Miércoles, 29 de marzo de 2023. Última actualización: Hoy
El Estado fracasó en el Cauca… y en Colombia
El Estado fracasó en el Cauca… y en Colombia
A pesar de sus inmensas riquezas, la indiscutible índole étnica, cultural y productiva de sus habitantes y de sus territorios, parece, por los escandalosos y atroces acontecimientos que registran los medios de comunicación diariamente, que el departamento del Cauca hubiera sido condenado, sin presunción de inocencia, a la miseria, al genocidio, a la despiadada explotación de sus recursos mineros, hídricos, energéticos, ambientales, sin una planificación incluyente, y hasta a la explotación criminal de cultivos ilícitos, en beneficio exclusivo de intrusos vividores que no tienen arraigo social con sus genuinos pobladores.
En el Cauca no funciona el Estado como está concebido en la Constitución y en otros instrumentos internacionales ratificados por Colombia, para garantizar principios y valores para la vida, ni para la prevalencia del interés general sobre el particular, ni para la protección de las riquezas culturales y naturales, menos para la dignidad humana como resultado del reconocimiento mínimo de derechos y garantías, ni la participación ciudadana bien informada, por la incapacidad, negligencia, corrupción y debilidad del Gobierno Nacional.
El Estado fracasó en el Cauca porque no cumple con sus fines esenciales. Acá las autoridades nacionales se desentendieron de su obligación de proteger a todos los ciudadanos en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Acá quienes imponen la autoridad son los criminales.
En el Cauca, casi todos los proyectos de inversión han fracasado, desde el acueducto regional afrocaucano, que estaba previsto para resolver el derecho al agua potable de los habitantes de Guachené, Padilla, Puerto Tejada, Villa Rica, en sus sectores urbanos y rurales, igual que el de Mercaderes; la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao o la vía Transversal del Libertador (ruta Popayán-La Plata), para poner solo algunos ejemplos, y no hablar de eternos cuentos como la vía al mar o los de proyectos energéticos.
El Estado en el Cauca no pudo garantizar a los ciudadanos condiciones de vida digna ni poner en movimiento los mecanismos pertinentes para contrarrestar las desigualdades sociales.
No estamos frente al apocalipsis, evidentemente, pero solo porque hay mandatarios locales, y especialmente el regional, el gobernador Elías Larrahondo, que hacen esfuerzos denodados, casi en solitario, igual que contados parlamentarios, para tratar de cumplirle a la comunidad. Menos mal el ejecutivo regional lidera políticamente de manera decidida, oportuna y legal las actividades sociales y económicas de su competencia, a pesar del ejecutivo nacional, a pesar de un Congreso que no pudo adoptar las medidas legislativas necesarias para construir un orden político, económico y social justo, y a pesar de un poder jurisdiccional que no brinda garantías, porque parece estar al servicio de las dos primeras jerarquías; porque parece que también perdió su independencia, y sus actuaciones no están sujetas a los términos procesales. Prima el vencimiento de términos como actuación más segura y corrupta, y por esa condición, ni pensar que los servidores públicos sean, además de corruptos, responsables por omisión en el ejercicio de sus funciones. Eso es una alucinación. Si ejercieran, no habría fallado el Estado colombiano.
Pero, lo más grave del asunto es que parece que las comunidades tampoco supieran que la soberanía reside exclusivamente en ellas, y que de ellas emana el poder público. Por ese desconocimiento de sus responsabilidades y deberes, también estamos como estamos. Les imponen un Ejecutivo, apenas porque lo dice cualquiera que ya haya sido presidente; un Legislativo que tras la «mermelada» queda sometido al anterior y un poder Judicial, además de todos los organismos de control, que contrarían cualquier teoría académica. Para compensar esa ignorancia, en Colombia se han implementado los tamales, el aguardiente y los billetes de cincuenta mil para cuando le toca al pueblo elegir a quienes integran esos poderes. Da lástima, pero la historia colombiana así lo certifica.
El 13 de marzo y el 29 de mayo, los ciudadanos tendrán de nuevo el poder en sus manos. Sencillo: de esas dos fechas electorales depende que el Estado Colombiano siga siendo un “Estado Fallido”. Los colombianos decidiremos si Colombia seguirá teniendo un Gobierno incapaz de garantizar la paz porque ha de perdurar el conflicto para beneficio de algunos; si optamos por otro Gobierno ineficaz para hacer presencia y ejercer el control territorial.
Mejor dicho, de esos dos días dependerá si continuamos soportando la corrupción desaforada, los altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana, los altos niveles de informalidad, pobreza y pobreza extrema, el desempleo galopante, y hasta la incapacidad para suministrar servicios básicos, permitiendo al mismo tiempo la violación extendida de los Derechos Humanos, o les entregamos las herramientas de poder a quienes realmente se comprometan, aunque sea, a cumplir con uno solo de los 380 artículos y más de 60 transitorios que tiene la Carta Magna: el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia.
Me preocupa que nuevamente desperdiciemos la oportunidad.
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