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JEP inicia segunda fase sobre norte del Cauca y el sur del Valle

El jueves 19 noviembre, 2020 a las 2:46 pm

JEP inicia segunda fase sobre norte del Cauca y el sur del Valle: llama a versión voluntaria a 25 comparecientes en el Caso 05. Este segundo llamado fortalecerá la etapa de investigación con enfoque étnico, racial y territorial.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP llamó a versión voluntaria a otros 18 ex miembros de las FARC – EP y a siete más de la fuerza pública dentro del Caso 05, que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y sur del Valle.

Con estos 25 nuevos llamados comienza la segunda fase del caso. Ya se han vinculado 64 comparecientes por graves violaciones a los Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada en el norte del Cauca y Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria en el sur del Valle del Cauca.

En la primera fase de la investigación se realizaron las versiones voluntarias de 26 ex miembros de las FARC, en las cuales participaron representantes de las víctimas, de los comparecientes, del Ministerio Público y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

En estas diligencias se ha implementado una estrategia de participación mixta y masiva de las víctimas. En primer lugar, con la participación en salas espejos y representantes de las víctimas en audiencias antes de la pandemia y, en segundo lugar, a través de la organización de 11 puntos de conexión virtual ubicados en resguardos indígenas y sedes de organizaciones afrodescendientes en los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Toribío, Morales, Caldono, Popayán, Florida, Pradera y Cali, lo cual ha dado lugar a una mayor agilidad en los procedimientos.

En cada diligencia participan al menos 100 víctimas, que no solamente pueden escuchar la versión voluntaria, sino también intervenir a través de sus abogados con preguntas y comentarios sobre lo dicho por los comparecientes. Este tipo de participación, donde se genera un momento dialógico, contribuye a la protección de los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

En el Caso 05 se han acreditado más de 160.000 víctimas, que hacen parte de 46 resguardos y cabildos indígenas, 60 consejos comunitarios afrodescendientes y 5 organizaciones sociales, así como decenas de víctimas individuales. Con miras a garantizar sus derechos, la presencia y participación de las víctimas en las próximas versiones voluntarias seguirá siendo la prioridad de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Entre los sujetos colectivos acreditados se encuentra el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, la Asociación de Cabildos Indígenas el gran territorio de Águila UH WALA VXIC, la Asociación de Cabildos Indígenas Ukawesx Nasa Cxhab, la Asociación de Autoridades Territoriales de los Reasentamientos del Cauca Nasa Uss, la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca, ACONC, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del norte del Cauca, ASOM, y el Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca y Micro Cuenca de los Ríos Teta y Mazamorrero.

El co-relator del caso, magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, expresó: “El caso 05 atiende las necesidades de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los pueblos indígenas, comunidades afros y campesinas. Este segundo llamado a versiones voluntarias fortalecerá la etapa de investigación con enfoque étnico, racial y territorial. Se espera ir ascendiendo, poco a poco, en la cadena de mando».

El Caso 05

En noviembre del año 2018, el Tribunal Especial de Paz y la Justicia Especial para la Paz (JEP), que es un instrumento surgido como resultado de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC firmados en noviembre del año 2016, decidió abrir el Caso 005, sobre crímenes de Farc y Fuerza Pública al Norte del Cauca.

De acuerdo con los documentos, así como en el norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca fue el centro de las acciones del Bloque Occidental de la extinta guerrilla de las Farc. Allí se conforma un corredor que conectaba Marquetalia (Tolima) y Uribe (Meta) con el occidente del país, lo que convirtió a esta zona en un área de disputa territorial permanente.

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), las comunidades fueron perjudicadas por los continuos enfrentamientos entre la guerrilla, la Tercera División del Ejército Nacional y grupos paramilitares, que generaron un constante hostigamiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

La priorización de este caso se dio a partir de los informes presentados por la Fiscalía General de la Nación, la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Centro Nacional de Memoria Histórica. En esos documentos, la Sala de Reconocimiento identificó al norte del Cauca y sur del Valle como la zona con mayor cantidad de tomas y ataques guerrilleros, la tercera región en el país con mayor reclutamiento de niños, como una de las cinco subregiones con mayor número de casos de desaparición forzada, que ha reportado la mayor cantidad de presuntos responsables agentes del Estado de violencia sexual, que se trata de uno de los territorios con mayor cantidad de minas antipersonal sembradas y que es una de las zonas con mayor deforestación para sembrar coca, además de hechos graves como desplazamiento forzado, secuestros, tortura, muertes producto del conflicto armado, confinamiento, ataques a la población civil y amenazas, por parte de integrantes de las FARC-EP y de miembros de la fuerza pública entre el 1º de enero de 1993 y el 1º de diciembre de 2016.

En estas circunstancias, la JEP como herramienta de justicia transicional o restaurativa con el objetivo de contribuir a la superación del conflicto armado y la construcción de la paz mediante procedimientos alternativos a los de la justicia ordinaria, busca el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado mediante la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Se trata de un modelo de justicia cuyo propósito es reparar a las víctimas, más que aplicar una norma de castigo punitivo mediante la detención intramural.

En el caso No. 005 se aplicó el enfoque territorial y étnico-racial consagrado en el acuerdo final como una de las estrategias para lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y sus posibles causas y efectos,

Corte Penal Internacional «seguirá de cerca» este caso

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo hace unos meses en un informe que «seguirá de cerca» los procedimientos individuales que surjan de los macrocasos relativos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia.

Más allá de la advertencia, la Fiscalía expresó su «apoyo continuado a los esfuerzos de las autoridades para asegurar justicia a las víctimas» del conflicto armado entre los grupos guerrilleros, paramilitares y las fuerzas de seguridad colombianas.

El examen preliminar a Colombia fue abierto en 2004 y, para que se cierre, las autoridades tendrán que cumplir varios criterios, como la «ausencia de lagunas manifiestas en el alcance de los procedimientos» y «la imposición de sanciones penales efectivas» a los condenados, se dice en el informe.

Jurisdicción Especial Indígena

La investigación de crímenes cometidos contra la población exige la necesidad de entender las características diferenciadas que señalan las comunidades para el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido durante el conflicto.

La JEP ha emprendido acciones con otras jurisdicciones como la Jurisdicción Especial Indígena que permiten entender la justicia transicional como un mecanismo dialéctico, que se construye sin desatender la vocación de juzgamiento y establecimiento de la verdad por parte de los comparecientes y la realidad vivida por las comunidades, los territorios y sus autoridades tradicionales.

Disposiciones como los artículos 3 y el 45 del Decreto Ley 4633 de 2011, que regulan el reconocimiento del territorio como víctima y la atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales de las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, impulsan la acreditación de los territorios y la naturaleza como sujetos y víctimas del conflicto.

Las investigaciones territoriales adelantadas por la JEP incluyen los daños socioambientales y territoriales en los municipios priorizados. Este hecho reconoce la vulnerabilidad de las relaciones humano-naturaleza que fueron destruidas sistemáticamente por las actividades de la minería ilegal y criminal, la deforestación, la dispersión aérea de glifosato, entre otros.

Las investigaciones dan contexto sobre la propiedad de la tierra como un factor en la causalidad de los hechos de violencia contra campesinos, comunidades negras, indígenas y sindicales. En otras palabras, se trata de abordar las relaciones entre los distintos actores armados, los patrones de macrocriminalidad, los elementos contextuales de los hechos graves y representativos, las causas y las afectaciones, así como las dinámicas territoriales y temporales en las que el conflicto armado interno se desarrolló, se transformó y persiste.

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