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Domingo, 7 de marzo de 2021. Última actualización: Hoy

Indignación en Guachené por declaraciones de un abogado contra sus dirigentes

El viernes 8 mayo, 2020 a las 3:53 pm
Indignación en Guachené por declaraciones de un abogado contra sus dirigentes

Indignación en Guachené por declaraciones del abogado César Negret Mosquera a la radio en Popayán, en las que calificó a la Administración Municipal como una “empresa criminal”.

El pasado miércoles 6 de mayo, el abogado César Laureano Negret Mosquera, en su calidad de apoderado judicial del grupo empresarial Familia del Pacífico, y filial de Productos Familia S.A., decidió sacar de los estrados judiciales y trasladar a la radio de Popayán, una controversia jurídica que sostiene con el Municipio de Guachené, norte del Cauca, entidad que le cobra a dicha empresa recaudos oficiales no girados oportunamente a la Administración Municipal, hecho calificado por los asesores jurídicos como una apropiación indebida de recursos públicos por parte de la entidad privada.

La indignación popular se provocó cuando el exgobernador y ex representante caucano dijo que el exalcalde Oliver Carabalí Banguero, la tesorera municipal, Mar Yury Banguero Chará y el actual alcalde, Elmer Abonía Rodríguez, conformaban una “banda criminal”, por haberse atrevido a ejercer la facultad coactiva en contra de la multinacional que Negret Mosquera representa.

Abogado César Laureano Negret Mosquera.

La sindicación de criminales que hizo Negret Mosquera a los servidores públicos, telefónicamente, a través de los micrófonos radiales, excitó la opinión pública del municipio nortecaucano adonde Proclama del Cauca y Valle se desplazó para conocer las exposiciones que harían los dirigentes afectados por la sindicación y la de algunos líderes de este municipio que deseaban equilibrar la información, porque según expresaron a la red de medios de comunicación Proclama, la emisora Mil 40, de Popayán, fue utilizada tendenciosamente para dar a conocer únicamente la versión del representante de la multinacional, desconociendo, en un reprochable manejo de la ética periodística, la otra parte de la información y copartícipe de la controversia jurídica.

“Hay una empresa criminal en la Alcaldía de Guachené”, fue la “defensa” pública que hizo Negret Mosquera de su cliente, el Grupo Familia, y agregó que “es una actitud criminal el ejercer en forma abusiva la jurisdicción coactiva”.

Estas expresiones las pronunció al justificar que la Contraloría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones, decretó la intervención funcional excepcional a la gestión de cobro y recaudo por jurisdicción coactiva del municipio de Guachené.

Indignación en Guachené por declaraciones de un abogado contra sus dirigentes

Para el necesario equilibrio informativo y con el fin de dar a conocer las dos caras del reportaje, este medio estuvo en Guachené: “Mire, señor periodista, en la opinión pública de Popayán quedaron nuestros dirigentes nortecaucanos afros como unos corruptos que actúan de mala fe y no como los representantes legales de una comunidad de más de 20.000 habitantes que esperamos que se realicen las inversiones sociales con los recaudos de los impuestos que deben hacer legalmente todos los contribuyentes. Y mire, cobrar impuestos es la obligación de ellos, para eso los elegimos, y por cumplir con sus deberes no los pueden calificar de delincuentes impunemente. Aquí estamos p’a las que sean: este señor Negret Mosquera no puede actuar como juez y parte, y como es un contrasentido, vamos a iniciar las acciones populares que esto amerita y la defensa jurídica de la institucionalidad, gravemente lesionada por aquel abogado que todavía cree que existe la casta de los esclavistas y que él es su abanderado”, expresó, visiblemente enojado, uno de los ciudadanos que esperaban a los periodistas.

La controversia jurídica

El 26 de enero de 2018, la Tesorería Municipal de Guachené, luego de agotar la vía gubernativa, expidió la resolución 05 por medio de la cual decretó medida cautelar de embargo a las cuentas corrientes de la empresa Familia del Pacífico S.A.S. por valor de 42.000 millones de pesos por no haber pagado las retenciones al impuesto de Industria y Comercio (ReteICA) practicadas por Familia a terceros entre los años 2012 y 2017, que según liquidaciones con sanciones y los intereses moratorios respectivos, ascendía a $28.895’773.000.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Cauca decretó la nulidad de las resoluciones que determinaron esos impuestos, restricciones e intereses, y la Administración Municipal apeló la decisión ante la segunda instancia, motivo por el cual el proceso se encuentra pendiente de fallo en el Consejo de Estado.

Además de este proceso administrativo, Proclama del Cauca y Valle supo que la defensa judicial de Familia del Pacífico, interpuso denuncias penales y quejas disciplinarias en contra del alcalde y tesorera municipal, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos y abuso de autoridad, que se encuentran en curso ante las autoridades correspondientes.

Indignación en Guachené por declaraciones de un abogado contra sus dirigentes

En lo que hace referencia a la intervención funcional excepcional a la gestión de cobro y recaudo por jurisdicción coactiva del municipio de Guachené por parte de la Contraloría General de la Nación, es un asunto que no tiene relación directa con el cobro jurídico al Grupo Familia, sino con el contrato de prestación de servicios firmado con el abogado Jorge Santos Acosta, cuyo objeto es “prestar al municipio de Guachené, los servicios de asesoría profesional para el cobro y recaudo del tributo de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros a las empresas industriales…”.

