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Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometieron en la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas

El viernes 16 mayo, 2014 a las 7:50 pm

Cierre 01

Comunicado conjunto, La Habana, Mayo 16 de 2014. Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que:

Hemos llegado a un acuerdo, sobre el cuarto punto de la Agenda contenida en el «Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera«, tercero en discusión, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”

Hemos logrado acuerdo sobre los tres sub puntos del punto 4 del Acuerdo General:

Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

Programas de prevención del consumo y salud pública.

Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

Consideramos que:

El conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas, que antecede y tiene causas ajenas al surgimiento de  los cultivos de uso ilícito y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio.

La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas.

La producción y comercialización de drogas ilícitas y las economías criminales ha tenido graves efectos sobre la población colombiana, afectando el goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno.

El fin del conflicto debe representar una oportunidad para construir una solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas.

Es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico.

Esta nueva visión implica buscar nuevas alternativas basadas en la evidencia, que diferencie en su tratamiento el fenómeno del consumo y el problema de los cultivos de uso ilícito, del problema de la criminalidad organizada asociada al narcotráfico.

Aspiramos a un país en paz y sin el problema de las drogas ilícitas y somos conscientes de que lograr tal propósito depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de todos los Estados, en particular por aquellos que de manera directa o indirecta se han visto afectados por este problema de carácter transnacional.

Esas políticas deben regirse por el ejercicio de los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros estados y deben asegurar la acción coordinada en el marco de la cooperación internacional, en la medida en que la solución al problema de las drogas ilícitas es responsabilidad colectiva de todos los Estados.

Hemos acordado que para construir soluciones sostenibles, garantizar los derechos de los ciudadanos y el no resurgimiento del problema, la política que se emprenda debe tener un enfoque territorial basado en la participación ciudadana y en la presencia y el fortalecimiento, en términos de efectividad, eficiencia y transparencia, especialmente de las instituciones responsables de la atención social y de las responsables de la seguridad y protección de las comunidades, ambas con un enfoque de derechos humanos.

Que esas políticas darán un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico que son los cultivadores y los consumidores de drogas ilícitas, e intensificarán los esfuerzos de desarticulación de las organizaciones criminales.

Que la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito, para fines médicos y científicos y otros usos lícitos que se establezcan.

Frente al primer sub-punto Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito hemos acordado que el Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, como parte de la transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral, y con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos, y de esa manera encontrar también una solución sostenible y definitiva al de problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio.

Acordamos que la transformación de los territorios y las alternativas para las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito, partirán de la construcción conjunta y participativa entre estas y las autoridades nacionales, departamentales y municipales, de la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza.

El Programa requiere la más amplia participación de las comunidades, incluyendo las directamente involucradas con el cultivo, para formular, ejecutar y hacer seguimiento a los Planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo, mediante un proceso de planeación participativa.

Se garantizará la participación de la mujer.

Un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y buen vivir.

Acordamos que las diferentes propuestas de las asambleas comunitarias serán la base para la construcción de los planes municipales integrales de sustitución y desarrollo alternativo para las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, el cual se elaborará e implementará con la participación activa de las comunidades, incluidas sus organizaciones sociales territoriales. En el marco del plan municipal y teniendo en cuenta las propuestas de las respectivas asambleas, se elaborarán los planes comunitarios, que serán parte integral del mismo. Tanto los planes municipales como los comunitarios se construyen entre las comunidades, las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y el Programa, como autoridad nacional competente.

El plan municipal que integra las propuestas de las comunidades y está constituido por los planes comunitarios será la base para la ejecución del Programa.

Para la ejecución de los planes de sustitución se privilegiará la contratación de las organizaciones comunitarias y se promoverá la generación de empleo en las áreas de aplicación del mismo.

Las medidas de apoyo por parte del Programa estarán condicionadas al cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra. Lo anterior en el entendido de que el proceso de sustitución y su sostenibilidad requieren del apoyo del Gobierno en los términos acordados con las comunidades. En todo caso deberá existir un compromiso pleno de no cultivar ni de estar involucrado en labores asociadas al cultivo, ni de participar en las comercialización ilegal de las materias primas derivadas de los cultivos de uso ilícito.

