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Martes, 31 de marzo de 2020. Última actualización: Hoy

¡Hablemos Claro!

El sábado 1 febrero, 2020 a las 11:21 pm
¡Hablemos Claro!

¡Hablemos Claro!

¡Hablemos Claro!

Ya sé que hay un libro entretenido y franco que trata con humor un asunto que suele hacer llorar, de Jane Green, que se titula Hablemos Claro; también existen portales de internet, revistas digitales, álbumes musicales y otros productos de comunicación social con el título Hablemos Claro.

No obstante, he decidido escribir una columna semanal que, ante la avalancha de información que nos llega a través de periódicos, radio, televisión, revistas e Internet (portales y redes sociales), inclusive en panfletos, a veces suscritos por las “Águilas Negras”, que no existen para la Policía, o según su director, el general Óscar Atehortúa, necesitan no sé qué tipo de registro oficial, en fin, la he bautizado (la columna semanal) ¡Hablemos Claro!

Pienso construirla teniendo en cuenta que hablar no solo es emitir palabras, sino que es comunicar, convenir, concertar, razonar, emitir opiniones favorables o adversas acerca de las cosas de interés público, explicar o exponer con libertad lo que ocurre en nuestro entorno y obvio, porque quiero expresar mi sentir con franqueza y sin adulación, con entereza, pero sin superioridad. Y claro, porque debo decir la verdad, así duela, sin tener en cuenta lo “políticamente correcto”, sin discreción para callar sobre lo que no se debe callar, y lo más transparente posible, ahora que está de moda hablar también de “transparencia”, que muy poco se practica, sobre todo en las instancias burocráticas oficiales.

Pero nótese que he dicho “hablemos”. Me gustaría que esta columna sea de doble vía, en la cual no sea solo yo quien exprese las opiniones o dé las noticias, sino “que haya participación colectiva”, otra frasecita que está de moda ahora que comienzan a diseñarse los planes de desarrollo locales y regionales.

Entonces, cada semana, los domingos, publicaré la columna con algunos aportes personales para que sirvan como base de discusión, análisis, aceptación o contradicción, de tal manera que, a los ocho días, la siguiente columna incluirá la participación pública sobre lo tratado. Indudablemente, sólo publicaré las participaciones externas que sirvan para el debate decente así sean contrapuestas a las mías. Podríamos inclusive diseñar polémicas, intercambios respetuosos de información y de creación personal, así no sean concordantes, pero que tengan por finalidad el bien común.

Advierto que no tendré en cuenta el insulto, el lenguaje soez, las manifestaciones lingüísticas de mal gusto, groseras, o con el propósito de ofender al prójimo. Serán eliminadas y el corresponsal será debidamente bloqueado en nuestros medios, y con mayor razón, si el desprecio, ridiculización o estigmatización se hace por asuntos de creencias políticas, religión, raza o etnia, origen familiar o nacional, género o sexo.

Pero también advierto que lo anterior no excluye a la crítica documentada y debidamente soportada a los servidores públicos, porque es un derecho y un deber mío como periodista y, ni más faltaba, de todos los ciudadanos activos en la vida pública.

Entiendo que esta condición nos ha traído muchos problemas, persecuciones y amenazas, inclusive, acosos jurídicos, cuando hemos tenido que responder denuncias por supuestas injurias y calumnias. Todas superadas exitosamente, gracias a Dios.

Es más, considero que la opinión crítica y la oposición política constituyen elementos funcionales en toda democracia, y exige que las personas públicas soporten mayores críticas que los ciudadanos ordinarios; esto garantiza la rendición de cuentas de los gobernantes. Mejor dicho, formular críticas, ejercer el control del poder y difundir la corrupción es nuestro derecho y, a decir verdad, el deber de los periodistas, así se vuelva cada vez más difícil y arriesgado hacerlo.

En resumidas cuentas, y en aras de la libertad de expresión, los actores públicos están obligados a soportar la dureza de las críticas; es válido cuestionarlos sin que eso constituya un agravio o deshonra para el trabajador del Estado, según diferentes sentencias de la Corte Constitucional.

Me propongo entonces, iniciar con el resumen de lo opinado en la semana 27ENE20 al 01FB20, y un pequeño resumen de las noticias registradas en www.proclamadelcauca.com:

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La semana anterior comenzó con la noticia según la cual un juez de control de garantías de Paloquemao accedió este lunes a la solicitud de la Fiscalía de dar medida de aseguramiento al coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amézquita, señalado como determinador del crimen contra el exguerrillero de las Farc Dimar Torres, en Convención, Norte de Santander. Asimismo, lo decidió sobre los tres soldados procesados, señalados cómplices.

