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Estamos ante un cese al fuego bilateral disfrazado: Procurador Ordóñez

El miércoles 11 marzo, 2015 a las 11:38 am
Procurador Alejandro Ordóñez, Presidente de la República

Procurador Alejandro Ordóñez, Presidente de la República

El procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, calificó hoy de “cese bilateral disfrazado y un golpe más a la moral de las Fuerzas Militares de Colombia”, el mandato del presidente de la república, Juan Manuel Santos, por el cual ordenó a los comandantes de las Fuerzas Militares cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes.

Ordóñez Maldonado dijo a través de un comunicado que el presidente de la república no puede omitir la obligación constitucional que tiene la fuerza pública: “No se puede paralizar a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional en contra de ese grupo cuando continúan sus actividades criminales… La orden que amarra a la fuerza pública en contra de esa guerrilla desprotege peligrosamente a los ciudadanos”.

En otros apartes del comunicado de la Procuraduría, Ordóñez Maldonado afirmó que “es evidente que el Gobierno ya decidió aceptar la imposición de las FARC de un cese bilateral antes de la firma del Acuerdo de Terminación del Conflicto, aún con la posibilidad de que este no se llegue a firmar” y a renglón seguido declaró que “el presidente debe señalar cómo hará su gobierno para evitar que la suspensión de los bombardeos contras las FARC termine por beneficiar al ELN y a las Bacrim”.

«Esta no es una decisión a espaldas del estamento militar y policial»: Humberto de la Calle

Humberto de la Calle

Humberto de la Calle

El jefe de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz en La Habana, Humberto de la Calle, aseguró que la decisión de suspender por un mes los bombardeos a los campamentos de las Farc, fue una determinación tomada en coordinación con las Fuerzas Armadas. «Todas estas decisiones han sido siempre coordinadas y consultadas con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Militares y de Policía. Esto no es una decisión a espaldas del estamento militar y policial».

«No es un cese bilateral disfrazado. Hay una subcomisión de fin del conflicto donde estamos discutiendo las características de un cese definitivo y bilateral en el futuro con suficientes garantías y verificación, un cese serio, un cese de verdad para la finalización definitiva del conflicto».

El jefe de la Delegación afirmó que no hay parálisis de la fuerza pública y que éstas seguirán ejerciendo sus funciones constitucionales, porque la medida sólo incluye los bombardeos a los campamentos de las Farc.

«Esta situación no implica que vamos a frenar la acción de la fuerza pública en todo el territorio nacional. En particular, seguirán combatiendo manifestaciones como la extorsión, el secuestro, el narcotráfico. Aquí no hay acantonamiento de las Fuerzas Militares, no hay repliegue de Fuerzas Militares».

Finalmente, de la Calle aseguró que el anuncio del primer mandatario es una «medida de construcción de confianza y en ese sentido hay que mirarla en términos de un propósito final, que es la terminación del conflicto armado».

Defensoría valora pasos hacia la disminución del conflicto 

Defensor del Pueblo - Jorge Armando Otálora

Defensor del Pueblo – Jorge Armando Otálora

La Entidad considera que la correspondencia de medidas como el cese unilateral de las FARC y la suspensión de bombardeos ordenada por el Presidente, reflejan la madurez del proceso de paz.

Aspectos adicionales como el acuerdo para el desminado y la decisión de frenar el reclutamiento forzado de menores de 17 años, también son cuota importante para afirmar la confianza en las negociaciones.

La Defensoría del Pueblo insiste en que la mejor manera de legitimar estos anuncios esperanzadores es poniendo en práctica los compromisos adquiridos en La Habana, y llama la atención del ELN para que asuma su responsabilidad con el momento histórico que vive el país.

El defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, recordó que según la Constitución Política del país es potestad del jefe del Estado adoptar este tipo de medidas, y dijo que en lugar de un retroceso para la seguridad, como aseguran algunos, debería interpretarse como un avance hacia el fin de la guerra.

El funcionario señaló que esa instrucción al Ministerio de Defensa y a la fuerza pública guarda correspondencia con la tregua unilateral ofrecida por las FARC y la determinación de ese grupo guerrillero para cesar el reclutamiento forzado de menores de 17 años, hechos que sumados al acuerdo general para el desminado reflejan el progreso en el proceso de paz y la voluntad de las partes para avanzar con dinamismo hacia la reconciliación.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo confió en que el ELN entienda su responsabilidad en este momento histórico para acudir a la sensatez y actuar en consecuencia con la voluntad de paz expresada por los jefes de esa organización, en lugar de persistir  en acciones como el reciente secuestro de los geólogos tardía pero afortunadamente liberados.

Finalmente, el Defensor del Pueblo respaldó plenamente la decisión del Presidente de la República de declarar objetivo de alto valor a las estructuras del crimen organizado, y pidió en este sentido identificar y capturar a los responsables de las amenazas que en las últimas horas fueron proferidas contra integrantes de la Fundación Paz y Reconciliación, algunos congresistas y el Alcalde Mayor de Bogotá.

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