Martes, 28 de marzo de 2023. Última actualización: Hoy
Impacto laboral del Neoliberalismo
Impacto laboral del Neoliberalismo
Se puede decir que desde el Gobierno de Virgilio Barco Vargas se comienza a implementar el modelo neoliberal en nuestro país. Los presidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y lo que lleva del periodo de Duque, dan continuidad a esta modalidad del capitalismo que, bajo las consignas de modernización del Estado, internacionalización de la economía, flexibilización laboral, entre otras joyas, acentúa la pobreza y la injusticia.
Con la Ley 50 de 1990, la situación de los trabajadores viene de capa caída. Suprime su estabilidad, disminuye el costo de la mano de obra, acaba con la retroactividad de las cesantías, con esto último, acaba su más grande conquista prestacional, aquello que les permitía contar con la única fuente de ahorro, un valioso recurso para la vejez e invalidez y la única posibilidad de adquirir vivienda.
La Constitución de 1991 vendió la idea de la modernización del Estado y para ello, se tendría que comenzar con el acabamiento de la burocracia, lo cual sólo sería posible echando a los trabajadores a la calle mediante el pago de una indemnización que, en la práctica, en nada corresponde a las expectativas laborales y a las condiciones de dignidad de las personas.
Desde Barco ningún Gobierno ha podido disimular su corte neoliberal. Se necesita sentido común para constatar que este modelo económico no sólo es insensible sino también perverso. Una paranoia colectiva ha caracterizado la clase trabajadora colombiana. Y no es para menos, con la desaparición o reestructuración de algunas empresas del Estado. Nada más contradictorio que generar empleo lanzando a miles de compatriotas a la calle, que es lo que ha venido sucediendo.
Los sindicatos no pueden ser los chivos expiatorios de todo lo malo que sucede a la clase trabajadora. Es cierto que algunos sindicatos han cometido excesos o desmanes en la consecución de prebendas. Tampoco los trabajadores son los responsables de la difícil situación económica por la que atraviesa el país. Lo mismo, no se puede discutir la burocracia que anida en algunas dependencias oficiales; pero también es cierto, que esta misma burocracia fue producida y reproducida por un Estado politiquero y clientelista; y que Gobiernos, algunos más que otros les han caracterizado estar más preocupados por ponerse a tono con las exigencias y requerimientos de los organismos internacionales de crédito, que por el bienestar de los trabajadores.
Los organismos internacionales de crédito, en los últimos años siguen implementando una serie de imposiciones económicas con un alto costo social. Desde su creación el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional intervienen en el manejo de las economías en los países vinculados a estos dos organismos.
En el caso colombiano, el FMI otorga créditos de emergencia en contraprestación del compromiso de hacer ajustes fiscales a las finanzas públicas, acelerar la venta de las empresas del Estado y tramitar una serie de reformas capaces de sacar al fisco de la crisis. Reformas laborales, pensionales, tributarias, entre otras, tienen que ver con ello. Ajustes encaminados a pagar a cualquier costo la deuda externa de nuestra nación pobre.
Informes sobre desarrollo humano de organizaciones internacionales que miden los niveles de pobreza de los pueblos, la CEPAL, por ejemplo, hace algunos años sostiene que la mitad de la población colombiana se encuentra en niveles de pobreza. En los ocho años de Uribe, el país pasó de la pobreza a la indigencia. Con Santos se esperó un énfasis en economía social que permitiese el mejoramiento de los indicadores socioeconómicos, algunos avances hubo, pero faltó mucho.
Las políticas económicas neoliberales en la práctica vienen afectando la calidad de vida de millones de compatriotas. Y si no constatémoslo en el seno de los hogares y en las calles, cómo la gente no tiene con qué existir en condiciones de dignidad. El drama social es alarmante. Cinturones de miseria por todo lado. La acción de los movimientos sociales y las diferentes expresiones de protesta social que se vienen suscitando en varios países latinoamericanos, incluyendo a Colombia, ponen, cuando no a tambalear, a cuestionar y repensar las contradicciones del sistema económico, al tiempo que se cuestiona tanto al régimen como al sistema político.
Apertura económica, rescate del crecimiento de la economía, reducción del déficit fiscal, control de la inflación, manejo adecuado de la política cambiaria, competitividad de productos y servicios en el mercado internacional. Ajustes drásticos en el fisco como la eliminación del subsidio de energía y de agua potable, incremento de precios en los combustibles, son medidas que afectan negativamente a grandes sectores de la población, generando a la vez incertidumbres e inconformismo generalizado.
Que a la economía colombiana le va bien, dice el actual Gobierno, el problema es que al país le va mal. La cuestionada Ley de Financiamiento, Reforma Tributaria beneficia a los empresarios bajo el sofisma de crear empleo.
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