La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía Judicial Sijin, estableció que los predios donde ocurrió el derrumbe en la vereda San Antonio, de Santander de Quilichao, se encuentran autorizados para la exploración por parte de la concesión Anglo Gold y no a la explotación ilegal que se refleja actualmente. Asimismo, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se trata de determinar la ubicación exacta de las coordenadas terrestres con el fin de establecer a quién le pertenecen las tierras.

De acuerdo con información de Policía Judicial se encuentran cerca de dos mil barequeros aglomerados en los alrededores, la Cruz Roja hizo presencia con la Defensa Civil, bomberos, la Policía Nacional, el Ejército y el CTI. En el momento se encuentran 8 retroexcavadoras apoyando las labores de recuperación de los cuerpos y de la maquinaria que se encontraba el momento que ocurrió el alud.

Por otra parte, tras seis meses de investigación, el 28 de febrero de 2014, unidades del CTI de Popayán con apoyo del batallón Pichincha, dieron cumplimiento a tres órdenes de allanamiento, las cuales se llevaron a cabo en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en la veredas de Santa Lucía y Brasilia del corregimiento de San Antonio, donde se efectuó la captura de tres personas y se incautó maquinaria, entre las cuales se encuentran 11 retroexcavadoras.

William Enrique Berrios, Wilmer Arley López y Miguel Antonio Silgado, fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de daño de los recursos naturales y contaminación ambiental por la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Un juez de segunda instancia les sustituyó la medida y les concedió la detención domiciliaria.