Rechazan afirmaciones del consejero Archila

En estas circunstancias, las organizaciones sociales que hacen parte de la Caravana Humanitaria al Cañón del Micay, rechazaron las afirmaciones hechas por el consejero presidencial Emilio Archila, quien aseguró que la actividad es “pura politiquería” y que además “son sectores que utilizan los hechos violentos para seguir dividiendo a los colombianos”.

En consecuencia, los promotores de cuestionaron las afirmaciones oficiales y exigieron al consejero retractarse “de las palabras ofensivas”, responsabilizando al Gobierno de las agresiones que pueda sufrir la delegación, porque sus palabras “además de ser desobligantes y estigmatizadoras de todos los movimientos sociales y de derechos humanos, la ponen en peligro y legitiman cualquier agresión contra de ella y sus integrantes”.

Es pertinente recordar que más de treinta organizaciones campesinas, sociales y defensoras de derechos humanos recorrieron el Cañón del Micay, con el fin de visibilizar lo que viene ocurriendo en los territorios y rechazar la violencia en la región. Los manifestantes salieron desde Popayán el jueves 29 de octubre, el viernes 30 se desplazaron hacia la cabecera municipal de Argelia, lugar en el que se concentraron más de 1.500 manifestantes, entre campesinos, comunidades indígenas, organizaciones sociales, grupos de interés y colectivos culturales. Ayer llegaron a El Plateado, y al corregimiento de Sinaí, para regresar este lunes 2 de noviembre a la capital del Cauca.

Antecedentes

Tal como lo ha registrado detalladamente Proclama del Cauca y Valle, fueron antecedentes de la   Caravana Humanitaria al Cañón del Micay, los hechos ocurridos en la vereda El Vado, corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes, donde tres personas fueron masacradas.

Estos lamentables hechos se suman a la avalancha de masacres, persecuciones y ataques a los defensores de la democracia en el país, por ejemplo, la muerte de Juana María Perea Plata, en Nuquí (Chocó), y el ataque contra la camioneta que transportaba al senador Feliciano Valencia Medina, entre los corregimientos El Palo (Caloto) y Tacueyó (Toribío), cuando se desplazaba a la conmemoración del primer aniversario de la masacre de La Luz, en la cual fueron asesinadas cinco personas, entre ellas dos lideresas indígenas, hechos todos que hacen parte de un patrón sistemático de violencia contra las personas que están buscando proteger la paz, que, además, van de la mano con varios desplazamientos forzados.

En lo que va del año, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC), ha reportado el asesinato de 91 líderes indígenas. Es más, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde 2018, han sido asesinados más de 600 líderes y lideresas sociales, así como más de 150 excombatientes de las FARC.

Gobierno Nacional se reunió con el Cric en Popayán

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos y el viceministro del Interior, Carlos Baena, se reunieron hoy, lunes 2 de noviembre, en la sede de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, en la ciudad de Popayán, con las 127 autoridades indígenas del Cauca que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con el fin de revisar los avances en el plan social para el Cauca y hablar de la minga indígena.

Las autoridades indígenas dijeron que en el marco del Plan Cauca, se van a realizar unas reuniones en cada una de las zonas en los próximos días, aclarando que la minga indígena y el plan social del Cauca son asuntos independientes, que exigen soluciones por separado:  “Paz, democracia, territorio, vida, eso es en el marco de la minga indígena, no los podemos mezclar. Unos son temas políticos y otros son temas reivindicativos que es lo que concierne al decreto 1811 del Plan Cauca”, ratificó Hermes Pete, consejero mayor del CRIC.

En conclusión, el próximo viernes 27 de noviembre, las comunidades y los delegados del gobierno se encontrarán para mirar los trabajos que se adelantaron en cada una de las zonas.