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El pertinaz conflicto interétnico del Cauca

El lunes 22 octubre, 2018 a las 9:04 pm
El pertinaz conflicto interétnico del Cauca

Audiencia pública realizada el viernes 19 de octubre en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono.

El pertinaz conflicto interétnico del Cauca

El pertinaz conflicto interétnico del Cauca

Por Alfonso J. Luna Geller – Cámara y fotografías: Kelly Stephany Cortés Ceballos

Una de las principales características del actual conflicto inter-indígena del nororiente del Cauca es la imposibilidad que han demostrado las autoridades tradicionales de los diferentes grupos étnicos de lograr acuerdos para la convivencia pacífica entre comunidades. Ya suman más de 17 años en una aguda controversia por tierras ubicadas en el corregimiento de Siberia y de Pescador, municipio de Caldono y las circunstancias cada año parecen agravarse más.

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Nibaldo Panche, gobernador Cabildo La Laguna Siberia

El pasado viernes 19 de octubre se cerró otro capítulo del incesante antagonismo nasa-misak, en Siberia, donde los indígenas vienen dándose palo desde el 25 de junio de 2018 cuando los nasas, representados por el Cabildo La Laguna Siberia decidieron declararse nuevamente en resistencia para oponerse a la creación del resguardo misak (guambiano).

Por esta razón, según un comunicado del pueblo misak, el 19 de julio los nasas desplazaron a 169 familias misak de los predios Las Guacas (vereda El Cidral), Ambato (vereda Santa Bárbara), Cresta de Gallo (vereda La Buitrera), La Fortuna (vereda Palermo), que hacen parte de su territorio ancestral adquirido legítimamente.

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Pancarta de la comunidad misak que se encuentra desplazada en la plaza de mercado de Siberia.

En aquella ocasión el Cabildo Misak Ovejas Siberia expidió un comunicado denunciando que el predio Ambato fue ocupado de manera irregular, mediante actos de violencia, amenazas, desplazamiento forzado, saqueo, daños materiales físicos y psicológicos por la comunidad Nasa del resguardo La Laguna Siberia.

Igual ocurrió con el predio Cresta de Gallo y en La Buitrera, pues según argumenta la comunidad Misak, los terrenos fueron adquiridos de manera legal mediante el convenio AICO 2005 con escritura pública.

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Los siete comuneros misak que tras los enfrentamientos del 18 de octubre estuvieron retenidos por las autoridades nasas.

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El pueblo misak entonces intentó ‘recuperar’ el predio Ambato el día 18 de octubre de 2018 siendo enfrentado por los nasas. En este “ejercicio de la protección territorial”, como afirman en un comunicado, retuvieron a siete comuneros misak (Milena Yalanda Tombe de 20 años; Millerson Tunubalá Tunubalá, de 22; Edinson Yalanda Tombé, de 23; José Tunubalá Yalanda, de 23; Yuli Gisela Yalanda Tombe, de 21, Adalberto Morales, estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, a quien lo despojaron de la cámara y otros elementos de su labor, y Deibid Tunubalá Mazagualli, de 16 años), quienes 24 horas después fueron entregados en Audiencia Pública realizada en el casco urbano del corregimiento de Siberia, a una comisión garante integrada por delegados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, de la Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar, la Gobernación del Cauca y la Alcaldía Municipal de Caldono, quienes posteriormente los entregaron a las autoridades del Cabildo Misak Ovejas Siberia.

Pronunciamientos

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Pancarta colocada en la plaza de mercado de Siberia, donde se encuentran desplazadas algunas familias misak.

“La historia de resistencia del pueblo Nasa es admirable, ha sido un referente para el movimiento indígena en el país, ha sido protagonista, se ha ganado un lugar en la historia de Colombia, ha perdido vidas, ha derramado sangre y lágrimas frente a quienes es su momento han jugado desde el lugar de los opresores. El pueblo Nasa ha conocido de frente los horrores de la muerte, los horrores de la guerra y los atropellos de múltiples gobiernos, sin embargo, hoy parece que ese mal que por tanto tiempo ha enfrentado, se les incrustó en la misma genética como pueblo” escribió el pasado 19 de agosto José Nilson Lectamo Silva, comunicador social, especialista en Gestión Pública, director de etnias de la Alcaldía de Medellín, líder de la Organización Indígena de Antioquia.