En los casos donde, en el marco de la suscripción de los acuerdos con las comunidades en el marco del Programa, haya  algunos cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades de persuadirlos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades.

En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir. Las FARC-EP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual.

La protección de las comunidades, la garantía de derecho a la vida y el bienestar de la población rural, requiere también asegurar el desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del Acuerdo Final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar.

Este es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y FARC-EP por diferentes medios y en lo que le corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información en los términos que se consignen en el Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo con el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

En cuanto al segundo sub-punto de la Agenda Programas de prevención del consumo y salud pública acordamos que la solución requiere del compromiso y el trabajo conjunto entre las autoridades, la comunidad y la familia en torno a una política de promoción en salud, prevención, atención integral  e inclusión social, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes.

La política frente al consumo de drogas ilícitas debe ser una prioridad y una política de Estado que requiere, entre otros, el fortalecimiento de las capacidades, tanto nacionales como territoriales, en el marco del sistema de protección social, y la disposición correspondiente de recursos.

Acordamos que el Gobierno creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo.

La política nacional frente al consumo de drogas ilícitas tendrá un enfoque de derechos humanos y de salud pública, un enfoque diferencial y de género, se fundamentará en la evidencia y se construirá e implementará con participación de las comunidades.

Para garantizar la revisión y el ajuste participativo de la política frente al consumo con base en los principios antes descritos, el Gobierno creará una instancia nacional con representantes de las autoridades con competencia en el tema, instituciones científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, comunidades religiosas y consumidores.

Acordamos también diseñar y poner en marcha un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social.

Con base en la política y los análisis territoriales sobre el consumo de drogas ilícitas, el Programa promoverá el desarrollo de capacidades de las autoridades locales y las apoyará en la formulación y ejecución participativa de planes de acción departamentales y municipales frente al consumo, de acuerdo con las particularidades de los territorios y diferentes grupos poblacionales.

En cuanto al tercer sub-punto Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos acordamos que como parte del compromiso de intensificación de la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de proteger tanto a las comunidades y el buen desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, como la implementación de los acuerdos en el territorio de la amenaza del crimen organizado, y en general de desarticular las redes de estas organizaciones, el Gobierno Nacional pondrá en marcha una estrategia de política criminal, en forma paralela a la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, que fortalezca y cualifique la presencia y efectividad institucional y concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización o agrupación criminal relacionados con la producción y comercialización de drogas ilícitas, siempre considerando el tratamiento diferenciado que se debe dar a los campesinos y pobladores rurales vinculados a la explotación de los cultivos de uso ilícito.

Acordamos la puesta en marcha de una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos que incluye la identificación de la cadena de valor del narcotráfico mediante un proceso de mapeo del delito por parte de un grupo de expertos, la formulación de un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas que permita, entre otros, adecuar donde sea necesario, o definir y articular la normatividad referida a esta materia, la cualificación y el fortalecimiento y donde sea necesario el rediseño o creación de instancias de investigación, supervisión o control financiero y de lavado de activos, la puesta en marcha de una nueva estrategia para garantizar la aplicación efectiva de la extinción de dominio, y por último la implementación de una nueva campaña nacional que promueva valores, alerte sobre nuevas modalidades de lavado y fomente la participación y capacidad ciudadana en el espíritu del punto 2 del Acuerdo General.

Acordamos también que el Gobierno Nacional revisará y establecerá estrictos controles estatales sobre la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos.

Acordamos que en el marco de la estrategia integral de lucha contra la corrupción se desarrollará una estrategia específica de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico, sobre la base de las recomendaciones de expertos que incluya el establecimiento de grupos interinstitucionales para atacar las distintas expresiones de la corrupción y sus responsables y contribuir a mejorar el desempeño institucional.

En el marco del fin del conflicto y con el propósito de contribuir a la superación definitiva del problema de las drogas ilícitas, acordamos que el Gobierno Nacional promoverá una Conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos desarrollos internacionales en la materia, así como la perspectiva de los países consumidores y productores, en especial las experiencias y las  lecciones aprendidas en Colombia e identificando buenas prácticas basadas en la evidencia.

