Ya la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación nos informaron sobre más de mil investigaciones en curso con relación a estas prácticas, que van mucho más allá de los muchachos desaparecidos en Soacha, cuyos cadáveres se encontraron en Ocaña. Sentimos el mismo dolor del Presidente Uribe al ver cómo, precisamente en momentos en que las fuerzas armadas muestran más y mejores resultados, se conozcan ahora estos episodios que nos llenan de rabia, dolor y vergüenza. Pero hay que reconocer que estas desapariciones, que ojalá no aumenten con el paso de los días, son la cara negativa de una política de presiones y recompensas a nuestros oficiales y soldados que conduce a estos nefastos resultados, por encima de cualquier consideración a la dignidad humana.

Es triste que los resonantes éxitos tras el golpe a Raúl Reyes, la operación jaque o la fuga de Oscar Tulio Lizcano, sean ahora opacados por estas acciones ilegales y monstruosas que indignan a los colombianos y preocupan con razón a la comunidad internacional. Por ello, no podemos pasar de agache y menospreciar el impacto que tendrán y debemos entonces asumir acciones para llegar hasta el fondo de los hechos y tomar medidas que eviten que se vuelvan a repetir.

No es aceptable que los platos rotos de este bochornoso episodio los tengan que pagar única y exclusivamente los generales y coroneles desvinculados. Ellos responden operativa y profesionalmente por el desarrollo y aplicación de una política diseñada en el Ministerio de la Defensa. La Constitución de 1.991 contempló la figura del Ministro de la Defensa Civil, precisamente para que el encargado de esa cartera asumiera la responsabilidad política por hechos graves en materia de orden público, como los actuales, sin que se afectara la estructura del mando militar. Y resulta que el Ministro Santos hace un año se lavó las manos por el escándalo de las interceptaciones telefónicas de la Policía Nacional, sin que él respondiera. Y ahora, pretende hacer lo mismo llevándose de calle más de 25 oficiales del Ejercito, cuando no solo él es el responsable de implementar la política de recompensas que produjo este drama, sino que además desde hace más de dos años distintos sectores del Congreso y de la opinión pública habíamos advertido al ministro sobre esta práctica de los falsos positivos, sin que al parecer adoptara ninguna medida para evitar desastres como el que vivimos.

Además, este episodio demuestra la importancia y la urgencia de aprobar la Ley de Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado, sin excluir ninguna categoría de víctimas, independientemente de quien sea el victimario. Si no se aprueba el proyecto, en los términos de la ponencia mayoritaria, es decir, que la ley proteja a todas las víctimas, estaremos ante el absurdo de que las madres y familiares de estos muchachos de Soacha, no tengan derecho a una reparación integral y oportuna porque supuestamente sus victimarios son agentes del estado. Esa posición, defendida por el gobierno, es inaceptable ética y moralmente porque un estado no puede discriminar a sus ciudadanos, menos aún a sus víctimas, ni violar elementales principios de igualdad. Esas víctimas, como todas las víctimas en Colombia, tienen derecho a la verdad, la justicia y las distintas medidas de reparación integral. En la Ley que se discute nos importan las víctimas y su protección, cualquiera haya sido el victimario. No entiendo porqué este principio de elemental justicia y equidad es imposible de comprender para el gobierno.

En fin, es hora de asumir las responsabilidades políticas por la vergüenza nacional e internacional de estas crueles e inexplicables muertes. Es hora además de adoptar las medidas que nos garanticen como sociedad que estos hechos jamás se repetirán. Será que estamos pidiendo mucho?

El arte de renunciar

Por: Cecilia López

Por renunciar se entiende el acto voluntario de una persona que después del análisis de su situación laboral, se hace a un lado y deja su cargo. Y en ese proceso de introspección juegan sus principios éticos y en el caso de funcionarios públicos, su comprensión sobre lo que significa realmente la responsabilidad política. Renunciar es un arte porque puede ser una poderosa arma para lograr objetivos que de otra manera, no se comprenden. Ahora bien, sí cuando se amenaza con la famosa carta no se tiene la voluntad de renunciar, se llega a una clara posición de debilidad frente a sus superiores.

Al mirar los últimos acontecimientos de este país, es evidente que el gobierno del señor Presidente Uribe no pasará a la historia como el que mejor manejó el arte de renunciar. Pareciera que esta palabra no existe dentro del uribismo porque sus miembros ni siquiera la pronuncian, para no hablar de que jamás la ven como una alternativa cuando enfrentan serios problemas en el ejercicio de su actividad. Al señor Presidente no le gusta este arte y hasta ahora, ha preferido sufrir los costos de mantener ministros y funcionarios públicos llenos de inhabilidades que hacer lo obvio: pedirles que se vayan.

Por ello, debe analizarse con cuidado lo que acaba de suceder con la Directora del DAS, Maria del Pilar Hurtado, la única renuncia inmediata que se conoce, cuando los escándalos de altos funcionarios públicos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, son el pan nuestro de cada día. La primera pregunta es ¿por qué el señor Presidente sí corre a pedirle la renuncia a la directora del DAS, cuando no ha hecho lo propio con ninguno de los hombres del Gobierno que están metidos en peores líos? ¿Por ser mujer? ¿O por ser una mujer que no pertenece a altos círculos? No tendría nada de extraño, cuando es evidente que la sensibilidad de género no es una de las fortalezas del Primer Mandatario. Basta comparar esta situación con la del Ministro del Interior y la Justicia cuya obvias y profundas inhabilidades las resuelve nombrando un ministro ad hoc. Lo segundo y tal vez más importante es que de nuevo son las mujeres las que están dando el ejemplo de dignidad en este país.

De manera inmediata, la Directora del DAS presentó su carta de renuncia, a pesar de haber reconocido que no fue ella la que ordenó perseguir al senador Petro. De esta manera, dio una lección a todos estos hombres, llenos de culpas, que se esconden bajo toda clase de argumentos tontos pero eso sí, con el apoyo del Gobierno. La directora del DAS demostró que ella sí entiende lo que es la responsabilidad política, que nada tiene que ver con la justicia y, en una actitud valerosa que el país debe reconocerle, no se aferró a su cargo con las consabidas frases pomposas e inocuas que otros usan.

Es claro que con esta renuncia no se le acabó el escándalo al Gobierno. Este país no es tonto y para muchos, el solo hecho de que el DAS investigue a los políticos es atacar el Estado de Derecho y sustituirlo por uno policivo y represivo. No fue iniciativa del funcionario que hoy carga la culpa. En un Gobierno en que no se mueve una hoja sin que el Palacio de Nariño se entere, alguien del más alto nivel está pasando de agache y dio la orden.