En la zozobra se movilizan las familias campesinas, indígenas, afros y mestizas que habitan los sectores rurales en municipios del Cauca, por miedo de ser objeto de que los menores de edad entren a engrosar las listas de reclutamiento en el país, que corresponde a niñas y niños, cuando se conocen que han sido objeto en un 75% los casos. Informes recibidos últimamente son 166 casos los registrados en la Defensoría del Pueblo en el 2023, no obstante, el subregistro podría ser mayor, pues las familias de las víctimas no denuncian por temor a represalias de las estructuras armadas al margen de la ley. Organismos nacionales e internacionales, en esta oportunidad debido a esta problemática tratan de garantizar la participación efectiva de todas las personas afectadas por el conflicto armado, la justicia transicional en Colombia ha acogido una definición amplia de víctima; en este sentido las familias son víctimas directas porque vienen sufriendo un daño o afectación física o mental como consecuencia de la acción u omisión de las consideradas violaciones a los DD.HH. o infracciones al DIH.

En territorio colombiano se hace necesario impulsar la implementación de la Línea Política Publica en la materia, fortaleciendo los entornos protectores y generar estrategias que permitan prevenir esta grave violación a los derechos humanos, cuando es preocupante ya que en este año 2023 se conocen 166 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes a través de su ‘botón de registro de casos’. Sin embargo, hay un subregistro grande debido al silencio de las familias, pues temen ser víctimas de hechos como desplazamientos, amenazas y, en el peor de los casos asesinatos, todo ejercido por los grupos armados ilegales GAI. Bien lo afirmaba Antonín Artaud, “Bajo la acción del flagelo, las formas sociales se desintegran. El orden se derrumba”. Porque dentro de la cobertura de una historia sensible como la del reclutamiento de niñas y niños, no se puede instruirse de una lista de recomendaciones. Cada caso, como cada vida queda en suspenso, es único y requiere que se trate de manera diferente. En este caso no quiero dar ninguna lección porque no soy la persona indicada, sino invitar a compartir con humildad los dilemas y dificultades a los que nos enfrentamos cuando conocemos las denuncias que realizan las comunidades de los municipios donde existe presencia de los GAI; con esta experiencia proponemos a una reflexión crítica sobre cómo podemos tratar esta tragedia que absorben muchas familias, que se encuentran expectantes del regreso de sus hijos al seno de los hogares.

Según los boletines recientemente obtenidos afirman: “Persiste una situación muy preocupante: la ocurrencia de reclutamiento en la población indígena, donde se concentra el 75% de los casos, ante lo cual se requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas para fortalecer las acciones de prevención”, indica Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo en el nivel nacional. Todo esto apunta a la defensa de la dignidad, el respeto por el otro siempre ha prevalecido, si colocamos como ejemplos datos históricos como: Las tropas de Ciro II el grande (año 539 antes de Cristo) conquistaron Babilonia, Ciro liberó a los esclavos y declaró que cualquier hombre era libre de escoger la religión y estableció la igualdad racial. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba por terminar (1945), el mundo quería la paz. Representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, California, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Todo esto para exigir que se respete la dignidad de las personas, en este caso nuestros infantes en diferentes departamentos de Colombia. Lo anterior lo traigo a colación porque de los casos reportados el 59.6% corresponde a niños y adolescentes y el 40,3% a niñas y adolescentes, lo cual indica una afectación diferencial por condiciones de género. Los departamentos con mayor número de casos reportados este año son Cauca con 124; Nariño 9; Arauca y Putumayo cada uno con 6 y Caquetá con 5. También se conoce que los departamentos de frontera y con alto flujo migratorio también se ven afectados por este fenómeno, a ello se suma el control territorial y social que ejercen los actores armados, lo cual hace más difícil que las familias lideresas, líderes sociales y sociedad en general denuncien; motivo este para que en este año 2023 se han emitido 35 alertas tempranas por el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, crecimiento paulatino en comparación a otros años. Entes gubernamentales han solicitado que se respete el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de toda la población, especialmente de los menores de edad. Esto lo reza el protocolo II de 1977 adicional a los convenios de Ginebra de 1949 del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, cuando: constituyen el fundamento del respeto a la persona humana en caso de conflicto. Velemos por la Paz y la tolerancia en el Cauca y Colombia. DIGA NO AL RECLUTAMIENTO DE MENORES.

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