Como se ha venido acostumbrando en nuestro país, los gobiernos pactan, promulgan decretos, o firman leyes que para lograr su cumplimiento los beneficiarios tienen que adoptar vías de hecho como la movilización social en el caso de los indígenas del Cauca, o el paro de trabajadores como en el sector de la justicia.
La ley cuarta de mil novecientos noventa y dos se promulgó con el fin de hacer una justa nivelación salarial de los empleados de la rama Judicial, pero desde hace diez y seis años cuando fue sancionada la ley, los unos exigen su aplicación y los otros se escudan en “problemas presupuestales” para su cumplimiento, fruto de ello hoy se cumplen treinta y cuatro días de cese de labores.
¿Por qué si la urgencia es solucionar el conflicto generado por la parálisis, el gobierno inicia ofreciendo sesenta mil millones de pesos en cinco años?, ¿para estar hoy en los ciento treinta y un mil millones pagaderos en quince meses?, ¿son significativos estos dineros para ser repartidos en los cuarenta mil funcionarios? ¿De cuánto les toca mensualmente?
Mientras tanto, Asonal Judicial exige ahora doscientos mil millones y otro tanto para el dos mil diez. Si los medios de comunicación “presentan” esta cifra sin contextualizarla se creería que son peticiones exageradas, pero lo real es que la lucha a través del sindicato tiene la pretensión de acercar a estos empleados a un salario justo y digno.
Sobre los hombros de la población afro se hace el “desarrollo” de la región nortecaucana y en los bolsillos de los dueños de los ingenios quedan los beneficios.
Ya entiendo cuál es la política tan pregonada por el presidente denominada “confianza inversionista”; en este caso entrega millonarios subsidios para que los ingenios transformen su producción de azúcar en etanol (léase combustible necesario hoy en el marco de la globalización y causante del abandono de la producción de alimentos por parte de Colombia para responder a la división internacional de las funciones).
Pero a diferencia de las odiosas condiciones impuestas a los pobres (el ahorro programado para los subsidios de vivienda de interés social, o la demostración del mayor grado de indigencia para acceder a los beneficios del sisben nivel uno, o entre otros, el paz y salvo con el sistema financiero para el crédito al proyecto agropecuario, etc.), para la producción de biocombustibles a los empresarios incluido el grupo Ardila lulle el ejecutivo entrega millones de dólares sin condicionar el mejoramiento de la situación laboral de los corteros (salarios dignos, vacaciones, prestaciones; todo lo que los directivos de estas empresas tienen como condiciones prestacionales).
Pero cómo lo podría exigir Uribe si es en su gobierno donde se profundiza la famosa “flexibilidad laboral” que desvió la contratación directa hacia el nuevo sistema de Cooperativas de Trabajo Asociadas, y entonces se burlan de la exigencia de los corteros cuando los ingenios siguen pagando la recolección como si fuera para producir azúcar y no etanol que les renta el doble de ganancia.
Que en RCN radio y televisión hablen mal del paro es obvio pues es canal de Ardila lulle, pero que el minprotección salga a decir que detrás del paro esta la guerrilla hace recordar la época del estatuto de seguridad de Turbay Ayala donde todo aquel que pensara diferente era estigmatizado como subversivo y el gobierno estaba postrado a los intereses del sector privado.
Walter Aldana Q
Octubre 7-998
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