Fiscalía investiga 150 denuncias por agresión a comunidades indígenas
El departamento del Cauca se encuentra entre las regiones en que se están desarrollando estos procesos.
Ciento cincuenta casos especiales de agresiones y violaciones contra los derechos de las comunidades indígenas están siendo investigados especialmente por la Fiscalía General de la Nación. La presentación se hizo los días 23 y 24 de febrero del 2016 durante el Encuentro Internacional sobre Técnicas de Investigación en Asuntos Indígenas, dirigido a fiscales e investigadores y con la participación de organizaciones de indígenas e internacionales.
Cauca, Guajira, Chocó, Caldas, Nariño, Córdoba, Cesar y Magdalena son las áreas en las que se están desarrollando estos procesos, explicó el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, durante el evento.
En el transcurso del encuentro, se generaron espacios de reconocimiento y dialogo interjurisdiccional para el mejoramiento en el acceso a la justicia penal con enfoque étnico de los pueblos indígenas.
El evento propició espacios para intercambiar experiencias sobre los desafíos de la justicia indígena y su interrelación con la justicia penal; el aprendizaje de los fundamentos jurisprudenciales para la resolución de conflictos de competencias de la jurisdicción indígena y penal, y las herramientas para garantizar el acceso a la justicia penal de usuarios indígenas.
Perdomo aseguró que “detrás de la Constitución de 1991 no hay un proyecto político o jurídico orientado a occidentalizar a los indígenas como pasaba antes, sino, por el contrario, un proyecto orientado a reconocer la diversidad étnica como una fuente inconmensurable de riqueza cultural y de maneras distintas de entender el mundo, donde ninguna se reputa superior ni más virtuosa que las otras. En esa medida, el artículo 7 constitucional es -a mi juicio-, revolucionario”.
Al abordar la temática de asuntos indígenas, nos enfrentamos a un panorama en donde la investigación penal de estos asuntos, tiene dos aristas muy importantes: Por un lado, la Fiscalía tiene el deber de reconocer que los pueblos indígenas son titulares de una Jurisdicción Especial, y por ende, están legitimados para administrar justicia en su territorio.
Se destacaron fiscales principalmente en las seccionales de Cauca, Guajira, Chocó, Caldas, Nariño, Córdoba, Cesar y Magdalena, por la fuerte problemática que plantear y actualmente se le hace seguimiento a 150 casos, de los cuales, 13 se impulsan directamente desde el nivel central, y se participa en 11 escenarios de concertación con autoridades indígenas. Además, se ha tenido acercamiento con 12 comunidades, de acuerdo con lo ordenado por el Auto 004/2009 de la Corte Constitucional.
Finalmente, además del seguimiento que se hace a nivel de seccionales, en el 2013 se empezó a desarrollar una estrategia de trabajo que se formalizó con la resolución 576 de 2016, que permitió al creación de un equipo especial conocido como la Comisión de Asuntos Indígenas, que ha impulsado investigaciones concertadas y priorizadas con los indígenas Arhuacos y actualmente se encuentra trabajando con comunidades del Chocó.
“Para la Fiscalía es de gran importancia trabajar mancomunadamente con los pueblos ancestrales de Colombia, ya que de esta manera se investigan eficientemente los fenómenos delictivos de los que han sido víctimas y se genera la articulación adecuada con sus instituciones tradicionales”, aseguró Perdomo.
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