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Fracasó el intento de robarse el Galeón San José

El sábado 13 abril, 2019 a las 1:30 pm

Entrevista con Francisco Hernando Muñoz Atuesta
Veedor Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia.

Fracasó el intento de robarse el Galeón San José
Francisco Hernando Muñoz Atuesta
Francisco Hernando Muñoz Atuesta

“El Galeón Señor San José es el tesoro sumergido más codiciado en la historia de nuestro país, bajo el sofisma de un proyecto de rescate” dice Muñoz Atuesta. En los últimos siete meses ha presentado seis solicitudes de medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con las cuales se ha perseguido la cancelación del proceso de contratación. Su aporte ha sido decisivo, al generar las prórrogas sucesivas que dieron tiempo al fallo de la sala Octava de Decisión Civil de Barranquilla que ordenó el embargo de los hallazgos que hay en el galeón San José, hundido en el mar Caribe desde 1708.

La Corte Suprema de Justicia declaró propietaria a la empresa estadounidense Sea Search del 50% del hallazgo de 1982, evitando la contratación amarrada desde el Gobierno Santos con la empresa Maritime Archeology Consultants – MAC, la cual Muñoz denunció ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por vicios, como la superposición de las mismas coordenadas otorgadas por Sea Search por parte de un vicealmirante de la Armada Nacional las cuales fueron entregadas indebidamente según Muñoz Atuesta al asesor jurídico del Ministerio de Cultura.

Muñoz Atuesta es miembro de número de la Academia de la Historia de Cartagena, autor de “Cartagena de Indias. Compilación histórica” (2012) y “Diarios de Ofensa y Defensa” (2015), Veedor Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia.

A.O.U.L.: ¿Por qué el futuro del galeón Señor San José estuvo hasta hoy en manos de la justicia?

F.H.M.A.: Es una historia difícil de contar… Para la detención del proceso contractual entre el Gobierno colombiano y una compañía extranjera, radiqué una sexta solicitud de medidas cautelares con información que recién descubro y con la cual se exige detener de plano el proceso demandado  ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

A.O.U.L.: ¿Cuáles son los argumentos de esta sexta solicitud? ¿En qué es diferente de las anteriores?

F.H.M.A.: Si bien, las cinco primeras solicitudes contaban con evidencias tangibles, aún sin esclarecer por los demandados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca opinó carecían del peso probatorio suficiente para declarar las medidas cautelares solicitadas.

En el caso de la Sexta solicitud, se presenta un hecho de suprema gravedad y se aportan numerosas pruebas. El hecho consiste en la indebida filtración de las coordenadas del naufragio denunciado en 1982 por la empresa norteamericana Glocca Morra Company (Sea Search Armada -SSA), a la empresa extranjera por lo que ahora se comprende que en 2015 simplemente se “redescubrió” el Galeón Señor San José. La información fue entregada por parte del director de la DIMAR al Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura, el señor Juan Manuel Vargas Ayala, el cual, al parecer, premeditadamente, recibe y entrega la mencionada información, con la seguridad que le brindaba el estar cubierto por el manto de una reserva legal ilegalmente impuesta a los actos adelantados durante el proceso de la APP, por el aún hoy director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-, señor Ernesto Montenegro Pérez. El delicado asunto fue presentado ante el Tribunal en 85 folios. Esta revelación de información reservada se encuentra tipificada como delito por el artículo 418 del Código Penal: “Revelación de secreto por parte de servidor público”.

A.O.U.L.: ¿Cómo se dieron estos hechos?

F.H.M.A.: Para mayo de 2015, la empresa extranjera solicitó al Gobierno la autorización para explorar un polígono de 256 km2 donde supuestamente tenían plenamente ubicados los restos del Galeón Señor San José. Para esa época -mayo de 2015- el jefe jurídico implicado en los hechos denunciados, solicitó al director de la DIMAR le informara si el polígono solicitado se sobrepone al hallazgo denunciado en 1982, a lo cual el director de la DIMAR respondió “no se sobrepone”, y aunque el asesor jurídico solicitó que “es menester que se anexe la graficación en cartografía náutica oficial de dichas áreas”, el oficial naval encargado de la DIMAR no atendió esa parte de la solicitud y se limitó a decir “no se sobrepone”.

A.O.U.L.: ¿Cómo le fue a la exploración?

F.H.M.A.: Fracasó estrepitosamente pues en las coordenadas en que la empresa extranjera aseguró se encontraba el Galeón, no hallaron absolutamente nada. Es decir, el hombre de la barba blanca, Roger Dooley, el arqueólogo top mundial de la lista Clinton, y su mapa del tesoro, que justificó para el presidente Santos iniciar todo el proceso de la APP, no tenía  ninguna información real sobre el punto de ubicación del naufragio del Galeón Señor San José, simplemente “cañaron”, mintieron desfachatadamente al país. Nos engañaron, pero no a todos…

A.O.U.L.: ¿Entonces cómo encontraron el Galeón?

F.H.M.A.: Para octubre de 2015, con el fracaso sobre la mesa, el jefe jurídico del Ministerio de Cultura, consulta nuevamente al director de la DIMAR sobre la solicitud de adición de coordenadas al primer polígono autorizado en mayo de 2015 (Resolución 1456), hecha por los exploradores extranjeros. La ampliación de coordenadas del polígono inicial supera los 1.500 kilómetros cuadrados, y aunque la adición magnifica el primer polígono con un área casi seis veces superior y en la misma zona; la obvia pregunta sobre la inminente sobre-posición del nuevo polígono a las coordenadas denunciadas en 1982, “no es formulada” por el astuto asesor jurídico.