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Siguió con la nueva detención de la excongresista Aida Merlano el día lunes: la Fuerza de Acciones Especiales de Venezuela (FAES) la detuvieron en el sector de El Milagro, en Maracaibo, Venezuela. Se encontraba prófuga de la justicia desde octubre. La información fue confirmada por Miguel Domínguez, director del FAES, policía élite creada por Maduro en el 2017. Al otro día se presentó lo calificado como una “estupidez diplomática de Duque”, o una “vergüenza de la política exterior”: pedir la extradición de Aida Merlano al presidente interino de Venezuela, un tal Guaidó.

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“No es cierto que Colombia es el país más corrupto del mundo”, dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a Proclama del Cauca en la Primera Cumbre de alcaldes y gestoras sociales que se realizó en el Valle del Cauca. Además, sostuvo que “La industria audiovisual no puede estar haciendo riqueza para sus accionistas a costa del desprestigio de todo el país”, refiriéndose a las series de televisión sobre narcotráfico y crímenes en Colombia. (http://bit.ly/31eCnJo)

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La Fiscalía General se enteró de que Miguel Nule Velilla, uno de los empresarios condenados por el saqueo a Bogotá a través del llamado ‘carrusel de la contratación’, instauró una millonaria demanda contra esa entidad y contra la Nación por un monto de 1,5 billones de pesos. Esa es la cuantía en que Nule estima los daños morales y materiales que, en su criterio, la Fiscalía le causó a él y a su núcleo familiar por la manera como se manejó la investigación por corrupción que terminó llevándolo a la cárcel, junto con su hermano Manuel y su primo Guido, los otros miembros del llamado Grupo Nule.

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Opiné en redes sociales: Los principales indicativos del desgobierno en un país son la violencia y la corrupción sistemáticas, no solo en los centros de poder sino en las regiones más aisladas, lo que además revela que los órganos estatales no son competentes, que no operan con eficacia, que nadie cree en la justicia ni en la normatividad legal y que además el Gobierno está incapacitado para ejercer el control territorial que le obliga constitucionalmente. Esta es una auténtica descripción de lo que ocurre cotidianamente en Colombia desde el mar Caribe hasta la Amazonía y las fronteras con Perú y Ecuador; desde el Pacífico hasta las fronteras con Venezuela y Brasil. No obstante, la gente se acostumbró a la ilegalidad y cree que esto es lo normal. ¡Tenemos un gobierno fallido! Y lo peor: hay gente que disfruta del sometimiento, y otros que cultivan la miseria generalizada como una gran oportunidad para imperar a su antojo, con el respaldo de supuestas mayorías que inclusive, defienden esta situación… ignorantes.

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También dije que van a nombrar como magistrada de la Corte Suprema de Justicia a una señora emparentada con lo que queda del cartel o mafia del norte del Valle, pues según Cecilia Orozco, columnista de El Espectador, María Matilde Trejos Aguilar, la futura magistrada, es hermana de “dos señoras condenadas por testaferrato, fraude procesal, lavado de activos…” ¿En qué quieren seguir convirtiendo la ya desprestigiada CSJ? ¿Quién necesita impunidad…? ¿Quién tiene facilidad para manejar y torcer decisiones jurídicas…? ¿Quién se juega su futuro a costa del total desprestigio de las instituciones colombianas…? ¿Quién necesita que una persona así esté dictando fallos de última instancia? ¿Quién es el que manda en este pobre y lamentable país? Estaremos pendientes de la posesión fastuosa de esta magistrada… si es que a ese extremo vamos a llegar…

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El 29 de enero a las 12:54, comenté: ¿Qué puede uno suponer, cuando el uribismo exige a la Corte que le ponga un fiscal de bolsillo? El presidente subalterno ha propuesto que le nombren a uno de sus subalternos de fiscal general: a su secretaria jurídica, a su consejero para derechos humanos o a su director de la Agencia de Defensa Jurídica? ¿Qué se puede suponer?

Al otro día fue nombrado el consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Roberto Barbosa Delgado, como Fiscal General de la Nación.

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El viernes pasado se oficializó la salida de Nancy Patricia Gutiérrez del ministerio del Interior. El presidente Iván Duque designó a Alicia Arango como nueva ministra del Interior, quien asumirá el 15 de febrero. Gutiérrez continuará como consejera presidencial para los Derechos Humanos, cargo que tenía el recién elegido fiscal, Francisco Barbosa.

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Y lo más terrible: continúa la violencia ensañada contra las comunidades del norte del Cauca, como un desafío al Estado colombiano que parece no interesarle mayor cosa esta situación.

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Por ahora, dejemos aquí. Los invito a participar con sus opiniones (correo: proclama2005@gmail.com).

El próximo domingo seguiremos hablando claro.

Gracias por su tiempo.

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