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Desde el Foso: Pásenla (mal) por inocentes

El domingo 17 junio, 2012 a las 1:52 pm

Cayó en mis manos un ejemplar de la revista Credencial, edición 298, de septiembre de 2011. Me llamó la atención el siguiente artículo. Lo comparto con ustedes….


Por: DANIEL SAMPER PIZANO

07 de Septiembre del 2011

Foto: Olga Lucía Aldana

El 4 de marzo de 1999 una columna de las Farc asesinó en Saravena a los indigenistas Ingrid Washinawatok, Terence Freitas y Larry Gay. Al año siguiente, alguien identificó a Nelson Vargas como el Marrano, autor del triple crimen. Vargas fue detenido, extraditado a Estados Unidos en marzo del 2002 y juzgado en Miami.

El 5 de junio de 2007 la Policía capturó a Manuel Mena en el terminal de transportes de Bogotá y lo puso en poder de un juez de Yolombó (Antioquia) que lo condenó a 16 años de cárcel por asesinato.

El 14 de septiembre de ese mismo año el periodista colombiano Manuel Humberto Gómez fue arrestado cuando llegaba a un restaurante de Brooklyn (Nueva York) del que era socio. Fue acusado de importar cocaína a Estados Unidos utilizando el restaurante como tapadera.

El 8 de agosto de 2008 detuvieron en Europa a Paulo George Da Silva, un narcotraficante colombiano a quien buscaban las autoridades italianas. Puesto en manos de un tribunal de Milán, se le condenó a 15 años de prisión.

Dos años más tarde, la Policía española capturó a Marcelo Marín, un uruguayo acusado de tráfico de droga. Lo requería la justicia italiana. En 2010, un juez de Nápoles lo sentenció a 14 años de cárcel, que podrían aumentar si sale mal librado en un juicio pendiente por asociación mafiosa.

El 2 de noviembre de 2010 René Martínez Gutiérrez intentó obtener un certificado judicial y el DAS descubrió que era un narcotraficante peruano que buscaba la Interpol en 188 países. De inmediato fue detenido y llevado a los calabozos de la institución.

Errores insignes

Cualquiera podría concluir, al mirar los casos anteriores, que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia avanza a pesar de las críticas que hablan del reinado de la impunidad y la imposibilidad de derrotar el crimen.

Pues no. Los seis episodios corresponden a igual número de injusticias.

Nelson Vargas fue extraditado a Estados Unidos y allí, al cabo dos años, una juez lo declaró inocente y ordenó su regreso a Colombia.

Manuel Mena permaneció tres años encarcelado y, gracias a la asistencia jurídica del Proyecto Inocencia, de la Universidad Manuela Beltrán, de Bogotá, se decretó su libertad. Este proyecto se inspira en uno norteamericano que ha logrado salvar a 200 inocentes condenados por error en Estados Unidos. Varios de ellos ya tenían fecha y hora de ejecución.

El periodista Manuel Humberto Gómez estuvo en una cárcel de Nueva York siete meses, al cabo de los cuales un juez declaró: «En esta ocasión falló la justicia y se detuvo a un inocente». Enseguida, el magistrado ofreció disculpas y lo dejó libre.

Paulo George da Silva, acusado de narcotráfico, resultó ser en realidad el médico español José V. Piera. Un juez italiano lo liberó al cabo de ocho meses de prisión por error en la identidad. El Estado le pagó 85.000 euros de indemnización.

El uruguayo Marcelo Marín no está preso en Nápoles. Quien ocupa la celda es, según el gobierno español, Óscar Sánchez, un mecánico a quien robaron en 2002 su cedula de ciudadanía. El auténtico Marín lleva dos años interno en una penitenciaría de las islas Canarias.

René Martínez estuvo cuatro días entre rejas. Al cabo de ellos se demostró que su nombre y fecha de nacimiento coincidían con los de un narcotraficante peruano. Quedó libre, pero desde entonces corre el riesgo de nuevas confusiones y nuevos carcelazos.

Finales felices… relativamente

En la guerra contra la droga hay estadísticas más o menos fiables de los cargamentos detenidos, los delincuentes condenados, las víctimas de atentados y crímenes, el precio de diversas sustancias ilícitas en los mercados de Estados Unidos y Europa e incluso el cálculo de los kilos de droga que entran sin que las autoridades consigan detectarlos.

Lo que no se sabe es cuántas personas han sufrido o están sufriendo injustamente condenas, persecuciones o confusiones enojosas por culpa de errores de las autoridades.

Los seis casos reseñados son unos pocos entre muchos. Hay más víctimas colombianas. Extraditada a Estados Unidos, la colombiana Adriana Marcela Vacca padeció tres años de encierro antes de que la declararan inocente de narcotráfico en 2002; Juan Carlos Gómez Luna estuvo a punto de ser enviado entre cadenas a Estados Unidos y se salvó porque alguien comprobó que solo era homónimo de un delincuente; una corte de California pidió en extradición a Diana Polentino por homicidio y al cabo de cinco años la declaró inocente. Por culpa de una falsa denuncia para cobrar una recompensa de 10 millones de pesos, Robinson Ojito permaneció preso en Barranquilla durante trece meses, al cabo de los cuales un juez lo absolvió y dejó en libertad.

Un final feliz corona a las anteriores historias. Pero seguramente en estos momentos hay un número de perseguidos, detenidos o condenados que pagan con su libertad o su estabilidad psicológica una decisión judicial injusta por algún error de identidad o por un prejuicio elevado a sentencia.