En este sentido, explicó uno de los abogados de la Administración de Guachené, se trata de presionar y utilizar a la entidad de control para que intervenga como parte en el proceso de jurisdicción coactiva adelantado contra Familia, porque se le argumenta a la entidad de control fiscal que “dicho contrato constituye presuntamente la violación de una prohibición expresa de no contratar el recaudo de los impuestos municipales a un particular…”, lo cual es evidentemente un desvío del objeto real, que no es recaudar impuestos municipales por un particular, sino “prestar los servicios de asesoría profesional para el cobro y recaudo…” que es algo totalmente distinto, y legal.

Sin embargo, aclaró el profesional, “la Contraloría está en su deber intervenir directamente en los asuntos fiscales del Municipio, y acatamos la decisión, igual que las que de Procuraduría y Fiscalía, que siempre deberán estar sujetas a Derecho y no a la presunta manipulación de los funcionarios por parte de quien defiende los intereses de la multinacional. Seguiremos atentos.”

Juan Carlos Calderón España

Juan Carlos Calderón España

ND (A.J.L.G., director red de medios de comunicación Proclama del Cauca y Valle): En el montaje radial que pidió el abogado Negret Mosquera, desde Bogotá para Popayán, con el fin de hacer visible su gestión como defensor de la multinacional, en la llamada telefónica se hizo acompañar de un supuesto comunicador social, el señor Juan Carlos Calderón España, quien es reconocido porque al parecer es un negociante ante instancias judiciales y de control (legalmente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá con el nombre jurídico Veeduría Nacional “Recursos Sagrados”) en las cuales actúa en representación de alguien que necesite tramitar todo tipo de recursos en los departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca, entre otros.

Calderón España es de Garzón, Huila, especializado en gestionar conexiones políticas para producir efectos judiciales. Por ejemplo, fue uno de los tres demandantes que logró que el Consejo de Estado anulara la curul de la representante Ángela María Robledo, por doble militancia, y quien había llegado al Congreso por un derecho adquirido al ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Claro que esta decisión luego se frustró tras una tutela que le devolvió el escaño.

También ha liderado varios procesos para quitarle los contratos públicos a la familia Solarte, o las curules a los congresistas de Cambio Radical Jorge Rozo y Germán Varón, o los liberales Flora Perdomo y Horacio José Serpa. En 2017 tumbó la elección de la diputada de Cambio Radical, Amparo Hernández, de Cundinamarca, por doble militancia. Además, buscó que en las elecciones pasadas el Consejo Nacional Electoral anulara las candidaturas de Viviane Morales a la Presidencia, o la de Mateo Trujillo de la Alianza Verde a la Cámara del Huila.

Calderón también ha sido contratista de la Federación Nacional de Departamentos, donde firmó un contrato para hacer posicionar la imagen de esa entidad por medio de free press, es decir, contactando medios de comunicación para que publiquen información sobre los programas sociales de la FND sin que ésta tenga que pagar por eso.

Calderón España tiene conexión privada con el contralor general Felipe Córdoba y sus asesores, y no solo se dedica a demandar a políticos, sino a defenderlos, según la necesidad del cliente, como ocurre ahora con el señor Negret Mosquera, quien lo puso para que actúe en el Cauca, concretamente en Guachené, en contra de la institucional local, en favor de la multinacional Familia del Pacífico.

La particular amistad de Calderón España con el contralor Córdoba nació cuando, en noviembre de 2018, el abogado Wilton Palacios demandó ante el Consejo de Estado la elección del contralor general Felipe Córdoba porque planteó que la convocatoria que se hizo y terminó con su elección en el Congreso estuvo viciada por falta de publicidad y porque supuestamente hizo mal la evaluación de las hojas de vida que se presentaron.

En defensa de Córdoba apareció Juan Carlos Calderón España en representación de Recursos Sagrados para pedirle a los magistrados de la Sala Quinta abstenerse de anular la elección porque en su criterio la convocatoria estuvo apegada a la Ley.

Logró blindar la elección del Contralor porque la demanda pasó por el despacho del magistrado Carlos Moreno Rubio (el mismo que tumbó a Robledo), y falló en su favor.

Juan Carlos Calderón España
Imágenes tomadas de: https://bit.ly/3fsJEfr

En contraprestación, Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República, le escribió el prólogo a un libro que publicó Calderón titulado El Veedor, escrito en el que destaca su rol de veedor nacional, asunto que mucho le sirvió para promover sus ventas. Como consecuencia, Calderón España montó otro negocio: capacitaciones, charlas, conferencias, sobre inhabilidades e incompatibilidades que les vende a precandidatos en campaña y toda clase de temas que interesan a la clase política.

Algún medio de comunicación publicó sobre los negocios de Calderón, el asesor de Negret: “Allá se lo pasa metido llevándole información al contralor, denuncias de contratos, de supuestos manejos y esas cosas que maneja la Veeduría. Y el contralor lo escucha y lo atiende”.

Hay muchas más cosas que estudiar sobre las actividades y escándalos en que se ha visto involucrado el supuesto periodista Calderón España, y que pudiéramos analizar más tarde; por ahora, les presento la resolución “Por medio de la cual se decreta la intervención funcional excepcional a la gestión de cobro y recaudo por jurisdicción coactiva del municipio de Guachené-Cauca- firmada por Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor General de la República, en respuesta a la petición de su amigo Calderón España:

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