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Estamos meando por fuera del tiesto en la solución del problema del alumbrado público en Santander de Quilichao

El jueves 11 mayo, 2017 a las 8:47 pm

Este es un problema cuyo resultado final afectará a todos los habitantes de Santander de Quilichao. El Gobierno Nacional, desde Pastrana presidente, ha pretendido transmitirle al consumidor caucano las deficiencias de su manejo del sector eléctrico.

Por Alfonso J. Luna Geller

La ‘astronómica’ deuda que Cedelca y la Compañía Energética de Occidente le cobran a Santander de Quilichao por el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público y el servicio de las dependencias oficiales, no es un problema del Municipio y mucho menos, un pasivo que tengan que pagar las comunidades con el erario o hacienda pública local.

Sin embargo, por desacertadas providencias jurídicas, sumadas al desconocimiento, apatía, indiferencia y displicencia de diferentes administraciones públicas de Quilichao, el enano se creció, y ahora pareciera que en realidad fuéramos responsables de las decisiones que otros tomaron en beneficio de intereses privados y en detrimento de lo público y que por esa incuria característica de algunos alcaldes y asesores jurídicos de la administración local, ‘olímpicamente’, mejor, ‘jurídicamente’, hoy nos achacan a nosotros.

Las cosas hay que tomarlas con calma, estudiarlas y analizarlas, para comprometernos con decisiones que conduzcan a la solución del problema. A pesar del tiempo perdido, todavía es mucho lo que puede y debe hacerse, antes de que el Consejo de Estado nos condene definitivamente. No es “meando por fuera del tiesto” como se ha venido haciendo, echándole la culpa a quien no la tiene, y menos, agrandando los problemas, como pretende el ofuscado presidente del Concejo de Santander que incita a la comisión de aquellos hechos violentos que siempre resultan cuando las comunidades se toman la vía Panamericana para reclamar asuntos que pueden, y deben, resolverse legítimamente y no por las vías de hecho. Y mucho menos, otorgándole poder para que defienda los intereses de los quilichagueños a un abogado que era el gobernador del Cauca con asiento en la junta directiva de Cedelca precisamente cuando el Gobierno Nacional a través de ésta electrificadora desconoció los derechos del Municipio de Santander de Quilichao registrados en la escritura pública 1572 de 1962. Paradójico, extravagante, otra ‘novedosa’ alcaldada ¿no?

El único responsable de la deuda que pretenden colgarnos es el Gobierno Nacional, y debe pagarla. Al contrario, al Municipio de Santander de Quilichao le deben una indemnización igual o mayor a los valores que intentan reclamarnos, por la infraestructura eléctrica entregada a Cedelca para su explotación –que hoy Quilichao la tiene perdida- y por las inversiones acumuladas desde 1959, cuando se creó Cedelca, representadas en acciones de alto valor económico que le fueron paulatinamente conculcadas al Municipio, desvalorizándolas hasta hacerlas desaparecer.

La deuda es del Gobierno Nacional con las electrificadoras Cedelca y Compañía Energética de Occidente porque, en primer lugar, como accionista mayoritario de Cedelca, pone y quita gerentes, dispone inversiones, tanto que la intervino y la manejó por más de 11 años cuando la quebraron los gerentes que sin dar pie con bola por allí pasaron, echándole la culpa de su incompetencia al Fenómeno del Niño, a la violencia, a los actos terroristas y a otros factores externos. El Gobierno Nacional –presidentes Pastrana y Uribe- a la cabeza, supuestamente se tragó el cuento, o se hizo el de la vista gorda, porque lo importante era privatizar el servicio de energía eléctrica en el Cauca. Fue el Gobierno Nacional el que sin consulta le entregó finalmente la infraestructura eléctrica pública al sindicato de la UTEN y la comercialización –compra-venta de energía eléctrica- a la Compañía Energética de Occidente, el operador privado que llegó cuando a Santander de Quilichao ya lo tenían en la olla.

Santander de Quilichao como víctima de estas decisiones no tuvo quien defendiera oportunamente sus intereses, y en consecuencia, ahora la hacen aparecer como una victimaria que debe ser condenada. Irónico, los pájaros tirándoles a las escopetas ¿no? Vamos a cumplir 20 años desde que Cedelca como empresa del Estado después de todos sus descalabros financieros provocados, premeditados, decidió echarle la culpa de su fracaso al convenio que tenía con Santander de Quilichao y otros municipios. Cedelca les desconoció sus derechos adquiridos, una entidad del Estado que aun cuando goza de autonomía administrativa está sujeta al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración a la cual está adscrita, es decir, a los ministerios de Minas y de Hacienda.

