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La Fiscalía General de la Nación imputará cargos por el delito de concusión en contra de Lucy de Moreno, esposa del exsenador Iván Moreno Rojas, por su actuación durante el proceso de construcción de la vía que de Bogotá conduce a Girardot (Cundinamarca).

El pasado viernes 8 de marzo, el ente acusador hizo la petición respectiva y esta quedó programada para el día 24 de abril a las 10:30 de la mañana, explicó el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo.

El funcionario informó que a la señora Lucy de Moreno se le imputará el cargo en su calidad de coautora, por considerar que ella, de la mano de su esposo, pidió a los integrantes del grupo Nule la entrega en calidad de arrendamiento de las estaciones de gasolina del trayecto Bogotá-Girardot, que estaba siendo construido por el citado grupo empresarial.

“Ella y su esposo se aprovecharon del interés del grupo Nule de continuar contratando con el Distrito Capital”, añadió Perdomo.

Julio Gómez estaría diez años en la cárcel gracias a acuerdo con la Fiscalía

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Diez años en establecimiento carcelario estaría recluido el excontratista del Distrito Capital Julio Gómez en virtud del preacuerdo suscrito por la Fiscalía General de la Nación y la defensa del procesado.

El otro eje central sobre el cual gira este acuerdo, además de la llegada a la cárcel por parte de Gómez, es un compromiso de entrega de información que permita esclarecer las irregularidades cometidas en los procesos de contratación pública en Bogotá durante varias administraciones, explicó el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo.

Gómez, en el marco de lo firmado el pasado ocho de marzo “se compromete a colaborar con la Fiscalía entregando información importante que ayude a esclarecer lo que se ha conocido como el Carrusel de la Contratación. Información en los procesos que se adelantan contra los señores Nule, algunos funcionarios que participaron en varias administraciones y algunos concejales del Distrito en varios períodos”, explicó Perdomo.

En el acuerdo serán vinculados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y peculado por apropiación en calidad de interviniente. En cuando al delito de concierto para delinquir, la Fiscalía solicitará que se apruebe un principio de oportunidad que favorezca a Gómez.

“Frente a la parte económica del preacuerdo, lo dejaremos sometido a la decisión del juez de conocimiento en el incidente de reparación integral que se realiza al final del proceso. Debe contarse con la anuencia de la víctima y en este caso quien es víctima es el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que también ha estado de acuerdo con la realización del preacuerdo.