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El Drama de la Drogadicción y la Dosis Personal

El martes 3 marzo, 2009 a las 8:59 pm
Por Alfonso J. Luna Geller

Luego de seis pifiados intentos, el presidente Uribe sale otra vez con el proyecto de acto legislativo con el cual pretende penalizar el consumo de la dosis personal de drogas ilícitas o la dosis mínima, proponiendo otra represión como remedio al epidémico mal.

Periódicamente, como moviendo con perspicacia un alfil, reitera con indiferente fascinación su pedido al Congreso de la República. Lo irónico, como todo el mundo sabe, es que cada vez que el presidente ha necesitado que en el Congreso ocurra algo, ha ocurrido. Un sicólogo, sociólogo o politólogo, no se bien cuál de ellos, o los tres, podrían decir que esta actitud presidencial le reporta “pírricas derrotas o victorias aplazadas”, de donde se infiere que se trata de otra estrategia para entretener la opinión pública con un profuso debate, mientras apresta el verdadero fondo de su mañosa gestión política; no importan los efectos que resulten sobre el tablero de primer plano.

Para mí, esta reiterada discusión es sencillamente otra de las imperturbables simplezas que caracterizan a Uribe, pero que las hace parecer magníficas.

Hay argumentos supuestamente irrebatibles. Por ejemplo, hace poco el ex magistrado José Gregorio Hernández Galindo nos contaba que “un indigente poseído por la droga, completamente enceguecido por las sustancias psicotrópicas consumidas a título de dosis personal, ofendía a unas personas por no haberle dado la limosna solicitada, que se destinaría seguramente a comprar más droga, y cuando un policía -impotente, a la luz de la sentencia de la Corte para privarlo de su libertad por el estado en que se encontraba- trató de persuadirlo sobre el respeto a las personas, el obnubilado indigente no vaciló en despojarlo por sorpresa de su arma de dotación, y la disparó, hasta agotar el cargador, sobre las personas indefensas que allí transitaban. Resultado: una señora muerta y varias heridas, incluido el agente. Y en los estadios, la violencia desatada ferozmente por las barras bravas de los equipos, encuentra en la droga, consumida a título de dosis personal, su mejor incentivo, sin que las autoridades puedan hacer nada para controlar a sus portadores, quienes siempre tendrán la disculpa de que lo que portan es solamente eso: su dosis personal. El Estado tiene a su cargo la protección de todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, y tiene que asumir en efecto la función que le atañe; con instrumentos aptos para ello. No puede seguir imperando el criterio erróneo según el cual todo se puede, aun lo más ofensivo para la sociedad, so pretexto del libre desarrollo de la personalidad, y de una concepción equivocada del ejercicio de las libertades públicas. Con razón, el Presidente de la República insiste en el proyecto -este sí urgente y necesario-, para modificar la Constitución, devolviendo valiosos instrumentos a las autoridades, en guarda de la comunidad entera. En esto, lo acompañamos sinceramente.”

Pero este es el argumento represivo y unilateral, el que no permite ver y aplicar la solución del rompecabezas. La verdad es que el problema de la drogadicción no es un asunto personal, de un indigente, de un vicioso, de un corrupto. Y no puedo justificar la violencia, pero los borrachos, al consumir drogas legales, según estadísticas oficiales, causan muchísimas más muertes cotidianamente. Con razón ha dicho Thomas Szasz: “En una sociedad de hombres libres, cada uno debe ser responsable de sus actos y sancionado como tal. Si el drogadicto comete un crimen, debe ser castigado por ese crimen, no por ser drogadicto. Si el cleptómano roba, si el pirómano incendia, si el regicida asesina, todos deben caer bajo el peso de la ley y ser castigados».

La dogradicción es una epidemia social, una enfermedad colectiva, que debe tener un tratamiento educativo, cultural y médico; el crimen es otra cosa, que puede resultar del consumo, pero es el efecto no la causa; nada sacamos con los programas asistencialistas que tanto le encantan a Uribe porque le mantienen adherida la masa informe sin solución real a su indigencia, ni los represivos porque han demostrado que, a pesar de ellos, sigue aumentando el consumo diariamente y menos los policiales: personalmente me aterra, por ejemplo, que aquí en Santander de Quilichao, donde el auge del comercio de drogas legales e ilegales no se detiene, al contrario, se multiplica, un niño o joven cualquiera sabe perfectamente dónde compra su droga, en dosis personales o más -el expendedor no se fija en esos detalles que tanto mortifican a las esferas oficiales- mientras que el cuerpo policial lo ignora. Y no se les ocurre preguntarle al niño dónde adquirió la droga… Ilógico ¿No?

No se actúa contra ese distribuidor o narcotraficante que se lucra sin problemas en nuestras calles o en las ‘ollas’, a pesar de que hace mucho tiempo existen suficientes leyes para hacerlo, sino en el joven que siendo víctima de la falta de educación, protección y familia, necesita es de una nueva normatividad legal que lo meta en cintura. ¿Más represión para seguir en lo mismo?. En otros países donde existe la penalización de la dosis personal se ha demostrado que esta circunstancia ha incrementado la corrupción de las autoridades.

La prevención y la rehabilitación no deben ser únicamente lo que pretende el gobierno: una guerra prohibicionista. Lo que en verdad ha sido un clamor es que este asunto sea parte íntegra de los programas oficiales de Educación, Cultura y Salud Pública.

Los drogadictos toxicómanos son enfermos psicofisiológicos que el Estado no puede sancionar con pena o medida de seguridad y que no pueden ser objeto de la lucha contra el narcotráfico. Por eso, la interpretación que da el Gobierno a la problemática de la drogadicción es indebida.

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