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Lunes, 3 de octubre de 2022. Última actualización: Hoy

Embajador ante la OEA deberá restituirle casi 2.000 millones al Estado

El martes 4 enero, 2022 a las 5:40 pm

Embajador ante la OEA deberá restituirle casi 2.000 millones al Estado

Alfonso J Luna Geller

El destituido y corrupto exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien en premio fue nombrado por el presidente Duque como embajador de Colombia ante la OEA, tendrá que devolver el dinero que la Procuraduría General de la Nación pagó cuando, en ejercicio de su reconocida politiquería desde el cargo público, en septiembre de 2010, destituyó a Piedad Córdoba de su cargo como senadora y la inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos porque, según argumentó, tenía pruebas de sus vínculos con las Farc. Supuestas pruebas que nunca fueron relevantes.

El detrimento causado por el procurador Ordóñez a los recursos públicos, se produjo cuando, en agosto del 2016, el Consejo de Estado le restituyó los derechos políticos a Piedad Esneda Córdoba Ruíz y decidió que la Procuraduría le pagara una multa de 1.675 millones de pesos, como indemnización por los perjuicios causados y que equivalían a los salarios que ella dejó de recibir mientras estuvo vigente la sanción disciplinaria.

Esa es la cantidad de dinero que, con la respectiva indexación e intereses, ahora tendrá que devolverle Ordóñez, de sus recursos personales, al Estado colombiano, como resultado de una demanda promovida ante el Consejo de Estado, en 2018, por su sucesor en la Procuraduría, Fernando Carrillo Flórez, quien consideró que el error de Alejandro Ordóñez provocó que la Procuraduría fuera condenada y tuviera que desembolsar ese monto.

Como se recordará, Alejandro Ordóñez dedicó la Procuraduría para perseguir opositores y en beneficio de sus amigotes, por eso, la Sala Plena del Consejo de Estado aprobó su destitución (septiembre de 2016) cuando demostró que su reelección se hizo de forma irregular, por cuenta de repartir cargos entre sus propios nominadores (magistrados de la Corte Suprema), que no se declararon impedidos para reelegirlo.

También se ha criticado que el presidente Duque mantenga a Ordóñez como representante del país en la OEA, argumentándose que deja mucho que desear sobre su compromiso con la lucha contra la corrupción, pues cuando fue procurador, Ordóñez no solo no investigó los sobornos de Odebrecht a funcionarios en la licitación de la Ruta del Sol, sino que dejó prescribir el caso al pedirle a la funcionaria a cargo que se ocupara de otros asuntos. Otra actuación que desnudó su escasa moralidad fue cuando el caso del exmagistrado Pretel (Corte Constitucional), quien habiendo sido destituido de su cargo al conocerse la investigación en su contra, por supuestamente, haber pedido 500 millones de pesos a cambio de influir en sus compañeros del alto tribunal en un fallo de tutela relacionado con la empresa Fidupetrol y por el supuesto despojo de tierras en Urabá, permitió el olvido administrativo y disciplinario, porque la esposa y la hermana de Pretelt, también eran sus subalternas, igual que familiares de otros corruptos de cuello blanco como el exmagistrado Leonidas Bustos, funcionario que fue acusado por el Congreso de ser el “cerebro” detrás la organización criminal que conocimos como el cartel de la toga.

En estas circunstancias, el Consejo de Estado tiene que resolver en el primer semestre del 2022 la demanda de repetición en contra del embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, mientras que su perseguida, Piedad Córdoba, hoy es candidata al Senado por el Pacto Histórico.

Pero, es más, el embajador Ordoñez tiene vigente una investigación penal en su contra, por calumnia, ante la Corte Suprema de Justicia, por los señalamientos que realizó en varios medios de comunicación cuando el Consejo de Estado revocó la decisión de destituir e inhabilitar a Piedad Córdoba, mostrando su inconformismo con la decisión de ese alto tribunal y, contrariamente, resolvió mantener sus conjeturas públicas contra la exsenadora.

Ante esto, y pese a que el Consejo de Estado determinó que no hay pruebas sobre nexos criminales de la exsenadora Córdoba, esta se vio obligada a interponer la demanda por calumnia, que hoy continúa por decisión del magistrado Jorge Emilio Caldas, de la Sala de Primera Instancia de la Corte.

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