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Martes, 20 de octubre de 2020. Última actualización: Hoy

Imprevisión y previsión dolosa

El lunes 22 junio, 2020 a las 8:44 pm

Imprevisión y previsión dolosa

Imprevisión y previsión dolosa
Por Andrés José Arboleda López
Miembro de la Asociación Caucana de Escritores

La grave alteración de las condiciones bajo las cuales se originaron y se pactaron las cláusulas o convenciones de un contrato, generada por motivos de fuerza mayor (imprevisibles e irresistibles), en eventos como la actual crisis sanitaria mundial, por ser además generalizada en sus efectos para toda la población, puede conducir a la aplicación de la “teoría de la imprevisión” y la consecuente “revisión de los contratos”.

Los recientes paneles abiertos a la intervención de importantes expositores internacionales empiezan a advertir, entre otros potenciales efectos, que la pandemia arrojará a la administración de justicia, la explosión de propuestas conciliatorias y acciones de revisión, que en el ámbito del derecho privado advierten la profundización de la crisis del principio de la “autonomía contractual”, en sentidos ejemplos como la fijación de la oportunidad y condiciones para realizar un viaje aéreo, así sean los eufemísticamente denominado “humanitarios”, o la posibilidad de renegociar plazos y sanciones por la terminación unilateral de un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, o de los destinado a la ocupación de un local comercial, frente a los que han aparecido encontrados los intereses de las agencias inmobiliarias.

No ha sido, claro está, la obra de la imprevisión, o de la abrupta alteración de las condiciones del mercado, el motivo cierto que las mafias políticas locales presentan para poder proveer desde latas de atún a $23.000, para los programas de alimentación escolar, hasta tapabocas de $35.000 y camas de $20’000.000 para las unidades de cuidado intensivo (UCI) de los hospitales públicos, aun cuando se avizore que igualmente, los contratistas de las obras publicas llevarán al arbitraje o al conocimiento de las competentes autoridades judiciales la promoción de acciones contractuales, con el fin de obtener ajustes o reconocimientos derivados del desequilibrio a la “ecuación contractual”, y solicitudes de prórrogas con los consecuentes “otrosíes” o costosas cláusulas adicionales que impliquen modificaciones a cantidades de obra, alteración de precios, más las respectivas ampliaciones de los plazos pactados en las pólizas de cumplimiento.

Los llamados que desde la rama ejecutiva se han hecho en los últimos tiempos a los organismos de control e incluso a la administración de justicia, en procura de la guarda del “principio de legalidad”, por los que incluso se han abierto foros presenciales y virtuales, dando ocasión a las intervenciones de autoridades locales sin mayores antecedentes de formación en el manejo de lo público, pero con amplios antecedentes penales, disciplinarios y fiscales en el manejo del erario, han estado en todo momento fuera de lugar, por cuanto es a las reglas y a la interpretación de los principios de la gestión pública en general y a los de la contratación administrativa en especial, trazados de manera independiente por las instancias de control, y finalmente por la jurisprudencia, a las que debe someterse la administración, y no a las directrices, circulares y normativas internas que justamente han debido adaptarse y proveerse conforme a la legalidad, con el fin de evitar resultados dañosos o negativos frente a los propósitos del Estado social.

Alguien soltó en el panel una frase de colofón, la cual debiera tomarse como uniforme principio de gestión en tiempos de normalidad o de emergencia: “educar es defender lo público”, lo que además de desnudar no solo las carencias de formación técnica del talento humano, adecuado a apropiar y acompañar soluciones conciliadas, pero con respeto a los límites de la autonomía contractual y a la defensa de lo público, debe procurar en el más corto plazo la conformación de veedurías técnicas y multidisciplinarias que hagan reales los procesos de participación democrática en el control de los recursos públicos.

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