunidad para la reflexión, para el diálogo fructífero, para ejercer el derecho a la manifestación pacífica, a la acción cívica para la exigencia y la defensa de derechos de las comunidades indígenas, que si bien son altamente sensibles a reacciones de gobierno y a políticas de Estado, no deben ser incompatibles con el ejercicio de los derechos humanos de los otros sectores sociales. Es una oportunidad para poner en evidencia el grado de respeto que tienen aquellos dirigentes indígenas que exigen reparación colectiva e individual por tantos años de persecución, resistencia y tragedia, pero también de responsabilidad para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del derecho a la protesta en contra de los otros ciudadanos, que confiados, sueñan también el futuro desde la misma comarca compartida, en el marco de una sociedad libre y democrática.

Por otra parte, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas deliberadas, concretas y selectivas para promover, mantener y fortalecer el pluralismo, la tolerancia y una actitud abierta con respecto a la disensión en la sociedad, y debe respetar y proteger por igual a los que expresan opiniones divergentes, impopulares o disidentes como lo hacen con aquellos que están a favor del gobierno. Por ello, ante los hechos violentos ocurridos en las últimas horas en Corinto, que dejaron varios indígenas heridos, algunos con arma de fuego, y también varios heridos de la fuerza pública, estoy obligado a llamar a la calma y saludo la decisión de reanudar el diálogo entre autoridades del Gobierno y autoridades indígenas Nasa, rechazando igualmente, las amenazas a los cabildos indígenas del norte del Cauca, a la ACIN, al CRIC y a la ONIC, a líderes y a colaboradores de estas organizaciones a quienes unos desconocidos, que se asimilan a paramilitares, han declarado objetivo militar en distintos panfletos que han aparecido en la zona desde finales del año pasado y que en horas de la mañana del día sábado 28 de febrero distribuyeron por diferentes lugares de la región.

Por último, debo manifestar que una vez restablecida la confianza entre los procesos sociales y el gobierno nacional, debería pensarse en la implementación de metodologías de diálogo interétnico e intercultural para llegar a puntos de acuerdo permanente con respecto a las expectativas sociales y económicas evidenciadas en las actuales confrontaciones, para garantizar la integridad cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la mayoría de los cuales habitan en el norte del Cauca y conviven con población campesina y mestiza, comunidades rurales éstas, que se han caracterizado por una exclusión histórica respecto a otros grupos sociales, y que en este sentido, no han tenido las mismas oportunidades, como consecuencia de situaciones que los desvincularon del control de sus territorios y los sometieron a condiciones de pobreza.

Conocida esta problemática, la concertación entre los diferentes actores rurales se perfila como única forma posible de proceder frente a las aspiraciones territoriales de los distintos grupos, con el fin de evitar conflictos interétnicos e interculturales por la tierra y el gobierno territorial, donde el Estado tiene un rol fundamental pues debe garantizar los derechos de los diferentes sectores y promover la convivencia pacífica en los territorios.

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