Por: Leandro Felipe Solarte Nates

Quienes de niños, en poblaciones como Santander de Quilichao, conocimos la situación de indígenas paeces a inicios de los años 60, cuando eran terrajeros de las antiguas tierras de sus resguardos, eran pagados con hojas de coca para mambear, ropas viejas y uno que otro centavo y sus hijas e hijos trabajaban de sirvientes y mandaderos en las casas de los ‘terratenientes’, a donde eran enviados para que aprendieran a hablar español, se ‘civilizaran’ y de paso las violaran; sin duda, las condiciones de vida han mejorado desde que se agruparon e iniciaron la recuperación de tierras, su lengua y cultura.

Estimulados por el apoyo a la organización campesina e indígena que impulsó desde 1966 el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, cuando intentó revivir la Reforma Agraria que no pudo concretar López Pumarejo, en 1936, en las montañas del Cauca se desencadenó una oleada de ‘invasiones’ de tierras que según títulos otorgados por los españoles y conservados por ancianos nasas, pertenecían a sus antiguos resguardos, antes de que como trofeo de guerra se las repartieran los próceres de la Independencia y soldados de la cosecha de guerras civiles posterior a ella.

El fenómeno se extendió por la cordillera central, desde Toribio, Corinto, Miranda, Caloto, Santander de Quilichao, Caldono, Silvia (los guambianos), Totoró, Puracé, Inzá y Belalcázar, generando numerosos enfrentamientos con la fuerza pública enviada para desalojarlos, con saldo de numerosos indígenas muertos y heridos y el posterior asesinato de sus dirigentes, por ‘pájaros’ sobrantes de la ‘primera violencia’, al servicio de los finqueros que luchaban por conservar sus propiedades heredadas o compradas; mientras los indígenas, con el apoyo de funcionarios del gobierno, intelectuales y ONG nacionales y extranjeras fortalecían su organización y en 1971, fundaron el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

Ante la oleada de ocupación de fincas, el gobierno inicialmente ordenó desalojos ejecutados por la fuerza pública con saldo de numerosos muertos y heridos; pero posteriormente cambió de política ordenando al Incora tratar de convencer a los finqueros para que les vendieran las tierras y entregárselas a los indígenas. Esta ha sido la política aplicada hasta ahora: los indígenas ocupan de hecho nuevas tierras, como sucede en la hacienda La Emperatriz, de Caloto, mencionada en el informe de Séptimo Día, para presionar a sus propietarios a vendérsela al Incoder y este se las asigne a los cabildos. El problema es que la propietaria no quiere venderla y la alquiló a un ingenio azucarero para que la siembre de caña, lo que es un reto, pues se meten con los intereses del gran capital industrial del país, y si el gobierno cede, los indígenas buscarán ampliar su expansión a la parte plana del Valle del Cauca.

Durante los años 80, el asesinato, por parte de paramilitares, del sacerdote católico Álvaro Ulcué, del abogado del CRIC y profesor de Historia en el Instécnico, de Quilichao, Oscar López, y de numerosos dirigentes de cabildos, entre otros, desencadenó la creación del grupo armado de autodefensa indígena  “Manuel Quintín Lame”, que operó en el Cauca y Tolima, hasta que se desmovilizó en 1991, en el mismo proceso que incluyó al M-19.

Durante el gobierno de Uribe se promovió la creación de la OPIC, como organización indígena independiente y crítica del CRIC y con influencia religiosa.

Con la participación de representantes indígenas en la Constituyente de 1991 y apertura de cupos para sus dirigentes en el Congreso, se dio vía a la creación de su organización política, que inicialmente fue la Alianza Social Indígena, dirigida por Nasas, como Jesús Piñacué, las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, liderada por guambianos como Lorenzo Muelas, y después de divergencias internas en la ASI, en la actualidad reducida a la Alianza Social Independiente, que orienta el senador Marcos Avirama crearon el Mais. Es de resaltar que durante años de existencia todas estas organizaciones han otorgado avales no sólo a sus candidatos a corporaciones públicas en municipios del Cauca, sino en todo el país, incluyendo a políticos como Antanas Mockus y Sergio Fajardo, que ganaron elecciones para las alcaldías de Bogotá y Medellín con sus avales, fortaleciendo así su peso político y económico, al recibir importantes ingresos por reintegro de votos y otros rubros relacionados.

Los indígenas que siguen al expresidente del CRIC y actual senador por la Alianza Social Independiente, Marcos Avirama, respaldan la candidatura a la Gobernación del Cauca, del candidato del partido de la “U”, Felipe Muñoz; mientras los amigos de Piñacué, respaldan al ingeniero liberal Oscar Campo, con apoyo del Partido Verde y hasta hace poco exsecretario de Infraestructura del Cauca y los del recién creado MAIS inscribieron a Gilberto Muñoz Coronado, exalcalde de Toribio y Corinto y exsecretario de Educación Departamental del actual gobierno, lo que se ha interpretado como una pugna entre caciques de tres grupos de nasas, buscando asegurar cuotas de poder.

