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Domingo, 14 de agosto de 2022. Última actualización: Hoy

Fiscalía informó sobre captura de nueve integrantes del GAOR ‘Dagoberto Ramos’

El martes 27 abril, 2021 a las 8:56 pm

Fiscalía informó sobre captura de nueve integrantes del GAOR ‘Dagoberto Ramos’: Agentes del CTI en coordinación con la Policía y las Fuerzas Militares lograron la captura de nueve presuntos integrantes del grupo disidente Dagoberto Ramos, entre ellos alias Sarria, quien habría participado en la activación de un carro bomba en Corinto, el pasado 26 de marzo y alias ‘Inválido’, quien sería el principal articulador del cobro de extorsiones en el norte de Cauca.

De acuerdo con los informes de la Fiscalía General de la Nación, en una labor investigativa y operativa interinstitucional denominada ‘Apolo’, este martes se realizaron acciones sostenidas contra el Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) Dagoberto Ramos, en las cuales fueron incautados 500 kilogramos de marihuana, 350 kilogramos de explosivos, 3 cohetes para M-64 de fabricación hechiza, 3 metros de cordón detonante, 300 percutores y material de intendencia (uniformes, sudaderos, camuflados, entre otros).

Durante el avance operativo, como se informó oportunamente, se presentaron hostigamientos por parte de estructuras de las ‘Dagoberto Ramos’.

Los operativos produjeron nuevos desplazamientos de población civil que buscó refugio en una caseta comunal en el sector de El Nilo, jurisdicción del municipio de Caloto.

CIDH condena la situación en el Cauca y pide al Gobierno colombiano más esfuerzos en la implementación de políticas contra la violencia

Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió un mensaje pidiéndole al Gobierno colombiano que fortalezca los esfuerzos para defender a la población civil de la región.

El organismo de la OEA expresó “su preocupación por la violencia en el Cauca, especialmente, por el desplazamiento forzado de la población y por el asesinato de personas con liderazgo social. La CIDH exhorta al Estado de Colombia a redoblar sus esfuerzos para desarrollar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia en el país y que garanticen el accionar de las personas con liderazgo social con enfoque étnico diferenciado, así como fortalecer las medidas de atención a las personas desplazadas”.

Al respecto, se puso en evidencia que sólo los enfrentamientos registrados entre miembros de la fuerza pública y grupos armados ilegales como las estructuras disidentes ‘Dagoberto Ramos Ortiz’ y ‘Carlos Patiño’ o el frente José María Becerra del ELN, los días 26 y 27 de marzo en los municipios de Argelia y Caloto dejaron, sólo ese fin de semana, un saldo de 2.500 desplazados, que se vio incrementado la semana pasada con 250 más que huyeron luego de que se registraran nuevos combates.

Tampoco se quedan atrás hechos como el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocue, el pasado 20 de abril, por oponerse al incremento de los cultivos ilícitos en el departamento; o el subsecuente ataque perpetrado por grupos armados contra la minga que protestaba contra dicho hecho de violencia, dos días después, y que dejó a 22 personas heridas y a 12 agresores capturados por las autoridades ancestrales.

La situación preocupa pues, como señala la CIDH, “desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016, habrían sido asesinadas 271 personas con liderazgo social en el departamento del Cauca, el 51 % de estos homicidios fueron contra de personas indígenas, el 26 % contra personas campesinas con liderazgo social, y 11 % contra líderes y lideresas afrodescendientes. Asimismo, la mayoría de líderes y lideresas habrían estado vinculados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”. Eso, en un contexto donde 5.516 de las 99.097 familias inscritas a esa iniciativa tienen en marcha un proyecto productivo, como alternativa a las economías ilícitas.

Por último, están los enfrentamientos registrados entre el 24 y 25 de abril en el municipio de Timbiquí, donde al menos 5.000 personas se encuentran en riesgo de desplazamiento, de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo.

La CIDH reiteró que como actor internacional está dispuesto a contribuir en el proceso de construcción de políticas públicas que garanticen los Derechos Humanos, por medio de herramientas de cooperación técnica.

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