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Viernes, 19 de julio de 2019. Última actualización: Hoy

DISCAPACIDAD EN EL CAUCA

El lunes 8 julio, 2019 a las 6:10 pm
DISCAPACIDAD EN EL CAUCA
Imagen: Dinero
Karen Andrea Taborda
Discapacidad en el Cauca

PERSPECTIVAS DE LA DISCAPACIDAD EN EL CAUCA:
Pactos desconocidos que siguen sin cumplirse (Segunda Entrega)

La cifra que determina la población exacta que presenta algún tipo de discapacidad de Colombia es bastante confusa y difícil de determinar, teniendo en cuenta las estadísticas presentadas por entidades como el Dane, que según comentan en el año 2005 existían 2.624.898 personas con algún tipo de discapacidad; así como también el Registro de Localización y Caracterización (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social, que solo han contado 1.418.065 personas hasta el 2018 con estas características y finalmente la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, que registra 2.060.394 personas discapacitadas hasta el 2016; cifras que sin duda ponen a pensar a todos qué hace falta para poder determinar de manera exacta cuánta población con ciertas condiciones existe en la actualidad.

La posible gran causa de toda esta confusión es el desconocimiento de las entidades que se encargan de hacer el proceso de caracterización poblacional en Colombia, que no conocen o ignoran la división establecida que permite entender el tipo de discapacidad que puntea en el país; ya que se olvidan las 3 categorías de discapacidad existente: física, sensorial y mental, las cuales a su vez son provocadas por diversas razones y que también son excluidas de los aspectos que se tienen en cuenta dentro de este proceso de caracterización. Estas últimas son fundamentales pues le ayudarán a los gobiernos nacional, regionales y municipales a entender el modo en que se debe atender a alguien discapacitado, pues las necesidades de alguien discapacitado por nacimiento no son las mismas que las de alguien que adquirió su discapacidad a través de los años por accidente o situaciones de violencia.

Pero toda la cuestión de desconocimiento no es solo por parte de las entidades del Estado, sino de la misma población discapacitada, ya que muchas veces ignoran la existencia de aquellas leyes, entidades y dependencias gubernamentales que buscan su protección.

Por ejemplo, para las personas en situación de discapacidad es complejo entender que desde 1991 se viene abriendo el camino hacia la implementación de normativas que velan por sus derechos, siendo así que las modificaciones a la constitución que rige a Colombia estaban pensadas en un principio en esta población. Los derechos a la igualdad, a la tenencia de una política pública, a la inclusión laboral y a la educación inclusiva son derechos con origen en las personas con capacidades diversas.

Sin embargo, esas modificaciones son solo el comienzo hacia el camino que se tiene que recorrer teniendo discapacidad, y por ello el gobierno Colombiano ha tenido que estudiar más la situación de las personas con estas condiciones especiales y de ello han podido salir leyes como la Ley 361 de 1993 que establece los mecanismos de integración social de estas personas, la ley 762 de 2002 que instauró la convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, o quizá la creación del sistema nacional de discapacidad desde la ley 1145, así como también la convención sobre derechos de las personas con discapacidad de la ONU con la ley 1346 de 2009, el decreto 2011 de 2007, que garantiza la cuota de empleos públicos para las personas con discapacidad con un mínimo de cargos y finalmente, la más importante de ellas ha sido la creación de la ley estatutaria de discapacidad 1618 de 2013, ya que busca hacer un ejercicio efectivo de los derechos de las personas con alguna discapacidad.

DISCAPACIDAD EN EL CAUCA

Es gracias a estas leyes ya creadas que se han podido establecer valores monetarios para poder otorgar beneficios cumplibles a estas personas, siendo así que en el 2018 se estableció como valor de inversión para las personas en condición de discapacidad en Colombia, la cifra de 8.3 billones de pesos; la cual fue tenida en cuenta al momento de crear e implementar una normativa nueva, incluida en el Plan de Desarrollo Nacional “Un pacto por Colombia”, la cual se denomina como “Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad”; un documento que fue propuesto y trabajado de primera mano con Jairo Clopatofsky, alto consejero para la participación de las personas con discapacidad (PcD) y que podrá ser desarrollado durante los 4 años de gestión del actual presidente de la república, Iván Duque.

