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Jueves, 17 de enero de 2019. Última actualización: Hoy

El fiscal cada día más enredado

El domingo 18 noviembre, 2018 a las 9:18 am

El fiscal cada día más enredado

El fiscal cada día más enredado

El fiscal general Néstor Martínez, está en la mira a raíz de las muertes misteriosas del ingeniero Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, envenenados con cianuro y las revelaciones en Noticias Uno, de audios grabados por Jorge Pizano en 2015, sobre sospechas por movidas financieras que involucran a Odebrecht y Corficolombiana, la constructora de Luis Carlos Sarmiento Angulo (cabeza del grupo financiero AVAL, El Tiempo, Porvenir, Corficolombiana, etc.), en la adjudicación de contratos para la construcción de la Ruta del Sol 2 y otras mega-obras que hoy están paralizadas.

Ya había pasado en la Fiscalía con Luis Camilo Osorio, cuando capoteó procesos contra civiles y militares vinculados con el paramilitarismo. También con el anterior fiscal Eduardo Montealegre, a quien durante su gestión le llovieron rayos y centellas por hacerse el loco con las investigaciones a su mejor cliente cuando fue abogado defensor: la cabeza de Saludcoop Carlos Palacino, acusado de multimillonaria defraudación de fondos de esa ESP, entonces la de mayor número de afiliados e ingresos del país.

Durante su conversación con el auditor Pizano divulgada por Noticias Uno, el fiscal general Martínez Neira, en tono jocoso y boquisuelto, quedó de avisarle a su jefe Sarmiento, pero parece que este sólo se preocupó de no dejarse tumbar de Odebrecht, exigiéndole la devolución de los cerca de 33.000 millones de pesos embolatados y no denunciaron maniobras irregulares ante las autoridades nacionales e internacionales.

Según opiniones del abogado y economista José Roberto Acosta y del jurista y columnista de El Espectador, Ramiro Bejarano, invitados al programa Semana en Vivo del 14 de noviembre, lo dado a conocer por Pizano al entonces amigo y abogado de Sarmiento, por lo menos indiciaba la comisión del delito de lavado de activos y era su obligación denunciarlo, según tratados internacionales vigentes que vinculan a Colombia, y no sólo comunicarlo a su jefe.

Después de no dejarse endosar la plata de los sobornos por parte de Odebrecht, se desatendieron del asunto, y sólo se hicieron los enterados dos años después, como lo declaró Luis Carlos Sarmiento, hijo, en entrevista que en su periódico El Tiempo le hizo la obsecuente María Isabel Rueda, cuando en los Estados Unidos y Brasil explotó el escándalo de la cadena de sobornos pagados por Odebrecht para que les adjudicaran autopistas y otras mega-obras en numerosos países del continente comprometiendo con coimas a la clase dirigente, desde presidentes de varias repúblicas y ministros, algunos de los cuales ya están condenados y detenidos y también a candidatos a sucederlos (en Colombia mencionaron a Santos y su contendiente Zuluaga, pero a la investigación le aplicaron la canción “échale tierrita y tápalo… tápalo”).

Las entregas de grabaciones hechas por Jorge Pizano antes de su muerte, a las periodistas Cecilia Orozco de El Espectador y Cadena Uno y a María Jimena Duzán de Semana, a medida que han sido publicadas a cuentagotas, cada vez más comprometen la situación del fiscal general al evidenciar que fue ampliamente informado de los delitos que se configuraban alrededor de las coimas de Odebrecht y según tratado internacional que firmó Colombia, cualquier funcionario o particular debe denunciar a las autoridades el lavado de activos. Además, para desprestigiar a Pizano y quitarle credibilidad en sus denuncias, después de que fue echado como auditor, ordenó a sus subalternos que le abrieran una investigación por un contrato en el proyecto Tunjuelo-Canoas, ejecutado años atrás cuando Pizano trabajó en el Acueducto de Bogotá.

A pesar de las leguleyadas argumentadas ante los medios de comunicación para demostrar su transparencia, el fiscal Martínez Neira no convence y más cuando ante el director del noticiero del Canal Caracol, afirma que los fiscales en Colombia “gozan de total independencia y él no tiene nada que ver en la orientación de sus investigaciones”. Se olvida que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca.

La situación toma ribetes de novela negra con las misteriosas muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, con cianuro de por medio.

Ya las altas cortes se habían visto perjudicadas en su imagen cuando se destaparon las tutelas compradas por grandes empresarios a magistrados corruptos como Pretelt, además del próspero negocio montado por los cabecillas del ‘cártel de la toga’.

¿Con qué autoridad moral van a pedirles a los jueces y fiscales qué no se pongan al servicio del mejor postor?

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