Por último, acordamos que todo lo anterior solo es posible con el compromiso efectivo de todos:

El compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública.

El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

El compromiso de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo sus diferentes formas de organización política o social, de rechazar toda relación con el problema de las drogas ilícitas y los dineros provenientes del mismo.

La construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país.

Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente el cual contiene seis puntos.

Recordamos que uno de los principios que guían La Mesa de Conversaciones es que «Nada está acordado hasta que todo esté acordado». Esto significa que los acuerdos que se construyen, están condicionados a un pacto sobre la totalidad de la Agenda y que se pueden ajustar y complementar.

Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se realizaron sobre este tema de cultivos ilícitos.

Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas, leídas y tenidas en cuenta por las delegaciones en La Habana.

Queremos agradecer a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos. Valoramos de manera especial, su gestión, al igual que agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes internacionales.

Estos acuerdos fundamentales son el resultado del intenso trabajo realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo de paz de los colombianos.

 Cierre 02

DECLARACION DE HUMBERTO DE LA CALLE

Jefe de la Delegación del Gobierno en La Mesa de Conversaciones

La Habana, Mayo 16 de 2014

Tal como lo anunciamos hoy en un comunicado conjunto, hemos llegado en La Mesa de Conversaciones a un acuerdo sobre el punto cuarto de la Agenda, tercero en discusión, que se refiere al narcotráfico y la solución al problema de las drogas ilícitas.

¿Cuál es el significado de lo pactado para la paz que todos anhelamos?

Representa un hito importante en el proceso de conversaciones, ya que se trata de uno de los más graves y dolorosos problemas que ha enfrentado la sociedad colombiana en las últimas décadas, y que constituye además, uno de los flagelos continentales y mundiales que ocupan prioritariamente la agenda de naciones y organismos internacionales.

Sabemos de las expectativas que las conversaciones sobre este punto han abierto en todos los sectores de la vida nacional y por eso, seré específico y directo.

Se trata de soluciones concretas y efectivas en torno a los aspectos centrales que están involucrados en el fenómeno del narcotráfico y las drogas ilícitas, para enfrentarlos con mayor contundencia y efectividad, una vez pongamos fin al conflicto.

El fin de la confrontación es entonces una oportunidad que vamos a aprovechar para diseñar nuevas políticas y ser más efectivos en esta lucha.

Es posible que el problema de las drogas ilícitas no desaparezca totalmente de Colombia con el fin del Conflicto; pero sin el conflicto atravesado en el camino es muchos más fácil poner en marcha programas que transformen los territorios y resuelvan los problemas de los campesinos y de la coca de una vez por todas, y concentrar esfuerzos en atacar las estructuras del crimen organizado, que es lo que va a quedar luego de la firma del acuerdo final.

El objetivo es liberar a Colombia de los cultivos ilícitos, de la siembra de coca y la producción de cocaína.

Pero el objetivo es más ambicioso: es trabajar con la gente, transformar el campo, abrir nuevas oportunidades para las comunidades y los territorios y garantizar los derechos de esos colombianos rurales, no solo de los cultivadores de coca. Es una apuesta por Colombia y no solo por resolver un grave problema.

Lo acordado aquí se relaciona directamente con lo pactado en el primer punto sobre la reforma rural integral. Todas las zonas afectadas por cultivos ilícitos coinciden con regiones donde es necesario revitalizar la economía campesina.

Queremos también poner a raya lo que por décadas ha financiado y alimentado el doloroso conflicto, la guerra que vive Colombia.

La solución del problema de las drogas en el campo es también una medida de no repetición.

Tres aspectos fundamentales deben entenderse y valorarse del acuerdo que acabamos de suscribir y sobre el que informamos en el comunicado conjunto que fue leído y entregado a la prensa.

Primero, tanto el Gobierno como las FARC reconocemos que el fenómeno del narcotráfico ha alimentado el conflicto que se vive en Colombia. Ambas partes manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva del problema de las drogas y contribuirán al esclarecimiento de la relación entre conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas.

