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Fin a los bloqueos se acordó hoy en Popayán

El domingo 8 septiembre, 2013 a las 7:41 pm

Firma Acuerdo

Voceros de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular y de Interlocución –MIA- junto con delegados de los campesinos de 17 departamentos, los gobernadores de los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Meta, Tolima y Huila, el defensor del pueblo del Cauca y del Valle del Cauca, el vicepresidente de la república, en presencia del coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, reunidos hoy en Popayán, llegaron a los siguientes acuerdos:

La Mesa Nacional Agropecuaria y Popular y de Interlocución –MIA- se compromete a poner fin a todos los bloqueos en los diferentes sitios del país con motivo del paro agrario.

En concordancia, el Gobierno nacional designará una comisión para negociar los seis puntos del pliego presentado por la MIA y proponen al respecto al expresidente Ernesto Samper Pizano; al presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo; el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro; el sacerdote Francisco de Roux; el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, Frabrizio Hotchschild y el representante de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Todd Howland.

Igualmente, se acordó en el día de hoy, que los gobernadores se comprometen a concertar con la MIA las peticiones pertinentes por cada departamento.

La instalación del proceso con la comisión de alto nivel se realizará en Popayán y se continuarán las reuniones, de manera alternada, en otras ciudades, teniendo en cuenta los acuerdos logrados en Tunja, Neiva, Ipiales y Catatumbo.

Pliego de peticiones que motiva el Paro Nacional Agrario

Acuerdo desbloqueo

Para ilustración de los lectores de Proclama del Cauca, publicamos a continuación los seis puntos básicos contempla el pliego de peticiones elaborado por la llamada “Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo”, MIA, advirtiendo que cada uno de estos puntos tiene sub-puntos que sustentan el principal.

1.- Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.

1.1.    Precios de sustentación para la producción campesina.
1.2.    Reducción de los precios de los combustibles y peajes.
1.3.    Reducción de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.
1.4.    Modificación de la política antidroga.
1.5.    Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización agropecuaria de pequeños y medianos productores, incluyendo lo relativo al manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos productivos para el sector.
1.6.    Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspensión y revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China y demás países.
1.7.    Condonación total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política de créditos blandos para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.
1.8.    Adopción de seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas y fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del sistema financiero.

2.- Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.

2.1.    Adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados.
2.2.    Compra directa de tierras por el INCODER para ser tituladas de manera colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas.
2.3.    Detener la política de extranjerización de tierras.
2.4.    Iniciar, adelantar y culminar en el término máximo de un año, los procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras poseídas por campesinos, para luego adjudicarlas a éstos.
2.5.    Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.

3.- Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.

3.1.    Delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución.
3.2.    Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un año a partir de la solicitud.
3.3.    La financiación y ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.

4.- Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.

4.1.    Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país.
4.2.    Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.
4.3.    Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas.
4.4.    Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.
4.5.    Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos mineros en ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos.
4.6.    Sujeción del desarrollo de actividades mineras a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.
4.7.    Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.

5.- Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.

5.1.    Adopción por parte del Estado colombiano, de la convención de los derechos de los campesinos y las campesinas, aprobada en la reunión de la comisión de los Derechos Humanos de las ONU.
5.2.    Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.
5.3.    Otorgar el derecho a la consulta previa, a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y en lo cultural.
5.4.    Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación del desarrollo rural.

6.- Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

6.1.1. Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica y media, superior y técnica.
6.1.2. Nombramiento de planta docente.
6.1.3. Derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.
6.1.4. Partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.
6.1.5. Se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio social.
6.1.6. Condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.
6.1.7. Devolución de las microcentrales hidroeléctricas a las comunidades.
6.1.8. Una nueva tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la especulación.
6.1.9. Que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.
6.1.10.   Destinación de recursos para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural.

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