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Domingo, 4 de diciembre de 2022. Última actualización: Hoy

El Caribe, en pie

El lunes 7 noviembre, 2022 a las 12:26 pm

El Caribe, en pie

Aurelio Suárez Montoya

El presidente Petro, en diálogo “vinculante” en Barranquilla, intentó calmar la explosión del volcán Caribe por la energía eléctrica. En una perorata sobre el derecho universal al acceso, pidió dos años para dividir el sistema: el del negocio, para el segmento “rico”, y el de energía solar, para “los pobres”. Intentó apagar el enfado frente a la ínfima rebaja en la tarifa de 2,52 por ciento, pactada por la ministra Vélez con las empresas, que se anulará con la sobretasa del 3 por ciento en el impuesto de renta a las hidroeléctricas en la reforma tributaria. “Se trasladará al usuario”, dijo Acolgen.

La privatización de la electricidad en el Caribe es un viacrucis de 25 años. En 1997, Corelca se partió en cinco empresas y el consorcio Houston Industries Inc.-Electricidad de Caracas se quedó con 65 por ciento de las dos distribuidoras, Electro Costa y Electro Caribe, por 100 millones de dólares. Las otras tres, generadoras, se feriaron. El Estado no recibió nada, pues Corelca se canjeó por los pasivos y una participación del 35 por ciento (El Tiempo, 13/9/99). En 2000, Unión Fenosa adquirió las acciones del consorcio en Electricaribe y amplió su participación al 85 por ciento. En 2009 quedó bajo la fusión Unión Fenosa-Naturgy (La Silla Vacía, 27/5/2015).

Los indicadores de Electricaribe en 2018 empeoraron frente a los de antes de la privatización. Las pérdidas de electricidad, que eran el 28 por ciento, subieron al 35 y tampoco mejoró el recaudo efectivo, que era del 42 por ciento en 1998, pues para 2015 la cartera ascendía a 1,6 billones de pesos. En ese año, Electricaribe interrumpió 120 horas el servicio con un costo económico por cada una de $3.215 millones (Cámara de Comercio de Barranquilla, SEMANA, El Tiempo, La Silla Vacía). Tras décadas de pésima prestación, solo hasta 2016 el Gobierno Santos no tomó control de Electricaribe, a la que se le comprobaron desvíos de dineros de subsidios para áreas “subnormales” por casi $200.000 millones (Contraloría, 2019); incumplimientos en las inversiones en 2016, que llegaron a $28.000 millones de $121.000 prometidos (El Heraldo), y el desarme de las redes de cobre, mineral exportado a Europa (Alarcón). La intervención gubernamental, en la que estuvo el actual gerente de Afinia, Javier Lastra, cocinó un banquete para los futuros comensales. Estuvieron en el menú: inversiones públicas por $442.365 millones; absorción de pensiones por $1,53 billones y blanqueo de deudas por $3,9 billones (Alarcón).

El Gobierno Duque, en arrebato de Confianza Inversionista, encimó un “régimen especial tarifario” en el Plan de Desarrollo y decretos ministeriales y resoluciones de la Creg, orientados en una tasa de ganancia hoy del 12,09 por ciento. Cedió por la décima parte los activos de $6,5 billones, autorizó los contadores “inteligentes” AMI y una facturación “gota a gota”, recargada con el pago de inversiones futuras y las pérdidas no eléctricas. Los beneficiarios fueron Afinia, de EPM, con cuestionados contratistas como Deltec, y Air-e, de un holding de empresas de papel en Panamá.

La tarifa se disparó. Subió 43,4 por ciento en el último año, bastante más que el de por sí abusivo 27,3 a escala nacional (Dane). A julio de 2022, el costo de generación en Air-e y Afinia fue 8,3 por ciento por encima del promedio de las cinco principales empresas del interior; sus pérdidas valían 12 y 17 pesos de cada 100 de costo unitario, mientras que la media nacional es 6; en ambas la comercialización vale el doble que en el interior y es enorme la diferencia en el rubro de restricciones (Vergara, 17/8/22).

Si en Manizales (Chec-EPM) la factura de estrato 4 es el 7 por ciento del salario mínimo, en Afinia se traga el 25 y, por el consumo y las temperaturas de la costa, la equidad con el resto del país exigiría rebajarla 58 por ciento (Lastra). De ahí que el descuento del 2,52 sea un chorro de babas y peor si se esperan dos años al “cambio de modelo”, como piden Petro y el superintendente Quiroga. Las resoluciones de la Creg “empobrecen aún más a la población del Caribe”, declararon siete cámaras de comercio y los comités intergremiales de Atlántico, Cesar y Magdalena (26/9/22).

Coinciden en el reclamo congresistas, alcaldes y exalcaldes de las capitales y municipios, expertos como Vergara y Murra, empresarios como Joseph Daccarett y frentes amplios del Caribe formados por ligas de usuarios, veedores, sindicatos, vocales, ediles y comunales en Córdoba y otros cinco departamentos. También Asocentro, la Lonja y gremios mercantiles de Barranquilla y Riohacha, el episcopado católico, Cotelco y el sector turístico, asociaciones vecinales, como AsoPopa y AsoManga en Cartagena, las universidades y el sector ganadero de La Guajira. Muchos se pondrán en pie el miércoles 9 de noviembre por una auténtica justicia tarifaria.

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Publicación original en: Revista Semana

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