Segundo, las FARC, en un escenario del fin del conflicto, se comprometen a:

Contribuir de maneras efectiva mediante acciones prácticas con la solución de este fenómeno.

En un escenario de fin del conflicto, poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno.

Es necesario asegurar el desminado de los territorios. El gobierno a la firma del Acuerdo Final pondrá en marcha un programa de limpieza de las áreas afectadas por minas antipersonal y municiones sin explotar. A ese propósito mancomunado contribuirán ambas partes según los medios que correspondan a cada cual, incluyendo el suministro de información sobre la ubicación de tales artefactos.

Y tercero, para la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito en Colombia, es necesario, y en este acuerdo así se establece, impulsar una estrategia integral que garantice la plena vigencia del Estado Social de Derecho en los territorios afectados.

El Gobierno se comprometió a intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública.

Dicha estrategia debe incluir por supuesto todos los aspectos del desarrollo rural integral, la vigencia de los derechos y libertades y la integración de estas regiones al progreso y desarrollo del país y la garantía de seguridad en dichos territorios mediante el fortalecimiento y la capacidad de las instituciones encargadas de proteger a la población.

Es a la vez una estrategia económica, social, política y jurídica, lo que quiere decir que involucra todos aquellos aspectos incluidos en el fenómeno del cultivo de drogas ilícitas y el narcotráfico para su solución.

Esta es la palabra clave de este acuerdo: solución. Estamos hablando de futuro.

Quiere decir que no nos quedamos en los diagnósticos, en el pasado, sino que basados en el presente, en la realidad actual de este fenómeno, construimos una solución para que Colombia, en el marco del fin del conflicto, sea capaz, gracias a la labor de la instituciones y los ciudadanos trabajando mancomunadamente, de ser un país sin coca y en general sin cultivos ilícitos, y en el cual podamos poner a raya el fenómeno del narcotráfico.

Para lograr este sueño, en este acuerdo, como se informó en el comunicado conjunto, se fijan las bases de un Nuevo Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos de alcance nacional, cuyo fin es la eliminación definitiva y sostenible de los cultivos de uso ilícito y la ilegalidad asociada a estos en todos los territorios.

El programa es ambicioso y bien concebido y está en plena concordancia con todo lo pactado en el primer punto de este acuerdo sobre Reforma Rural Integral.

Y es nuevo, porque parte de un enfoque distinto respecto a lo que hasta hoy se ha trabajado en Colombia.

La meta acordada con las FARC de que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos se basa esencialmente en un programa nacional integral de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo que transformará el campo colombiano. La aspiración es que todos los cultivadores y las comunidades en esos territorios celebren acuerdos de sustitución con el programa, que estará en cabeza de la Presidencia de la República.

Acordamos también que en los casos en los que algunos cultivadores no participen del acuerdo o los incumplan, se procederá a la erradicación manual de los cultivos.

Y en aquellos casos donde no haya ningún tipo de acuerdo, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos priorizando la erradicación manual donde sea posible.

¿Esto qué quiere decir?

Que tenemos la convicción de que, sin el conflicto atravesado en el camino, podremos sustituir la gran mayoría, ojalá todos los cultivos, de manera voluntaria; que si algunos cultivadores no participan o incumplen, recurriremos a la erradicación manual; y que en los casos excepcionales donde ni siquiera sea posible la erradicación manual porque las circunstancias no lo permiten -cosa que esperamos que no ocurra con el fin del conflicto-, el Gobierno se reservará la posibilidad de recurrir a la aspersión. Es una posibilidad que está abierta para casos extremos. En este punto, las FARC mantienen su oposición a la fumigación en todo el territorio nacional.

En desarrollo de esta política, además, por primera vez en nuestro país se ponen en marcha todas las instituciones económicas y del sector rural, los campesinos y los antiguos alzados en armas, debidamente reincorporados a la vida civil luego de la firma del acuerdo del fin del conflicto y la dejación de armas, todos repito, en función de un mismo objetivo, en este caso, un país sin cultivos ilícitos y sin narcotráfico.