Causa gran sorpresa, que el director de la DIMAR en su respuesta al asesor jurídico de Mincultura, no sólo le dibuja el polígono solicitado, sino que incluye en el plano un pequeño recuadro equivalente a una milla cuadrada, con la posición geográfica del punto denunciado en el año 1982, llamándole “Área de Exclusión”. El documento señala: “d. Área de exclusión: Por razones de soberanía, se excluye el área comprendida en las coordenadas que se relacionan a continuación. La información que sea recogida en las mismas deberá ser remitida de forma inmediata a la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional y será de uso exclusivo del Estado Colombiano”.

De esa forma sinuosa el jefe jurídico de la ministra de Cultura Mariana Garcés, obtuvo las coordenadas del hallazgo denunciado en 1982, y por supuesto, con esta revelación de secreto, los extranjeros en pocos días tropezaron con los restos del naufragio del Galeón Señor San José.

Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la enunciada “Sexta solicitud de medidas cautelares”, en la cual puntualmente se pide investigar estos actos disciplinaria, fiscal y penalmente.

A.O.U.L.: ¿Qué dijeron los extranjeros y Mincultura ante estos hechos?

F.H.M.A.: A esta sexta solicitud de medidas cautelares se interpusieron sendos escritos por parte de la firma extranjera y Mincultura, donde, sin hacer la más mínima referencia al asunto de la revelación de secreto por parte de los funcionarios públicos, sólo intentan que los 85 folios que contiene la Sexta solicitud de medidas cautelares sea declarada “información reservada” y apartada del proceso por orden del magistrado que lleva el caso, como se hizo en el pasado con la documentación que fue adjuntada en la demanda, cuya historia detallo a continuación.

La “Documentación reservada” en el proceso de la Acción Popular:

Cuando el doctor Cesar Augusto Duarte Acosta, preparaba la demanda de Acción Popular que cursa actualmente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, obtuvo por parte de Leandro Ramos, exprocurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, vía derecho de petición, su expediente de vigilancia del proceso, el cual adjunta a la demanda. La ministra de Cultura Mariana Garcés Córdoba, solicitó al magistrado que resguardara la calidad “reservada” de la documentación y pidió fuera mantenida bajo custodia por el magistrado, donde ha permanecido hasta hoy. Además, la ministra denunció a los funcionarios de la Procuraduría por “revelación de secreto” actuación tipificada como delito por el mencionado artículo 418 del Código Penal Colombiano: “El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses de prisión, multa de veinte (20) a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses”.

La Fiscalía General de la Nación, culminó su investigación el pasado 26 de febrero de 2019, diciendo: “…En suma las coordenadas de ubicación que son las que tienen carácter reservado no fueron las que la Procuraduría entregó al señor Cesar Augusto Duarte Acosta.
Conforme a lo anterior, emerge claro que la conducta de los indiciados no trasciende a la órbita de la tipicidad penal comoquiera que la información suministrada no tiene carácter reservado.

Conclusión: Con fundamento en los anteriores raciocinios se concluye que la conducta denunciada es objetivamente atípica porque la información suministrada no tiene carácter reservado, luego debe darse aplicación al artículo 79 de la Ley 906 de 2004, disponiendo el archivo en favor de los indiciados”.

Por tanto, al carecer la documentación del carácter de reservado que le fue impuesto por la ministra de Cultura -solicitud acatada, irreflexiva y sin fundamento por parte del magistrado-, esta debe ser anexada a la documentación del proceso, con libre acceso por parte de los interesados. Por tal razón le solicité la publicidad de la información del proceso al magistrado. A esto se opuso el Ministerio de Cultura, por medio de su apoderado, y llegó aún más lejos, le pidió al magistrado que la Sexta solicitud de medidas cautelares, fuera cobijada por la extinta calidad de información reservada por asuntos de “Seguridad Nacional”. La documentación obviamente contiene información muy delicada, que pone en riesgo, no la “Seguridad Nacional”, pone en riesgo el Patrimonio Cultural Indivisible del Galeón Señor San José, y la situación jurídica de los implicados.

Ahora estamos ad portas de ver el resultado de las actuaciones del magistrado, con respecto a lo que aquí se ha expuesto.

¿Concederá el Magistrado las medidas cautelares solicitadas por el veedor, partiendo de la gravedad de los hechos denunciados, o más bien declarará que la documentación contenida en la Sexta solicitud de medidas cautelares presentada por el veedor será declarada por este como “reservada” y adjuntada al resto de la documentación que goza de esa exótica condición? ¿La Ley de Transparencia, que elimina la reserva de los procesos con patrimonio cultural sumergido, no aplica al Galeón Señor San José? ¿La lucha contra la corrupción no aplica para los actos llevados a cabo por altos funcionarios del Gobierno nacional? ¿El oprobio internacional por el inminente expolio de un patrimonio de la humanidad propiedad de Colombia se va a permitir por los perversos intereses de algunos “poderosos”? ¿El Galeón Señor San José no encontrará un liderazgo permanente, integral, no dubitativo, transparente y científico en el nuevo Gobierno? ¿Qué faltará por develar en esta abominable confabulación?

Esto lo sabremos en pocos días.

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