Sábado, 13 de agosto de 2022. Última actualización: Hoy

Duque entrega un país ensangrentado

El domingo 12 junio, 2022 a las 9:57 pm

Duque entrega un país ensangrentado / Aterradora escalada de homicidios que el gobierno desestima

Alfonso J Luna Geller

Mientras el gobierno nacional rechazaba el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sobre asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación, que fue publicado la semana pasada, simultáneamente caían asesinados otros cinco líderes sindicales y sociales, en una violencia sistemática que se agravó precisamente en este gobierno, también de origen uribista.

«El informe hace parte del balance de las vulneraciones de Derechos Humanos que se han presentado durante el periodo del presidente Iván Duque», se señala en el documento:

Duque entrega un país ensangrentado
Imágenes: https://twitter.com/Indepaz

Entre el 7 de agosto de 2018 y el 4 de junio de 2022, a 55 días de entregar el Poder Ejecutivo a quien resulte elegido el domingo 19 de junio, se ejecutaron 930 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

También se registra que en ese período fueron asesinados 245 firmantes del Acuerdo de Paz, excombatientes de las FARC; y se cometieron 261 masacres en las que se asesinaron a 1.144 personas, siendo el departamento del Cauca el más afectado con la violencia.

De acuerdo con el coordinador del Observatorio de Indepaz, Leonardo González, estas cifras se acercan a la peor época de violencia de las últimas décadas en Colombia, que es la del 2002 al 2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Rechazo del Gobierno

En consecuencia, Jefferson Mena, consejero presidencial para los Derechos Humanos, rechazando el informe de Indepaz a nombre del Gobierno Nacional, indicó que las cifras frente a homicidios de líderes sociales “no se toman a la ligera”, recalcando que la Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de recopilar esos datos”. También dijo que “con las cifras de homicidios de líderes sociales no se juega” y que la “protección y garantías de los derechos de los líderes y defensores es una prioridad para este Gobierno”.

En esta circunstancia, Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos y codirector de la Unidad Investigativa y el Observatorio de DD.HH. del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –INDEPAZ, respondió, entre otras cosas, que “de conformidad con derechos fundamentales constitucionales, el gobierno no tiene atribuciones para prohibir el registro de infracciones a los Derechos Humanos o de asesinato de líderes sociales realizado por organizaciones de la sociedad civil o por ciudadanos.

En el comunicado emitido por Indepaz el pasado martes 7 de junio, también realizaron otras aclaraciones entre ellas, que el gobierno nacional “tampoco tiene competencia para obligar a que se sometan los informes a la previa unificación con la Defensoría o entidad gubernamental o estatal cualquiera”.

Obvio que cualquier cifra de asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos es una tragedia nacional, y que Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en riesgo y fatalidad de líderes sociales.

Sin embargo, esta situación no parece alertar al gobierno de Iván Duque, que se limita a exigir exclusividades absurdas en las cifras, mientras los esfuerzos de implementación del Acuerdo de Paz se estancan, lo cual en el Cauca, además, estimula la agudización de los conflictos. En este departamento son más tangibles las confrontaciones entre grupos armados delincuenciales que el ejercicio del control territorial por parte del Estado. En resumen, Duque entrega a su sucesor, un país ensangrentado.

************************

Otros editoriales de este autor:

Alfonso J Luna Geller
Sigue a Proclama en Google News
Deja Una Respuesta