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El Gobierno es el responsable

El domingo 23 noviembre, 2008 a las 1:49 pm

Por Alfonso J. Luna Geller

Todos sabemos que el Estado es la forma de organización política y jurídica de un pueblo, soberana y coercitiva, que tiene el poder de regular la vida sobre un territorio determinado, es decir, que posee la autoridad y potestad, bajo la legitimidad de un poder político público, para establecer las normas que regulan la sociedad manteniendo el orden social.

Y para eso es el Gobierno: para ejercer el poder del Estado. La misión del gobierno es crear un sistema de auto-protección social para y con las familias que viven en el Estado, vigilar, prevenir y corregir los abusos. En el Gobierno recae la responsabilidad excluyente de la vigilancia y el control. Por tanto, la hecatombe económica que han sufrido muchas familias que creyeron en las llamadas “pirámides” es responsabilidad oficial.

Es lógico que si por varios años a estas entidades (DRFE – DMG) el Estado les concedió su inscripción en Cámaras de Comercio, les adjudicó RUT, fueron visitadas por agentes de la DIAN, les otorgaron usos de suelos para sus sedes, les cobraron impuestos, tuvieron permisos oficiales para transacciones comerciales, etc., los ciudadanos confiaron en que existía la vigilancia y control del Estado. Su fracaso, entonces, es responsabilidad oficial, pues inclusive funcionarios del Gobierno, de todo rango, incluyendo a la fuerza pública, “invirtieron” en estas entidades.

Si ocurrió el desastre económico que afectó a grandes sectores sociales, fue porque falló el Gobierno durante los últimos años; fracasó la vigilancia y el control; no se ejerció la misión de corregir los abusos y en consecuencia, la ciudadanía incauta, cayó víctima de esas falencias gubernamentales.

Los vicios sociales, la corrupción, la ignorancia, la codicia del individuo, el despelote social, son consecuencias de la falta de Gobierno, no su causa; porque todo eso pulula y se fomenta en una sociedad donde el poder se utiliza para favorecer ciertos grupos de “iluminados” amigos, donde las mayorías no tienen acceso a la educación ni a la cultura, sufren hambre y enfermedades, donde hay exclusión social determinante para toda clase de abusos, sobre todo, en un sistema financiero y bancario que para mayor rechazo e ironía de estas clases sociales, con jactancia muestran utilidades por más de ocho billones de pesos tan solo en un semestre. No puede justificarse pues un hecho público como el derrumbamiento de las pirámides como consecuencia de la codicia de unos individuos; eso es desviar nuevamente la atención y descargar la responsabilidad política en los más débiles y desprotegidos del poder.

Aquí quien debe responder es quien tiene las herramientas para restablecer oportunamente la normalidad financiera, el orden público, el respeto por los derechos de cada persona, su seguridad económica, etc. y no las utilizó, independientemente de los desarreglos propios de cada ser humano que integra la sociedad.

El orden social es el resultado de una disparidad de aptitudes y condiciones que deben ser armonizadas y equilibradas en un proceso histórico determinado por la asistencia de poderes auténticamente políticos. Es fundamental y necesario que ese poder sea realmente político, es decir, creador, por su autoridad y eficacia, de una concreta participación en el bien común. Si falla, como ocurrió en este caso, la responsabilidad es de quienes ejercen el poder y no de quienes deben estar sometidos a su ejercicio.

El Gobierno, por las anteriores razones, permitió, no previó o visualizó las consecuencias de su incapacidad o fue supuestamente cómplice de una gran estafa pública. Los motivos para que no se hubiera ejercido el poder con oportunidad deberán ser causa de otras investigaciones.

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