Ya vamos a cumplir los 20 años de este despojo a los quilichagueños, pues nunca se supo qué pasó con la microcentral eléctrica de Mondomo, ni con las valiosas acciones que teníamos, problema que ha pasado por las manos de diferentes asesores jurídicos de los alcaldes Willians Ortiz Ararat, Ricardo Cifuentes Guzmán, Carlos Julio Bonilla Soto, Juan José Fernández Mera y Eduardo Grijalba Muñoz, y ahora, en manos de Álvaro Mendoza Bermúdez, quien anunció que designará al abogado y exgobernador César Negret Mosquera como defensor de Quilichao (¿?)… para acabar de complicar las cosas, y gastarnos una platica larga con otra hipotética asesoría jurídica, en vez de buscarle una solución realmente eficaz al asunto, que sería un debate en el Congreso de la República para que sea el Gobierno Nacional quien asuma sus responsabilidades y cancele finalmente lo que debe como consecuencia del injusto y desacertado manejo que le dio a su empresa Cedelca.

Exconcejal Nestor Pardo y el actual alcalde, Alvaro Mendoza Bermúdez

Es que Cedelca como empresa del Gobierno Nacional, es controlada por el Ministerio de Minas y Energía, cuyos accionistas mayoritarios son el mismo Ministerio de Minas y Energía (41.833%) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (13.56%), además de la Gobernación del Cauca (12.59%), la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. (0.000013%), el Comité de Cafeteros (0.00555%), la Corporación autónoma regional del Cauca – CRC y los municipios. Y esta empresa, en 1998, siendo gobernador del Cauca y miembro de su junta directiva Negret Mosquera, decidió desconocer unilateralmente los compromisos adquiridos con Santander de Quilichao y comenzó a cobrarle irregularmente el servicio de alumbrado público, y al no obtener la respuesta esperada, que sería prevaricadora, o un peculado, le presentó una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Cauca que sin mayores elementos de juicio condenó en primera instancia al Municipio a pagar una deuda que se autoliquidó el mismo demandante haciendo de juez y parte. Increíble.

Cedelca, es decir el Gobierno Nacional aún pretende que el Consejo de Estado declare la nulidad absoluta del convenio contenido en la Escritura Pública 1572 y en consecuencia, condene al Municipio a pagar a Centrales Eléctricas del Cauca S. A. el servicio de energía que se suministró para el alumbrado público, con sus respectivos intereses comerciales moratorios, y el valor de los gastos procesales, porque según los administradores que al final condujeron a la quiebra a esa empresa, “se presentaron circunstancias que alteraron la relación del equilibrio económico y financiero”, como llamaron en su momento la corrupción y que en parte fue aceptada por el Tribunal. Cobros, entre otras cosas, inoportunos e indebidos, de conformidad con el art. 150 de la Ley 142 de 1994, pues la primera reclamación que efectúa Cedelca S.A. E.S.P. al Municipio, ocurrió 36 años después y en todo ese tiempo no se hizo entrega de las facturas correspondientes que permitieran identificar y cuantificar los consumos mes a mes por alumbrado público a la entidad territorial. Es decir que no hubo, ni hay eficacia probatoria ni idónea para demostrar que Santander de Quilichao fuera el causante del desequilibrio financiero de Cedelca.

Después vinieron los cobros de la Compañía Energética de Occidente sin haberse resuelto la emboscada contra el Municipio de Santander de Quilichao, diseñada como resultado de la privatización ordenada por el gobierno de Uribe Vélez en beneficio final del emporio económico de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Deuda propiciada también por el Gobierno Nacional.

Historia de una celada

No podemos cansarnos de repetir, hasta que se haga justicia, que el 2 de octubre de 1962, en la Notaría Primera de Popayán se firmó la Escritura Pública 1572, instrumento jurídico por el cual el Quilichao adquirió 178.458 acciones de Cedelca, paquete accionario que pagó transfiriendo a la electrificadora el dominio y la posesión de la Central Hidroeléctrica de Mondomo, a cambio de que Cedelca suministrara el servicio de alumbrado público de la ciudad de Santander, sus dependencias municipales y el servicio de energía permanente de Hospital Francisco de Paula Santander y de los establecimientos de educación municipales, con cargo a las utilidades que se liquidaran a favor del Municipio por el aporte total de las acciones suscritas y pagadas. Es más, Santander de Quilichao, cada uno de los habitantes, en virtud de la Ley 178 de 1959 aportaron con el Impuesto Predial un sobrecosto equivalente al 2×1000 sobre el monto de los avalúos catastrales, dineros que se iban convirtiendo cada año en nuevas acciones del Municipio. Según constancia expedida por Cedelca a 30 de noviembre de 2008 el Municipio contaba con 87’662.846 acciones cuyo valor intrínseco sumaba más de $8.704 millones. Es con las utilidades de este capital que le pagamos el servicio de alumbrado público y el consumo de energía de las dependencias municipales. Nada debemos. ¡Al contrario!

