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Miércoles, 22 de mayo de 2019. Última actualización: Hoy

JUSTICIA INJUSTA

El lunes 4 marzo, 2019 a las 2:44 pm

JUSTICIA INJUSTA

JUSTICIA INJUSTA

Ante los últimos escándalos de corrupción judicial recordé, a propósito, las clases de mi profesor en la Maestría de Derecho, Diego Eduardo López Medina, autor de la obra “El derecho de los jueces”.

Su doctorado en Harvard lo dotó de la más sólida preparación dentro del common law y en los principios rectores del precedente judicial, para estudiar la dictadura de los jueces al asumir el papel de legisladores pasivos en el ámbito jurídico colombiano.

En los últimos años, la Justicia es la rama del poder público en que menos confían los colombianos, con solo un 20 por ciento de aprobación. En el 2017 obtuvo una de las peores calificaciones en el Índice de Transparencia Nacional (61,7), con 7 puntos menos que el promedio de otras instituciones públicas.

En Colombia, los abogados mal interpretamos el derecho legislado y tenemos serias dificultades cuando intentamos manejar técnicamente el derecho jurisprudencial, obstáculo de alto riesgo cuando se hace lobby en las altas esferas jurídicas por personajes sombríos de la mafia que con negocios turbios compran conciencias, afectando de manera letal el «derecho de los jueces«.

La crisis  hizo metástasis, permeó hasta la JEP con el soborno a un fiscal muy reconocido en nuestra comarca, pues aspiró a la Alcaldía, lo cual no es de extrañar, pues la congestión, la corrupción, la impunidad y la inseguridad jurídica hacen que la delincuencia de cuello blanco y los altos niveles de corrupción campeen impunemente desbordando la confianza pública y siendo cínicamente condescendiente y garantista con los corruptos que se burlan de la justicia y siguen delinquiendo sin reato de conciencia ni pudor alguno.

Colombia es un país de procesos eternos y sentencias inanes que sólo sirven para enmarcarlas pues soportan dilaciones injustificadas donde los condenados se ‘fictician’ y los expedientes se  arruman en anaqueles de varios metros de altura, atiborrados de polvo y telarañas después de años de olvido. Un proceso administrativo puede durar más de 15 años o un inmueble en litigio puede pasar por muchas manos con justo título y buena fe. En Colombia la gente prefiere no acudir a la justicia o lograrla con su propia mano o de manera excepcional a través de centros de conciliación o arbitramento por su reiterada inoperancia.

El fiscal Martínez no ha logrado desatascar las cañerías de la Fiscalía, que convirtieron el sistema acusatorio en el ‘sistema burlatorio’, donde además de reírse de la Ley, se ofrece una dilación garantizada, tal cual lo hacía el cártel de los togados que impusieron el código del dinero, entretejiendo redes de tráfico de influencias, integradas por investigadores, jueces de garantías, magistrados de tribunales y atención de cinco estrellas en la cárcel si algo salía mal, con el apoyo de altos funcionarios del INPEC, muchos de ellos ya judicializados y destituidos.

Es necesaria la grandeza de nuestros jueces, para que impulsen una reforma que garantice la efectividad procesal para que la Justicia cumpla con sus cometidos. Los procesos orales en manos del derecho de los jueces son una  herramienta siniestra si se deja a cargo de funcionarios sin principios morales y éticos, pues la falla en el servicio en la Administración de Justicia, será la válvula de escape de los corruptos.

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