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Domingo, 16 de mayo de 2021. Última actualización: Hoy

El Cauca en paz: Desafío colectivo

El lunes 12 abril, 2021 a las 5:12 pm

El Cauca en paz: Desafío colectivo

Alfonso J Luna Geller

Colombia es un país de regiones, diferenciadas no solo en aspectos geográficos, económicos, culturales y sociales sino también en asuntos político-administrativos y fiscales que plantean desigualdades determinantes para su desarrollo, y en consecuencia, debería tener tratamientos asimétricos en la implementación de las políticas públicas.

Eso fue promulgado con la Constitución de 1991, cuando se diseñó la descentralización territorial. Se estableció que Colombia sería una república unitaria, lo cual implica que existe un solo legislador. Pero, igualmente, que las entidades territoriales tendrían facultades para gobernarse por sí mismas, con autonomía para gestionar de manera independiente los asuntos propios.

Sin embargo, el país sigue siendo un Estado altamente centralista, supeditado al autoritarismo del poder Ejecutivo, que condena a las regiones a la dependencia hasta el punto que la capacidad para gestionar sus propios intereses se ha convertido en un asunto meramente nominal o formal.

En consecuencia, si bien es cierto que el 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, transcurridos más de cuatro años su eficacia ha sido un fiasco, porque ha dependido exclusivamente del poder Ejecutivo, que por intereses excepcionales del grupo político gobernante no ha sido priorizado como mandato.

El Gobierno Nacional tiene una visión panorámica para la ejecución de las políticas públicas. Por ello, la comprensión de las asimetrías y potencialidades específicas de cada región le corresponde a la entidad territorial, que debe orientar su desarrollo y bienestar público.

No es lo mismo diseñar estrategias para áreas metropolitanas como Bogotá, Cali, Medellín, o Barranquilla donde el comportamiento general de sus economías depende de la especialización productiva y de la industrialización. En esos sectores lo primordial es el mejoramiento del transporte y de las comunicaciones, el desarrollo de grandes empresas de servicios, del sector financiero, del comercio y la urbanización masiva, porque son receptoras de constante inmigración.

En el Cauca no operan las mismas lógicas. Vivimos en un territorio predominantemente rural, de pequeñas ciudades y poblaciones difícilmente comunicadas entre sí. Las comunidades dependen de escasas y concentradas fuentes del sector primario, particularmente el minero, igual que de la incipiente ganadería, del escaso dinamismo del sector agrícola tradicional y la intensiva explotación forestal. Región afectada por emigraciones y desplazamientos constantes.

Sobre estas condiciones, y su estratégica posición geográfica de frente a los mercados mundiales desde el Pacífico, la criminalidad de todo orden, paramilitar, de guerrillas de izquierda, inclusive la delincuencia común, montaron sofisticada infraestructura para el narcotráfico, que es el combustible primordial de la violencia armada que padecemos.

El Cauca es diferente al Bajo Cauca antioqueño, al Catatumbo, al Magdalena Medio, a los Llanos Orientales, a la altiplanicie de la Sabana de Bogotá. Y no solo por asuntos geográficos; los factores humanos, la intervención privada, la educación y la deficiente infraestructura también son asimétricas y juegan papel importante.

El desafío colectivo es la paz territorial. Es lo que podría ayudar a salir de la trampa de la guerra y de la pobreza al acelerar el crecimiento económico y la calidad de vida regional.

Pero, además tenemos conflictos sociales domésticos que dificultan avanzar en acuerdos primarios. No hay entendimiento entre los protagonistas, vivimos enfrentados. Las culturas ancestrales no han podido ser compartidas ni asimiladas por otros sectores como el de los propietarios privados de la tierra, ni por el empresarial, que miran a las organizaciones étnicas como eventuales impugnantes de sus propuestas. Igual en sentido contrario.

Así, es inevitable que las fuerzas violentas no se aprovechen de la situación para justificar su guerra, que agudiza la división social y por ende, la intratabilidad de la confrontación armada.

Tratando de avanzar en su mitigación, hace unos días la Gobernación del Cauca propuso un embrionario modelo de paz territorial. Convocó con amplitud a la firma del Pacto Caucano por la Vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz.

Hubo gran entusiasmo inicial entre las organizaciones sociales, gremios y demás actores que se sumaron al llamado en defensa de la vida y expresaron su voluntad de avanzar conjuntamente en diferentes acciones que contribuyeran al fortalecimiento de las garantías de seguridad, la democracia y la productividad.

Pero la apoteosis se esfumó muy pronto.

En este departamento cuya alarmante tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes (2020) es de 53,7, después de su firma, los sectores empresariales descubrieron un “franco desacuerdo con algunos postulados del Pacto” en los que no se sentían recogidos; aseguraron que no se tuvieron en cuenta sus consideraciones.

La sociedad civil dividida del Cauca demostró, con diferentes disculpas, que no hay confianza ni ánimos para un pacto común contra la violencia.

A pesar de todo, debemos ser responsables del futuro colectivo construyendo presente. Seguir insistiendo, y creando condiciones para un diálogo esclarecido entre caucanos es la tarea.

La paz territorial deberá seguir siendo el desafío colectivo. La compleja tarea de construirla implicará dilucidar las lógicas de la población civil y de las víctimas. Pero no se puede desfallecer ante las primeras dificultades.

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