También dijo: “Cuando el oprimido pasa a adoptar el discurso ideológico del opresor, es tal vez cuando se muestran las peores facetas y las peores actuaciones de intolerancia del ser humano. En estas situaciones es claro que el espíritu de civilidad desaparece, esa esencia que nos vuelve humanos cae ante el deseo animal de superioridad, el ferviente poder de dominador sobre dominado no tiene límites y hasta el derrame de sangre se vuelve justificable en razón de una “sin razón”.

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Felipe Morales, gobernador Cabildo Misak Ovejas Siberia.

Por otra parte, el senador Feliciano Valencia también se pronunció al respecto: “El día de ayer 18 de octubre, se reiniciaron las agresiones entre los pueblos indígenas misak y nasa que desde el mes de junio del presente año han venido en un enfrentamiento por acceso a la tierra y ha dejado un sin número de heridos de ambos pueblos. Como lo manifesté al inicio de las confrontaciones: “hago un llamado a los hermanos del pueblo Nasa y a los hermanos del pueblo del Misak que habitan y cohabitan en el territorio ancestral de la Laguna Caldono y los convoco para que desde el pensamiento, la palabra y el corazón lleguen a un acuerdo que permita la armonía, la convivencia y la unidad en el marco del respeto mutuo a la diferencia y el reconocimiento político y cultural pleno entre pueblos hermanos que habitan la casa grande”. Una vez más reitero mi disposición de servir de facilitador para la terminación del conflicto e insistir en el diálogo como forma milenaria y ancestral de resolver los conflictos entre pueblos hermanos”.

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Los comuneros que habían estado retenidos fueron recibidos por sus familias.

Este conflicto ha sido documentado por Proclama del Cauca en el siguiente enlace: https://www.proclamadelcauca.com/en-caldono-ancestralidad-indigena-sigue-en-disputa-interna/

Recibimiento familiar

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Antecedentes

Desde hace más de 50 años, cuando los indígenas del nororiente caucano deciden aprovechar la ley de reforma agraria y la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA para reconstruir sus territorios, casi simultáneamente también comienzan los conflictos por tierras entre los diferentes grupos étnicos que no parece tener fin por la falta de voluntad, de una cultura para la convivencia pacífica y de la poca importancia que el Estado le ha dado a la solución de esta grave situación, dejando en manos de las respectivas autoridades indígenas locales lo que parece ser su autodestrucción.

Por ejemplo, en 1984 el Incora le entregó a la comunidad de Ambaló las fincas Santa Clara, San Gabriel, La Betulia, Juntas y Rumiurco 1 y 2. El cabildo de Guambía protestó porque éste había solicitado la ampliación de su resguardo sobre ésas tierras. Así que cuando un grupo de guambianos entró a la finca Santa Clara, el 14 de mayo de 1986 se enfrentaron con los Ambaló y hubo un muerto y varios heridos.

En 1988 los problemas crecieron cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi decidió ampliar el territorio de Totoró, otra comunidad indígena vecina, sobre los territorios que también reclamaba Ambaló.

Poco después, en 1989, durante una reunión entre el Incora, Guambía y Ambaló, las partes acordaron que el gobierno iba a destinar recursos para compras de tierras para los guambianos y que Ambaló iba a ser reconocido como resguardo.

Ese acuerdo no trajo tranquilidad porque el gobierno siguió insistiendo en darle tierras en el mismo lugar al pueblo Totoró. En enero de 1991 el Incora emitió una resolución que reestructuró su resguardo y les entregó los predios La Betulia y Rumiurco, que el mismo instituto de tierras le había adjudicado en 1985 a los ambalueños. A Ambaló finalmente el Incora lo reconoció como resguardo en noviembre de 1991, pero durante los siguientes años el Incora siguió titulando sin consultar a las tres comunidades, atizando sus pleitos por la tierra.

Crecen los conflictos

En los años noventa se agravaron los problemas. En 1993 Guambía compró los predios La Nariz, El Arado, Cajucal y Peñas Blancas, que suman 224 hectáreas. En 1998 el Incora compró para titularle a Guambía las fincas El Tablón y La Peña, que según Ambaló también hacían parte de su territorio. Estos dos predios se convirtieron en el centro del conflicto durante los siguientes años.