Este pacto, en palabras de Clopatofsky, busca “articular el presupuesto y una serie de normas que están dispersas”, dando prioridad a ciertas cuestiones que el mismo consejero para la participación de las PcD entiende perfectamente, ya que él mismo hace parte de esta población.

Dentro de este documento se resumen las necesidades y requerimientos en 3 lineamientos, incluidos en el capítulo XIII de este plan de desarrollo nacional y cuyo principal objetivo es una nueva caracterización que permita dar con una cantidad total de las personas con capacidades diversas y de este modo establecer las oportunidades a las que pueden acceder, estas entendidas en materia de vinculación laboral o emprendimiento, formación y actualización docente en educación inclusiva y claro está la mejora de accesibilidad para infraestructura, transporte y utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones; brindando a través del gobierno nacional autonomía para estas personas, que se pretende finalizar con la entrega de 20.000 viviendas para las personas que cumplan una serie de requisitos, claro está la primera es ser parte de esta población con capacidades diversas y la instauración de medios de protección para sus cuidadores, ya que la mayoría de las personas que se hacen cargo de los cuidados de los discapacitados no cuentan con las habilidades y legalidades pertinentes que les permita tener este oficio formalizado y por ende se impide el recibimiento de un cuidado en las mejores condiciones.

Este paso hacia la autonomía e independencia que las personas con discapacidad deben tener inicio conociendo que este “pacto por la inclusión” permitió que desde la parte judicial se les otorgara capacidad legal a todas las PcD que sean mayores de edad y que de este modo adelanten procesos judiciales que crean pertinentes para la prevalencia de sus derechos, siendo así que no necesitarán más intermediarios para poder establecer derechos de petición o tutelas, así como también podrán solicitar ellos mismos sus certificados de discapacidad ante las EPS o las distintas Juntas de Validación para la Invalidez en el país (para el caso del Cauca, esta Junta se encuentra en Cali); documentos que sin duda ayudan y contribuyen a recibir precisamente una buena calidad de atención en las entidades de salud o garantizar su atención en estas entidades después de los 25 años.

Y con la aparición del Observatorio Nacional de Inclusión Social y Productiva para Personas con Discapacidad se pudo hacer la actualización pertinente a la Política Pública Nacional de Discapacidad, en la cual se establece primeramente que cada persona con discapacidad pueda ir a cada Secretaría de Salud Municipal (según su lugar de residencia) y de este modo realizar su correspondiente Censo, donde se podrá también acceder a un carnet que lo acredita como discapacitado y asegurará su atención en alguna EPS que se le asigne; como también, se tiene el derecho de ir hasta alguna bolsa de empleo y preguntar por los convenios existentes para vinculación laboral con PcD o también entrando a plataformas digitales como https://www.incluyeme.com/; en la cual se podrá inscribir para las distintas convocatorias de empleo que hay destinadas para discapacidad.

Estos avances logrados en los últimos años, solo algunos de los tantos beneficios que se tienen como discapacitado; ya que también se permite otorgar una pensión por invalidez, cuyos requisitos son: haber cotizado cerca de 52 o 104 semanas en algún fondo de pensiones (privado o estatal), presentar certificado de discapacidad y que después de otorgada esta pensión, no se postule o acceda a algún cargo público. Estos proyectos ayudan sin duda alguna a la propensión por el cumplimiento del compromiso internacional con la convención de la ONU, donde se les exige a los países cambiar la visión de las personas con discapacidad y brindarles derecho a elegir libremente.

Por último, todos estos esfuerzos y metas alcanzadas hasta ahora en materia de legalidad, requieren seguir trabajándose para poder crear programas de promoción hacia una cultura de integración para las PcD, para poder lograr una vinculación correcta de estas personas con la sociedad, una cuestión que se podrá ver en próximas entregas, viendo cómo desde el departamento del Cauca se van acoplando a un concepto que al parecer sigue sin comprenderse en su totalidad y los avances que se han hecho en materia educativa y social.

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