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El informe de gestión pública en Quilichao

El sábado 27 enero, 2018 a las 7:15 pm

El informe de gestión pública en Quilichao

Lo que hace un gobernante se evidencia en la calidad de vida de los ciudadanos que viven en la jurisdicción donde se reinvierten los dineros públicos recaudados.

Un periodista, un investigador social, un estadístico, o cualquier turista, por ejemplo, se da cuenta qué clase de administración pública tiene un municipio cuando visita la galería, recorre los espacios públicos, consume agua y nota el aseo de sus calles o el mantenimiento de las vías; en el civismo de sus habitantes. Cuando al conversar con la gente se detecta su estado de ánimo y su optimismo, o lo contrario. En la percepción de seguridad que concibe, en la movilidad automotora y peatonal, en las facilidades de locomoción que se ofrece a las personas con discapacidad, en las obras públicas acabadas o en los elefantes blancos que descalifican. Esto y más es el verdadero informe de gestión.

También se concibe la calidad de la administración pública en la impresión que tiene la gente de la pulcritud y transparencia que tienen los funcionarios en el manejo de los recursos oficiales, que pertenecen a todos los ciudadanos; en la atención debida y oportuna a sus reclamos, quejas o solicitudes. En las disculpas públicas que ofrecen los burócratas cuando se equivocan, si es que lo hacen. En la calidad de los servicios de salud, deportes, recreación, cultura y educación que ofrecen y se reciben. En el alumbrado público que proporciona una verdadera sensación de seguridad y contribuye a mejorar la economía local, además de facilitar una visión confortable, rapidez de percepción y capacidad de visibilidad a los conductores y peatones en calles, y sitios públicos. Garantizar el buen servicio es responsabilidad exclusiva de la Alcaldía Municipal y de nadie más.

La Administración Pública también la puedo calificar por el tratamiento a las personas de la tercera edad, a los niños, y en los programas y proyectos orientados a la juventud que ha caído en garras de las drogas ilícitas o en el pandillismo.

La eficacia, eficiencia y responsabilidad social y política de una Administración Pública también se mide fácilmente por su defensa y protección de los derechos humanos; es más, cuando los parques son sitios de encuentro familiar, cuando las instalaciones públicas están al servicio de la comunidad, permanecen aseadas y se les da el uso para el que fueron concebidas, o si son utilizadas como oficinas privadas del burócrata que no le gusta atender a la gente y se esconde o se hace negar con disculpas baladíes e imbéciles: “el doctor está ocupado”, como si se le pagara para que esté desocupado. Siempre debe estar ocupado en horas laborales, por lo menos.

Por todo lo anterior, y más, nunca asisto a la famosa “rendición de cuentas” que se debe hacer por “ley”, ni a “ruedas de prensa” o “desayunos de trabajo” preconcebidos para entregar oficialmente las mentiras que contradicen lo que se padece en la calle. Tampoco asisto a las oficinas públicas para que me entreguen informes de gestión porque las evidencias están por fuera de ellas, y menos en el mamotreto de papeles que entregan a los organismos de control donde todo les sale “perfecto”. En esos documentos siempre 10 + 10 es 20 aunque en la realidad no sea así. Todos sabemos de la corrupción que ronda los escenarios donde ejerce el mandatario o el que debiera controlar.

Por otra parte, la burocracia empotrada en las dependencias oficiales de control la ve uno sólo haciendo curso para viejos en la desesperada búsqueda de boyante jubilación. Por eso la gente considera esas instituciones (las “ías”) como inútiles, redundantes e innecesarias, que debieran desaparecer por su ineficacia. Por ejemplo, la función disciplinaria de la Procuraduría no se ve ni se siente; le ha dejado ese papel a una oficina de control interno cuyo titular es nombrado por su superior con poca legitimidad para investigar y sancionar. La Personería parece que no existiera, pues nunca he visto, verbigracia, que utilice los poderes disciplinarios para sancionar a servidores públicos que ejerzan su función en contra de la garantía y el respeto a los derechos humanos, por decir algo.

Ni hablar de la Contraloría, que como agente externo de la Administración Pública no tiene las herramientas necesarias para la vigilancia de la gestión fiscal en tiempo real ni para el control de resultados de la administración, menos, para velar por el cumplimiento de la función administrativa en condiciones de imparcialidad y en términos de legalidad, eficiencia y transparencia, tampoco, en términos de impacto y cumplimiento del plan de gobierno o de desarrollo. El control posterior actúa, si es que actúa, cuando el daño ya está hecho. No puede evitar el detrimento patrimonial cuando se presenta.

En Santander de Quilichao, la opinión pública está indignada y arrepentida de haber elegido un alcalde que no da la cara frente a asuntos de interés público, ni en la defensa del orden jurídico municipal o del patrimonio público.

No existen políticas que incluyan la sociedad civil, para que los ciudadanos sepamos cómo está invirtiendo el gobierno nuestros impuestos, por eso, la gestión en las dos últimas administraciones ha generado suspicacia e inconformidad en algunos sectores, lo cual me faculta para repetir que lo que hace un gobernante se evidencia en la calidad de vida de los ciudadanos que viven en la jurisdicción donde se reinvierten los dineros públicos recaudados. Y en Quilichao estamos mal, muy mal en calidad de vida.

Santander de Quilichao está desorientado como Municipio, sin políticas públicas confiables, con una administración desconectada de su gente, con multimillonarias inversiones que no se ven. Es hora de reaccionar.

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