Que el polémico, radical dirigente y excandidato presidencial Feliciano Valencia, en algunas borracheras y actos públicos haya asumido posiciones odiosas de “¿Usted no sabe quién soy yo?”, como cuando en Quilichao, chocó un vehículo y se escondió en su casa después de ofender a “los negritos” que le reclamaban sus derechos, y lidere la línea más radical de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, no quiere decir que él, y la mayoría de indígenas, pertenezcan a la guerrilla, tal como se insinuó en el programa Séptimo Día, de Caracol Televisión, partiendo de entrevistas a un encapuchado supuestamente desmovilizado de las Farc y de un miembro del comando central, ante un periodista extranjero, que lo entrevistó en La Habana.

“Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”, dice el refrán popular y si bien, en amplios estamentos sociales y especialmente del centro del país, la causa raizal es mirada con afecto paternalista, lo cierto es que el movimiento indígena desde la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en 1971, ha logrado madurez, desarrollo e influencia en la lucha social, económica y política nacional, qué quiéranlo o no, ubica a sus organizaciones y lideres en la mira crítica, no sólo de comuneros de sus cabildos, como los entrevistados en el citado programa, con relación a la justicia indígena y manejos presupuestales por parte de gobernadores de cabildos. También de otros sectores de la sociedad colombiana, como los medios de comunicación, ONG que les colaboran, el Estado y sus gobiernos nacional, departamentales y municipales, que después de la autonomía indígena lograda en la administración de justicia, salud, educación, están pendientes de sus programas y proyectos y les giran recursos del presupuesto nacional para su ejecución, sin olvidar que en sus movilizaciones y lucha por la tierra, entran en conflicto con otras etnias, entes territoriales y grupos económicos, como ha sucedido con campesinos mestizos, afrodescendientes y empresarios agrícolas e industriales del departamento y otras regiones del país, con quienes han tenido divergencias al exigir ampliación de sus resguardos.

Por su trayectoria de lucha y organización, desde la década del 60 a la par con campesinos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, los indígenas agrupados en el CRIC y fundadores de la Organización Nacional Indígena, ONIC, en 1991 eran los más preparados para hacer valer su derechos reconocidos por la nueva Constitución, pues desde antes de legalizar el Consejo Indígena del Cauca, en 1971, venían desarrollando su lucha por “Recuperación de Tierra y Cultura”, ampliando sus resguardos, fortaleciéndose organizativamente, desarrollando proyectos productivos y programas de educación y salud ligados a sus costumbres y saberes ancestrales, con asesoría de intelectuales, profesionales y dirigentes nacionales y extranjeros ligados a sus organizaciones y con aporte económico y logístico de fundaciones, ONG y entidades oficiales que desarrollaron diversos proyectos en sus territorios.

Son innegables los avances logrados por indígenas caucanos, en la ampliación de sus resguardos, desarrollo de programas productivos, comercialización y transporte; proyectos de etno-educación, financiación de carreras universitarias en universidades públicas para jóvenes de los cabildos, fundación de la universidad Indígena, consolidación de medios de comunicación escritos, audiovisuales y por internet, así como de la red de atención en salud alopática y rescate de los saberes indígenas.

Ahora que lograron mayor autonomía para trazar sus programas en salud, educación y proyectos productivos y administrar justicia, para ciertos delitos cometidos en sus resguardos, es cuando más deben sus dirigentes demostrar claridad y equidad en el diseño y ejecución financiera y administrativa de sus programas y en sanción a quienes violen las leyes, pues así digan que algunos delitos como las violaciones a menores de edad y el asesinato de una de las victimas de nueve años, son “enfermedades” que se curan a punta de cepo y latigazos, están en la mira no sólo de sus comuneros, prestos a vigilar comportamientos y bienes, sino del resto de la sociedad colombiana, que con sus impuestos contribuye a que el presupuesto que antes manejaban los municipios y el departamento, hoy lo administren los indígenas.

En la tercera emisión del polémico informe de Séptimo Día, se hizo énfasis en la nueva oleada de ‘invasiones’, según los actuales propietarios y ‘recuperaciones’, según dirigentes indígenas, de tierras que reclaman por ser familiares de las víctimas del Nilo, aunque los descendientes directos de estos, manifestaron que recibieron muy poco de los $20.000 millones que pagó la Policía Nacional al comprobarse que oficiales y agentes participaron directamente en la masacre de 21 comuneros, ordenada por un narcotraficante.

En cuanto a la vinculación de las Farc con los indígenas, históricamente desde la formación de las guerrillas liberales en los 50, algunos campesinos e indígenas del nororiente caucano se vincularon  a ellas y después de 1965 se sumaron a las Farc. Eso fue antes de la fundación del CRIC que entró en divergencias con la organización guerrillera, al no aceptar sus acciones armadas y reclutamiento de jóvenes e influencias políticas en los cabildos, lo que generó el asesinato de varios dirigentes y maestros nativos. Los indígenas tuvieron su propia guerrilla de autodefensa contra los ‘pájaros’, el Quintín Lame, que se desmovilizó en 1991. Desde entonces han intentado alejar a la guerrilla, Ejército y Policía de enfrentamientos en sus territorios creando los nasas sus partidos políticos electorales AIS y MAIS, y los guambianos o misaks, las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO.