Por: Yamil Orlando Mendoza Chacón yamilom@gmail.com

En una columna anterior, hacía referencia en el sentido de que los gobiernos en el afán de cumplir con los ofrecimientos realizados durante la campaña para acceder al poder, en ningún momento tienen en cuenta la capacidad de cubrir en forma económica por parte del estado, esas inversiones, sino que consideran la política maquiavélica de que ‘el fin justifica los medios’.

Es así como en el momento con la famosa ley exprés, se obliga a que en un plazo máximo de 90 días se pronuncie la viabilidad ambiental de un proyecto, independientemente de su complejidad y de su posterior deterioro y perjuicio a las generaciones futuras.

La directora de la Agencia Nacional de Minas ANM, considera que se deben dejar atrás las manifestaciones de los ambientalistas; ya que prima el interés económico del gobierno de turno, favoreciendo y dando seguridad jurídica a los inversionistas frente a la protección ambiental (caso Fracking). Se puede tomar como conclusión, que para desempeñar un cargo con tanta responsabilidad, sólo se necesita no saber nada sobre el tema, además de ser maleable en el aspecto ético y profesional.