El presidente Uribe ha dicho que las 3.797 hectáreas que faltan serán adquiridas en los próximos 14 meses: «Estamos haciendo un enorme esfuerzo para comprar este año 2 mil hectáreas, y el año entrante 1.797 hectáreas», dijo el mandatario la semana pasada, en medio de los enfrentamientos de la Fuerza Pública y los indígenas.

Hay un segundo compromiso de tierras que falta por cumplir. Se trata de un decreto de 1999, que pretende desarrollar la política integral indígena y obliga la compra de otras 8.000 hectáreas para las comunidades nativas.

Sobre este decreto, Uribe explicó que ya se han adquirido 4.673 hectáreas, para lo que el Gobierno ha desembolsado 33 mil millones de pesos. De estas hectáreas faltan por comprar 1.000 en Caldono, cuya negociación se ha frustrado porque los recursos previstos estaban muy por debajo del valor comercial de los predios.

El Ministerio Público, en sus conclusiones, afirma que el decreto de 1999, «se ha venido cumpliendo parcial y precariamente».

Los indígenas tienen una queja adicional. Dicen que de las 31,2 millones de hectáreas tituladas a los resguardos, 24,7 millones (el 79 por ciento) quedan en la Amazonía y la Orinoquía, en territorios no productivos. Allí, dicen, habitan 71 mil indígenas: el 5 por ciento de su población.

Cómo ha enfrentado Uribe la protesta

La ruta de aproximación del presidente Álvaro Uribe a la protesta indígena, que hoy intenta resolverse en Cali, ha estado marcada por varios hechos que no responden solo a la coyuntura de esta semana, cuando el Presidente hizo el anuncio de tener diálogo directo.

Uno de esos hechos, es que la presión de los indígenas puso a prueba lo que el Presidente venía preparando desde hace unas semanas en el terreno de los reclamos sociales.

El primer campanazo lo dio en su discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 20 de julio. Ese día Uribe vaticinó «dificultades en la economía», pero al mismo tiempo anunció «toda la determinación para avanzar en lo social».

En Cartagena, el pasado primero de octubre, en el Congreso de Publicidad, Uribe hizo una apuesta pública: «El Gobierno piensa que es mejor acelerar la protección social, que acelerar la llegada del equilibrio fiscal».

Pero, incluso, fue más allá: «Nada gana un país con tener unos magníficos indicadores macroeconómicos, si su conflicto social aumenta».

Evidentemente las condiciones sociales han desmejorado. No solo por razones domésticas, sino como consecuencia de la destorcida económica mundial. En este lapso el país se notificó de una reducción de la expectativa de crecimiento para el 2008 (pasó del 5 por ciento al 4 por ciento); un aumento en la meta de inflación (se ajustó del 4,5 por ciento al 7 por ciento, promedio); y el desempleo llegó en agosto al 11,2 por ciento.

Pero también es cierto que la aproximación de Uribe a los indígenas estuvo precedida de otros hechos objetivos, como el endurecimiento de los sindicatos y el aumento de la protesta social.

Y, en el episodio específico de los indígenas, de una decisión de «rectificar», como él mismo lo dijo en su alocución del miércoles, cuando admitió que «la Policía sí disparó» en el resguardo de La María, donde los nativos preparaban su marcha hacia Cali.

Por eso, algunos creen que no ha habido un gran viraje de Uribe en el manejo de la protesta indígena, pero sí una disposición de salirle al paso a unos hechos sociales objetivos.

El mandatario decidió resolver el reclamo inicial de los indígenas, que es fundamentalmente de tierras.

El sábado de la semana anterior, en un consejo comunal realizado en el municipio de Quetame (Cundinamarca), ordenó comprarles los predios que se necesiten.

Los nativos respondieron que esa no era la única petición. Exigieron hablar con Uribe e iniciaron la marcha hacia Cali.

«El Gobierno pide la judicialización de los violentos y le pido a la Justicia que investigue conductas como la de Daniel Piñacué (líder de la marcha), que incita a la violencia», dijo entonces Uribe.

Pero vino luego su alocución del miércoles en la noche, cuando anunció que estaba dispuesto a hablar con los protestantes en Popayán, pero los indígenas le respondieron que sería en Cali. Uribe aceptó.

Para el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, en este caso no ha habido un cambio de posición del mandatario, porque el Presidente simplemente va a cumplir con compromisos adquiridos por anteriores gobiernos.

«Al Presidente le interesa es la cohesión social y un debate fraterno. Él va a estar en Cali para exponer lo que ha hecho el Gobierno», dijo el asesor presidencial.

Indudablemente que la protesta indígena es un problema social y por eso el Presidente intentará en Cali lograr un punto de solución con los indígenas. Es claro para el Gobierno que tiene que frenar este paro sin cometer errores ante los ojos del mundo.

La agenda propuesta por los indígenas

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) propuso para la reunión en Cali una agenda dividida en 7 temas: tierras, medio ambiente, economía y seguridad alimentaria, derechos humanos, educación, salud y política pública.

De igual manera pidieron que al encuentro asista cada uno de los ministerios encargados de esos temas.

También solicitaron que estuvieran presentes los directores de Acción Social y el Incoder; la Gobernación del Cauca y la Vicepresidencia de la República.

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