El 20 de noviembre de 1999 el Incora reconoció el error y acordó con las comunidades que le devolvería El Tablón a Ambaló mientras a Guambía le compraría otros predios.

Pero la paz solo les duró hasta septiembre de 2001, cuando las dos comunidades volvieron a chocar, esta vez por la finca La Peña. Los indígenas recuerdan ese episodio como el más cruento. Se enfrentaron a machete, se tumbaron los ranchos y se mataron entre sí. Las 52 familias ambalueñas que estaban asentadas allí fueron expulsadas.

El cabildo de Guambía logró la ampliación del resguardo con ocho predios más que suman 885 hectáreas y dos años más tarde el cabildo de Totoró entró en un choque con Ambaló por el predio El Tablón. Totoró alegó que éste hacía parte de su territorio ancestral descrito en un título de 1630.

En 2005, guambiamos y ambalueños terminaron enfrentándose por los antiguos valles de Ambaló, un territorio de 500 hectáreas que ambas comunidades consideraban ancestral y que había pertenecido a José María ‘Pepe’ Estela, hacendado cañero y criador de toros de lidia. Hubo varios muertos.

Después de varias reuniones en 2012, las comunidades acordaron con el Incoder (el nuevo nombre del viejo Incora) la distribución de la antigua hacienda Ambaló: 139 hectáreas para el Cabildo de Guambía, que corresponde a la hacienda Puerta de Hierro, compuesta por los predios La Pradera, Villa Nueva y Lote 1; 129 hectáreas para el Cabildo de Ambaló con la hacienda Ambaló y sus predios Lote 3, 4 y 6; y otras 52 hectáreas para el Cabildo de Kizgó con la hacienda Chiguacos. Eso atizó nuevas peleas entre Ambaló, Guambía y Totoró, y hasta hubo nuevos muertos.

En diciembre de 2017 volvieron a enfrentarse las comunidades de Ambaló con las de Totoró, porque estas pretendían adelantar una actividad cultural en el sector de Calicanto, en la entrada a la vereda Tulcán, territorio que aún mantienen en disputa.

Es más, hace apenas unos días, los pueblos Misak y Totoroez se unieron para realizar el primer congreso para la resistencia y permanencia territorial y cultural (del 2 al 5 de octubre de 2018) en Puerta de Hierro. El cabildo indígena de Ambaló consideró como “peligrosa la alianza entre los pueblos Misak y Totoroez”, entonces se declaró en estado de alerta.

Violencia no-interétnica

Pero además de las diferencias y conflictos entre comunidades indígenas, éstas deben enfrentar conjuntamente actores armados externos dedicados a la minería ilegal y al narcotráfico, entre otros delitos. Una evidencia fue un doble homicidio que se perpetró el 12 de octubre pasado en el territorio indígena de Cerro Tijeras, vereda El Naranjal municipio de Suárez, o la masacre de al menos seis personas en ése mismo territorio a mediados de diciembre del año pasado.

La otra confrontación de los indígenas nasas es con el gremio cañero y los finqueros del norte del Cauca en lo que se ha bautizado como la liberación de la Madre Tierra. La consigna es: “Lucharemos por estas tierras hasta que el Sol se apague, así nos toque pagar con la vida”.

De acuerdo con su cosmogonía, basan su accionar en una premisa: “Lo nuestro no son invasiones porque todo esto fue resguardo. Los mayores, que tienen 80, 90 años, fueron despojados de estas tierras de manera violenta, asesinaron a nuestros ancestros para sacarlos de sus territorios y por salvar el cuero muchos se fueron a las montañas. Pero en la parte alta no hay dónde trabajar, el Gobierno nos aprieta con la ley de páramos, nos empuja a las peñas. Por eso, nosotros vinimos al valle a quedarnos, no nos vamos a ir de aquí”.

La destrucción de los cañaduzales por los indígenas y las intervenciones del Esmad para defender la propiedad privada azuzan los ánimos, cada día más exaltados. Los enfrentamientos han sido sangrientos para todas las partes.

En resumen, todas las partes exigen es que sea el Estado y el Gobierno Nacional, la entidades que deben responder oportunamente ante las necesidades de organización sociopolítica y territorial de las comunidades y garantizar la videncia de los derechos humanos de manera permanente y eficaz.

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