Salvados, pero con huellas

Aun los que lograron salir libres tras comprobarse su inocencia han dejado en el camino parte de su vida, de su tranquilidad, de su patrimonio, de su cabeza e incluso de su integridad personal. A estos daños se suman el dolor de la familia y a veces la disolución del hogar.

A una de las víctimas mencionadas atrás, padre de cinco hijos, la mujer lo abandonó mientras atravesaba el infernal proceso. Al comerciante que confundieron con alias Marrano le dispararon un tiro en la cárcel Modelo de Bogotá y tuvieron que amputarle una pierna. Su postración casi lo lleva al suicidio: «Me entregué al alcohol y a las drogas -confesó a El Tiempo-, hasta el punto que un día decidí que iba a matar a un guardia que me había regado una olla con guarapo, y que me suicidaría». Cierto domingo, cuando tenía listo el chuzo con el que se disponía a apuñalar al guardián y quitarse luego la vida, sus hijos llegaron de visita y corrieron a abrazarlo. Los recibió llorando y decidió que iba a dar otro rumbo a su vida.

La desesperación puede llevar a muchos inocentes a confesarse culpables con tal de reducir la sentencia condenatoria. De hecho, el primer consejo que suelen dar los abogados de oficio en Estados Unidos a los extraditados es que se declaren responsables del delito. De esta manera se perfecciona la injusticia: el inocente prefiere la mentira de su culpabilidad a una verdad que le costará más tiempo en prisión.

Eso fue lo que le propuso al periodista Gómez uno de los primeros abogados que lo asistió. Aceptando una culpa que no tenía podría obtener cinco años de reclusión; insistiendo en una inocencia que reflejaba su situación real era posible que le decretaran quince años. Gómez prefirió jugársela con la verdad. Le salió bien. Pero no siempre es así.

Se necesita suerte

A las víctimas extremas de injusticia hay que sumar miles de ciudadanos que son víctimas de atropellos menores: vergonzosas requisas, esperas angustiosas en oficinas de inmigración de aeropuertos extranjeros, visas negadas por una coincidencia de nombres…

¿Qué pasa con los numerosos Pablos Escobares de conducta ejemplar que llevan a cuestas el pecado de una homonimia oprobiosa? ¿Quién garantiza que alguien que ha logrado aclarar una confusión en una oficina no será detenido en la siguiente por la misma razón? ¿O que una sentencia favorable extenderá sus consecuencias a las agencias internacionales y comisarías domésticas que erraron al atrapar al acusado equivocado?

El comerciante René Martínez, cuyo nombre y día de nacimiento son los mismos que los de un delincuente peruano, es inocente pero vive como si no lo fuera. «Tengo que evadir los retenes de la Policía, porque en los papeles no soy inocente», dice. Teme acabar en la cárcel de Cómbita tratando de explicar su situación.

Es que, como están las cosas, no basta con ser inocente. Además, hay que tener un poco de suerte.

Yo también estuve en una lista negra

Estoy seguro de que muchos colombianos tienen incómodas experiencias que contar. La mía pudo haberme llevado a una cárcel de Francia. En 1986, cuando llegué como corresponsal de El Tiempo a Madrid, el Gobierno español, que expide las credenciales de los enviados de prensa extranjeros, tardaba en extender mi carné. Me dijeron en un principio que estaban «verificando datos». Dos veces fui citado a comisarías de Policía donde me indagaban sobre mi profesión. En una de ellas el inspector me preguntó por mis ideas políticas. Me negué a contestar y decidí que había llegado el momento de acudir a la embajada de Colombia y exponer mi caso.

La gestión funcionó, porque al cabo de dos semanas me citaron en el Palacio de la Moncloa para entregarme el documento. El funcionario de la oficina que acredita a la prensa ofreció disculpas y dijo que, al parecer, se había producido una confusión con alguien que la justicia buscaba. Aunque no era una noticia agradable, y como el funcionario no sabía nada más e ignoraba dónde averiguarlo, resolví «dejar así». Pensé que a lo mejor se trataba de una disculpa para ocultar la ineficiencia burocrática.

Varios años después, cuando trabajaba en Cambio16, se acercó una tarde a mi escritorio Manolo Cerdán, que cubría fuentes policiales, y me mostró un listado de computador. «No sabía que eras un delincuente francés», comentó con una carcajada. Efectivamente, allí estaba, en una larga lista de procesados un tal Samper Daniel (sin segundo apellido). Francia solicitaba su extradición por «receptación», «falsificar o usar matrícula (placa) falsificada» y «robo con fuerza en las cosas». De modo que Daniel Samper, el hampón, sí existía. Era francés y había sido sentenciado por robos y tráfico de objetos sustraídos de manera ilegal. Afortunadamente lo habían capturado.

Debo reivindicar el hecho positivo de que pertenecí a una lista internacional donde no aparecían crímenes de sangre. Había «colegas» italianos, alemanes, suizos, belgas y portugueses. Los delitos eran en su mayoría contra la propiedad y la buena fe: estafas, hurtos, robos, tenencia de armas, quiebras fraudulentas, defraudación, receptación, alguna injuria, un par de encubrimientos y, como hechos llamativos, un francés sentenciado por «piratería aérea con toma de rehén» y un italiano con honrosa condena por «rebelión».

Desde entonces llevo una fotocopia de aquella página entre mis papeles de viaje. Uno no sabe en qué momento le toca el sorteo del error infame.

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