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¿Gobierno Duque evitará que se roben el Galeón San José?

El jueves 18 octubre, 2018 a las 12:36 pm

¿Gobierno Duque evitará que se roben el Galeón San José?

Francisco Hernando Muñoz Atuesta

Por Francisco Hernando Muñoz Atuesta, veedor nacional del patrimonio cultural sumergido de Colombia.

Colombia adelanta desde marzo de 2018 el proceso de contratación para la extracción, estudio y exhibición del Galeón Señor San José –GSSJ–, navío español que naufragó el 8 de junio de 1708 en cercanías a la ciudad de Cartagena de Indias, para muchos, el máximo bien cultural hallado en la historia de Colombia. Este complejo y cuestionado proyecto fue planeado, estructurado y diseñado durante el gobierno Santos (2010-2018), el cual demanda acciones inmediatas para evitar su fragmentación como bien patrimonial.

El hallazgo del galeón SSJ tuvo lugar el 27 de noviembre de 2015 y fue anunciado al mundo el 5 de diciembre del mismo año.

Desde entonces su recuperación se ha manejado con un velo de misterio. El principal problema que se evidencia, emerge a la luz cuando se conocen los pliegos de condiciones publicados en marzo de 2018, donde se anuncia que el proyecto se pretende financiar usando el mismo pecio o los restos invaluables del naufragio, para pagar su estabilización, restauración y exposición. Tanto el laboratorio como el museo pretenden que sean financiados enteramente a costas del originador, incluyendo incluso los terrenos en que estos serían erigidos. Esto atenta contra el patrimonio nacional a todas luces.

La forma de pago contemplada pretende así entregar hasta el 45% del patrimonio representado en metales preciosos y joyas, que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural –CNPC–  puede declarar a posteriori como “elementos no integrantes del patrimonio cultural de la Nación”, lo cual atenta contra la ley, que dice que todos los bienes culturales submarinos pertenecen a la Nación.

El monto de la remuneración, dijo el gobierno Santos (en los pliegos de condiciones, capítulo de remuneración), estaría limitado para el originador hasta un máximo de 147 millones de dólares de los que deberá invertir hasta 70 millones de dólares en el desarrollo del proyecto.

El pretender utilizar o el hacer cuentas a posteriori con bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación, no solo está prohibido en la legislación colombiana dada su naturaleza de bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables, que los colocan por fuera de cualquier dinámica comercial, sino que podrían terminar convirtiendo el hallazgo patrimonial más importante en licitaciones sinuosas y controversiales.

GOBIERNO DUQUE EN LA MIRA

Lo ideal es que, primero: el Gobierno de Colombia declare el pecio del GSSJ como un «Bien de Interés Cultural –BIC–” lo que garantizaría su total salvaguardia como unidad indivisible; segundo: cancele por completo el proyecto de Asociación Público-Privada –APP– que se pretende adelantar con el originador y diseñe un nuevo proyecto en el cual Colombia asuma el liderazgo que nunca ha debido delegar a terceros y adelante el proceso en su totalidad como un proyecto de Estado; tercero: contrate y vincule a los mejores expertos sin vender el bien para efectos, y asimismo solicite la colaboración internacional para efectos de su rescate.

En la actualidad el tema del GSSJ fue delegado a Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, y aunque todos esperamos solo lo mejor del nuevo gobierno, la inacción de fondo sobre el asunto genera inquietud, pues ya han pasado más de dos meses y no es comprensible que el proyecto del galeón siga suspendido. Mientras tanto, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se adelantan acciones legales que buscan la cancelación del proyecto.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS RETRASOS?

Si no son estas las verdaderas causas para las sucesivas prórrogas ¿Qué poderoso interés hace contrapeso para que el gobierno actual conceda a la eventual suspensión del proceso de contratación por un juez, la legitimidad necesaria para lo que debió cancelarse de entrada, por completo y sin ambages?

Mientras la amenaza de continuar este proceso como viene diseñado desde el gobierno Santos permanece, es oportuno también preguntarse: ¿Cómo puede ser posible que Colombia a estas alturas, en pleno siglo XXI, se mantenga impávida ante semejante atropello? Los medios de comunicación y la sociedad civil en general, deben pronunciarse.

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