Por: Unidad Investigativa de PROCLAMA

Parece nunca acabar la problemática del agua en Puerto Tejada una población nortecaucana que sigue resignada a esperar que definitivamente se le dé una solución con la construcción del llamado Acueducto Afronortecaucano cuyas obras se iniciaron recientemente en la zona rural de El Chamizo en Padilla y que abastecerá supuestamente de agua suficiente a Padilla, Guachené, Puerto Tejada, Villarica y la vereda Quintero de Caloto.

El Gobierno Nacional del presidente Santos ha dispuesto un total de 34 mil millones de pesos lo que la convierte en la obra más importante y grande de la región en los últimos años con mayor impacto y beneficio comunitario, buscando terminar aquella vieja irónica paradoja de Puerto Tejada de estar bañada por cinco ríos y no contar con un buen sistema de agua potable y suficiente para sus casi 70 mil habitantes.

No obstante, para los veedores de los servicios públicos domiciliarios de Puerto Tejada hay ciertos asuntos que merecen ser aclarados en la prestación de este vital servicio tras conocerse que la Contraloría General del Cauca mediante resolución número 152 del 15 de mayo del año en curso, declaró improcedente el uso de la Urgencia manifiesta establecida mediante el Decreto No. 073 del 5 de Julio de 2013 de la Alcaldía de esta localidad, al tiempo que compulsa copias a la Procuraduría General de la Nación Delegada para la Contratación Administrativa para que se investigue presuntas faltas disciplinarias que se pudieron haber derivado ya que el ente fiscal considera “indebida utilización de la modalidad excepcional de Urgencia manifiesta”.

La fundamentación que tuvo el ente de control para sancionar y cuestionar al alcalde de Puerto Tejada, Gustavo Alberto Hincapié Palomeque, fue la determinar que inexplicablemente el funcionario y sus asesores jurídicos enviaron a la Contraloría casi nueve meses después la documentación y contratos que deberían haberse remitido al órgano de control de forma inmediata de conformidad con la Ley 80 de 1993.

La Contraloría del Cauca logró establecer que se celebraron varios contratos por valor de $622’296.559 con el soporte fáctico de la declaratoria de urgencia manifiesta cimentada en la necesidad de dar continuidad y prestación de los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Puerto Tejada a raíz de la sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con la prohibición durante 10 años a las Empresas Públicas de Puerto Tejada, EMPUERTO ESP, hoy en liquidación, debido a la desorganización y desgreño administrativo encontrado en el año del 2012.

El ente de control fiscal en el Cauca igualmente cuestionó que tan sólo el 24 de Enero de 2014, “seis meses después de haber operado el cese definitivo de EMPUERTO ESP inició el proceso licitatorio tendiente a seleccionar un operador especializado, lo que demuestra falta de planeación contractual, falta de eficiencia administrativa, lo que da argumentos para declarar improcedente el uso de la urgencia manifiesta”.

Pese a la actuación de la Contraloría, debido a la desidia y pasividad del alcalde Gustavo Hincapié, quien tan solo radica el 17 de marzo de 2014 la solicitud de control de legalidad, para el exconcejal Alirio Valencia Lasso, vocero de los usuarios de los servicios públicos en Puerto Tejada, el contralor general del Cauca, Dumer Cifuentes Piamba, “no actuó oportunamente sobre el caso denunciado, ya que había sido advertido de la seria irregularidad administrativa desde el día 15 de Enero de 2014 por el ciudadano Milagro Rafael Meñeca Gómez, violando el jefe del control fiscal en el Cauca el artículo 43 de la Ley 80 de 1993 que habla de control de la urgencia manifiesta y que deberá  pronunciarse dentro de los dos meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración”.

Ante tal situación Valencia Lasso interpuso una acción de cumplimiento contra el ente fiscalizador cuya acción judicial fue aceptada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán y se encuentra en curso buscando que ésta sea la garantía constitucional que pueden ejercer todas las personas para que la autoridad judicial competente ordene el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, como el planteado en el caso de la cuestionada urgencia manifiesta, la cual la Contraloría ha considerado como improcedente.

Para el vocal de control del Comité de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios de Puerto Tejada, Dago Alberto Balanta “la empresa actual que presta el suministro de agua es un negocio en el que están ‘pañando’, gracias a la serie facilidades que le ha proporcionado la Administración Municipal por el mal asesoramiento jurídico e improvisaciones que permitieron la contratación con OPSA ESP que cobra indebidamente a los usuarios, abusando de los clientes, viene funcionando sin contrato alguno legalmente establecido”.

Por su parte la también vocal de control Rita Torres Lopera, expresó que espera “una rápida acción de los entes de control y la justicia para determinar responsabilidades en el inadecuado y sospechoso manejo que se le ha venido dando a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado de una empresa que recibe millonarios subsidios del Municipio, cobra a los clientes, pero no mejora ostensiblemente la calidad del líquido, habiendo incluso algunos sectores en donde aún no llega adecuadamente el suministro de agua”.

El extrabajador de EMPUERTO ESP Holdan Shek Peña, advirtió que ha sido tal la irresponsabilidad en el manejo de las empresas que prestan los servicios de agua y alcantarillado en Puerto Tejada que aún les adeudan 7 años de seguridad social, pese “a que nos descontaban mensualmente y no se ha procedido al cumplimiento de otras prestaciones, así como los salarios y liquidaciones pendientes”.

La unidad investigativa de PROCLAMA ha intentado comunicarse directamente con el alcalde Gustavo Hincapié Palomeque, para conocer su opinión sobre el particular pero ha sido infructuoso ya que no contesta su teléfono celular y no permanece en su despacho como lo hemos comprobado personalmente.

Espere en una próxima entrega, reacciones del exministro de Vivienda y Agua Potable, hoy vicepresidente electo de la República, Germán Vargas Lleras, concejales y dirigentes sobre el tema, así como quienes son realmente los verdaderos dueños de la empresa OPSA EPS que presta el servicio de agua y alcantarillado en Puerto Tejada, la cual viene siendo cuestionada por los veedores de los servicios públicos.