Con esto le quitaríamos la gasolina que ha avivado el conflicto en Colombia -el narcotráfico- y todas sus secuelas de corrupción sobre las instituciones y los privados.

Cierre 03

La apuesta del Gobierno al suscribir este acuerdo es grande y es por Colombia.

Es para que las nuevas generaciones vivan sin los horrores y el terrorismo que por décadas alimentó el narcotráfico teniendo en cuenta los distintos actores del conflicto.

En el acuerdo también trabajamos el tema del consumo de drogas ilícitas, reconociendo que, como sociedad, es una cuestión de salud pública que requiere un tratamiento prioritario.

Se acordó crear un programa que articule de manera ordenada y planificada la acción de las Instituciones del Estado en una política orientada a frenar el consumo y manejar las variables en él involucradas, política que debe ser participativa.

En cuanto a los asuntos directamente relacionados con el narcotráfico, esto es la producción y comercialización de drogas ilícitas, también llegamos a importantes acuerdos.

Se trata una estrategia integral que viene a reforzar, ampliar y, en algunos casos, crear nuevos mecanismos y programas en torno a lo que hoy hace el Estado contra las organizaciones narcotraficantes.

Estamos hablando de la creación de nuevas instancias de investigación, el fortalecimiento de todas las capacidades institucionales para la detección, control y reporte de las operaciones financieras ilícitas y el impulso de nuevos planes contra el lavado de activos, lo cual incluye el mapeo del delito sobre todo en lo regional para identificar y desarticular la cadena de valor del narcotráfico. Aquí se buscará igualmente crear una cultura contra el lavado que alerte a las comunidades que favorecen esta actividad de manera consciente o inconsciente.

De igual modo, se establecerán estrictos controles a los precursores químicos.

Quiero finalizar mis palabras con un pedido a todos mis compatriotas.

Bienvenido el debate, la crítica y las opiniones libres sobre este punto. Pero antes de hacerlas, lean, valoren y analicen bien lo acordado.

Nos hemos demorado lo suficiente para no improvisar.

Sabemos que es un tema de la mayor importancia para todos los colombianos, al igual que para muchas naciones y organismos internacionales.

Y hemos sido cuidadosos en extremo con cada punto, en cada palabra contenida en este acuerdo que hoy hacemos público.

Nos sentimos satisfechos con lo alcanzado en el entendido que esto es bueno para Colombia y está en concordancia con el enfoque y política del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

Conocemos bien los inmensos sacrificios que nuestras instituciones y todos los sectores de la vida nacional han padecido en una lucha sin duda dolorosa, pero también exitosa al preservar y aún fortalecer nuestra democracia, nuestros valores y nuestras libertades.

El Presidente Santos nos ha instruido y nos ha guiado claramente en todo este proceso de conversaciones para llegar a este acuerdo.

Queremos la paz, pero no a cualquier costo.

Queremos la paz, pero con todas las claridades y certezas hacia el futuro.

El paso que damos es fundamental para alcanzar el fin del conflicto y para que, a partir de allí, logremos la construcción de una paz estable y firme en nuestro país.

El paso siguiente es la instalación de comisiones que preparen el terreno para la continuación de estas conversaciones, después de las elecciones.

Invito de nuevo a cada colombiano, a Ustedes los colombianos, a participar de este proceso con sus propuestas, sus críticas y opiniones, con su apoyo.

Los canales de participación están abiertos.

Esta es la paz de todos, con todos y para todos.

Tenemos una oportunidad cierta, aquí y ahora, para pactar el fin del conflicto e iniciar la consolidación de la paz.

Es el gran anhelo nacional que podemos alcanzar.

Muchas gracias

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Un comentario en "Los equívocos de la procuradora"

  1. Yeraldine Bonilla dice:

    Cualquiera que sea tu necesidad, confía en que el padre celestial te ayudara e iluminara a través de su palabra, los bálsamos que te darán la virtud suficiente para darle vigor a tu espíritu.
    9-4 Yeraldine Bonilla

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