Desde noviembre de 2018 la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el Caso 005 y priorizó la grave situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios nombrados, producto de la confrontación armada.

La sala decidió priorizar esta situación debido a que el departamento del Cauca es especialmente representativo frente al conflicto armado, ya que en él han confluido todos los actores armados que han cometido violaciones representativas a los derechos humanos y que afectaron a grupos sociales, especialmente vulnerables (pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas).

El norte del Cauca fue el centro de las acciones del Bloque Occidental o Bloque Alfonso Cano de las Farc-EP y se replegaron numerosos frentes que buscaban aprovechar sus características geoestratégicas para ocultarse de la fuerza pública, lo cual afectó gravemente a la población en general.

Se identificaron conductas especialmente graves, como detenciones irregulares, tortura, violencia sexual, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente.

En el norte del departamento del Cauca también se presentó el desplazamiento forzado de más de 100 mil personas según el Registro Único de Víctimas a 31 de diciembre de 2014. Asimismo, en el período 2000 – 2013, en la zona conformada por el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, se presentaron 7.582 muertes producto del conflicto armado y en municipios como Santander de Quilichao y Corinto, en 2001, la tasa de homicidios fue de 100 muertes por cada 100 mil habitantes.

Dos oficiales devolvieron medallas que obtuvieron por operaciones de ‘falsos positivos’

Como parte de los procesos reparadores hacia las víctimas, el pasado lunes 5 de junio, en la Universidad Santiago de Cali, se realizó un acto restaurativo que presidió el magistrado Raúl Sánchez, relator del Macrocaso 05, quien investiga crímenes cometidos por las Farc-EP e integrantes de la Fuerza Pública en el norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca.

El evento consistió en la devolución de las condecoraciones que el coronel (r) Jorge Enrique Florián, excomandante del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Valle, hasta hace poco era agregado militar en Rusia, y del mayor (r) Mauricio Ordóñez Galindo, habían recibido como reconocimiento a sus acciones que, posteriormente, fueron calificadas por la Sala de Reconocimiento como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, antiguamente conocidos como ‘falsos positivos‘.

En la diligencia judicial participaron los representantes y familiares de las víctimas de las operaciones ilegales del Gaula Valle, entre 2006 y 2007, quienes pidieron que los nombres de sus seres queridos quedaran limpios de las acusaciones a las que fueron sometidos hace más de 10 años.

¿Apuntan las decisiones de la JEP a la impunidad?

Las decisiones de la JEP sobre reconocimiento de verdad y responsabilidad por los autores de crímenes de lesa humanidad, han sido objeto de críticas por partes de algunos sectores políticos. Por esta razón, Proclama del Cauca y Valle aprovechó el diálogo con el magistrado Raúl Sánchez para aclarar este asunto.

En definitiva, dijo que hay sanciones que tienen una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad, y sanciones ordinarias están destinadas a quienes no reconozcan verdad y responsabilidad y deberán ser cumplidas bajo el régimen ordinario con privación de la libertad por mínimo quince años y máximo veinte.

Concluye que la JEP cumple con sus funciones constitucionales a pesar de los desafíos que afronta, y sus decisiones giran en torno a los derechos de las víctimas. El siguiente fue el diálogo con el magistrado Sánchez:

Rosalba Castillo Viveros, activista de comunidades negras raizales y palenqueras del sur del Valle del Cauca. La abogada, directora de AFROAMERICA XXI Capítulo Colombia, defensora de los derechos de las comunidades afrocolombianas, es licenciada en Ciencias Sociales, con maestría en Educación para Adultos y directiva docente, con algunas críticas, agradeció la gestión de la JEP:

Rossana Mejía Caicedo, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca:

Carlos Guillermo Castro Cuenca, magistrado auxiliar: Al considerar que el compromiso de la JEP con las comunidades étnicas no solo busca decisiones jurídicas, aseguró que tambien gestiona transformaciones sociales en los territorios. En su intervención precisó como factores clave que la JEP tendrá en cuenta para lograr resultados eficaces: 1. La reivindicación del Territorio (como causa principal de la crudeza del conflicto). 2. El reconocimiento y fortalecimiento de la autonomía de los pueblos, y 3. El reconocimiento de la Justicia Propia como aspecto definitivo para el orden social de los pueblos afros. Esta fue su intervención: