Lunes, 2 de octubre de 2023. Última actualización: Hoy
Fiscal insiste en alterar el orden público y desinstitucionalizar a Colombia
Fiscal insiste en alterar el orden público y desinstitucionalizar a Colombia
A pesar de que la opinión pública colombiana “se mamó” de padecer a Francisco Barbosa como cabecilla de la oposición política al gobierno del presidente Petro y defensor de oficio del expresidente Uribe y de su clan, en abuso de autoridad constante como fiscal general de la nación, tendrá que seguir padeciéndolo hasta febrero de 2024.
Es elemental que el fiscal no está facultado para violar la Constitución ni las Leyes de la República, que no debiera delinquir, es lo que uno se imagina como ciudadano. Sin embargo, esta mañana se atrevió a incitar a la Fuerza Pública a la violación de las mismas al invitar públicamente, en otro abuso, a desconocer la autoridad legítima que representa el presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Desconoce el fiscal que la disciplina es condición esencial para la existencia de toda fuerza armada, y que consiste en mandar y obedecer dentro de las atribuciones del superior y las obligaciones y deberes del subalterno. Implica la observancia de las normas y órdenes que consagra el deber profesional.
Pero en su fanático uribismo, con “actitud sediciosa”, y criminal, el fiscal intenta alterar el orden público y desinstitucionalizar a Colombia cuando invita a la sublevación, desconociendo el artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, donde se enuncian las responsabilidades y deberes del presidente elegido democráticamente, quien tiene entre otras obligaciones, la de “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República”.
Ese llamado al desacato es una grave amenaza a la institucionalidad, un paso más en lo que se ha llamado un “golpe blando” y que nos evidencia que el señor Barbosa no ha podido aceptar que la opinión pública mayoritaria decidió un nuevo gobierno que eliminara las condiciones de corrupción extrema que caracterizaron los mandatos de Uribe y Duque, principalmente.
Como indebida reacción, quienes no soportaron las decisiones populares resolvieron hacer, no la oposición democrática, ni la controversia ni el debate constructivo en beneficio de la población, sino una feroz persecución personal contra el jefe del Estado, matizada con amenazas de exmilitares, con el incesante acoso de los entes de control, y con las incoherentes tergiversaciones de los medios de comunicación que la élite socioeconómica mantiene a su servicio.
Todo debidamente coordinado, “un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder”[i].
En estas peligrosas condiciones que le están planteando al pueblo colombiano los rezagos del poder perdido, es natural volver a la cantera que dio origen a este mandato. Es necesario, a pesar de las naturales falencias, seguir adelante con la limpieza moral y económica y con la defensa del Estado de Derecho.
Todos sabemos que esa élite apoyada políticamente por una mafia que añora su corrupto poder, afortunadamente superado hoy, está al acecho. Sabiendo lo manipulable que es Barbosa, le han dado alas para despotricar. En otra ocasión, arremetió contra el jefe de Estado diciendo que era un “irresponsable que no ha asumido con dignidad el rol de presidente”.
Y tras las actuaciones de la procuradora Margarita Cabello, del mismo clan politiquero, que busca, más que como cabeza del Ministerio Público, como integrante de la oposición, debilitar la gestión legislativa de la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, la obligó a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas para solicitar medidas cautelares.
Es decir, los congresistas de la Coalición de Gobierno acudirán a instancias internacionales para hacer valer sus derechos políticos como elegidos por el voto popular, pues, según ellos, las actuaciones de la procuradora Margarita Cabello son abiertamente inconstitucionales y violatorias de la Convención Americana, además de entrar en desacato de las sentencias de la CIDH, cuando le advirtió al Estado Colombiano que ningún funcionario de carácter administrativo, en este caso la procuradora, puede afectar los derechos políticos de los funcionarios y servidores de elección popular.
En consecuencia, los congresistas del Pacto no solo acudirán a las instancias legales que les dan la Constitución y la Ley, sino que además acudirán al constituyente primario, es decir, que saldrán a las calles para que sea la gente la que participe en la defensa de sus derechos de elegir y ser elegidos.
Esto, obviamente lo respalda el Jefe de Estado, quien recordó que los electores tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. «No destruyan por favor, la democracia en Colombia» , puntualizó el presidente. «El Pacto Histórico debe saber que su defensa no es solo la CIDH y la justicia decente del país, su defensa es la convocatoria popular. No separarse del pueblo», añadió. Y le pidió al Pacto Histórico convocar las asambleas de inmediato en todos los municipios del país. “Es lamentable, pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la Fiscalía y la Procuraduría para resolver la política”, concluyó.
CUT ratificó marcha del 7 de junio
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, acogió la iniciativa de salir a las calles a marchar y desde este sector se unieron a las críticas contra la procuradora, además apoyaron la tesis del presidente Petro sobre el peligro que se fragua denominado «golpe blando».
El presidente Gustavo Petro reveló que esta vez no hará su habitual balconazo, sino que saldrá a marchar para demostrar el apoyo que es necesario a «las reformas y el cambio».
[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_blando
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