Es tan responsable de las deudas el Gobierno Nacional que sin tener en cuenta al Municipio de Santander, en cumplimiento de la Ley 788 de 2002, reconociendo su responsabilidad, aportó a Cedelca la suma de $4.337.794.299 para cancelar los supuestos compromisos adquiridos por el Municipio hasta el 30 de junio de 2002. Es decir que el litigio debería comenzar es en este año y no como lo falló el Tribunal Administrativo de Popayán, desde muchísimos años antes.

El problema realmente es que durante 50 años la clase política tradicional caucana utilizó a Cedelca como fuente burocrática, lo cual condujo a su atraso técnico y financiero. Por esa razón, y para para no afectar el patrimonio de la Nación, desde el año 1999 fue intervenida con supuestas intenciones de salvarla, pero los hechos demostraron que todo empeoró. El Gobierno Nacional, por intermedio de la Superintendencia de Servicios Públicos, asumió el control directo de la compañía cuando Cedelca inició su proceso de insolvencia debido a los altos niveles corrupción y politiquería en que envolvieron a esa entidad. La administración de Cedelca siguió por más 11 años en manos del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Durante estos años continuaron los asaltos burocráticos a las flacas finanzas de la empresa.

Todo demuestra, entonces, que el Gobierno Nacional hizo y deshizo con Cedelca y que él mismo desconoció los compromisos que había adquirido con el Municipio de Santander de Quilichao a través de Cedelca. Además, todo confirma que la Superservicios no fue sino el instrumento especializado para desarrollar la política privatizadora del Gobierno y que su gestión al frente Cedelca se limitó a generar las condiciones propicias, incluido el provocado descontento de los usuarios, para dar paso a su liquidación definitiva y a la entrega de la prestación del servicio al sector privado. Este asunto es el que hay que demostrárselo en un debate en el Congreso de la República para que asuma el saneamiento de Santander de Quilichao y a partir de una fecha determinada, una vez arregle sus deudas con el otro bolsillo que es Cedelca, y con la CEO, y se indemnice a Santander de Quilichao por la pérdida de sus inversiones en Cedelca, entonces sí comience la Administración Municipal a presupuestar sus gastos en alumbrado público, a partir de ceros. El representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla Soto se ha mostrado interesado en liderar la defensa de Quilichao ante el Congreso de la República, anuncio que le ha granjeado el apoyo de las comunidades y el respaldo de algunos parlamentarios de la bancada caucana y de los otros municipios afectados.

Para los curiosos y estudiosos de este despelote

En el año 2005 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, argumentando que no se habían superado las causas que dieron origen a la intervención de 1999, modificó la modalidad de la toma de posesión para administrar de Cedelca, por toma de posesión con fines liquidatorios para entregar a un gestor privado la operación de la empresa durante 20 años (al final, generosamente, se entregó por 25 años).

Culminando el año 2007, el Gobierno Nacional (SSPD) vinculó a ETA-Servicios en calidad de gestor especializado para la prestación provisional del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en el Cauca. Fracasó.

En el 2007 adjudicó otro contrato para administrar, operar y mantener el sistema eléctrico del departamento, a una misteriosa empresa de inversionistas de Armenia y Pereira, Promesa de Sociedad Futura Compañía de Electricidad del Cauca (Codelca), que asumiría las faenas por 20 años, pero como los ‘torcidos’ seguían vigentes, esto también les falló. Primero se adjudicó y después se constituyó legalmente el operador. A Codelca se le adjudicó el contrato el 17 de septiembre de 2008, posteriormente, el 3 de octubre de 2008, se transformó en Compañía de Electricidad del Cauca S.A. Empresa de Servicios Públicos – CEC S.A. E.S.P. con capital panameño y poco colombiano, constituida por escritura pública en la Notaria tercera de Popayán. Fracasó por la manera indecente e inmoral como se adjudicó el proceso. Durante el primer semestre del año 2009 se presentaron serios incumplimientos de las cláusulas del contrato. Cedelca S.A.ESP, el Gobierno Nacional, tras un debate en el Congreso de la República, notificó a CEC SA-ESP la terminación unilateral del contrato.

Luego suscribió un contrato de operación con la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional UTEN, con el objeto de operar, mantener y administrar las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas y el 28 de junio de 2010, un contrato de gestión con la Compañía Energética de Occidente S.A.S. (CEO) para el desarrollo de la gestión administrativa, operativa, técnica y comercial, la inversión, ampliación de coberturas, rehabilitación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y el desarrollo de otras actividades necesarias para la prestación del servicio de energía eléctrica en el Departamento del Cauca.

En esto estamos, esperando que el Gobierno asuma sus responsabilidades, que pague e indemnice, y todos nuevamente a la normalidad, a seguir construyendo futuro en paz, alegres y optimistas, como todos los caucanos deseamos, con un Gobierno Nacional que realmente aporte las herramientas necesarias para lograrlo.

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