María Camila Valencia Henao y Lizeth Tatiana Tovar Lagares, periodistas comisionadas para cubrir el evento, recibieron trato despectivo y displicente junto a la negativa rotunda del supuesto servidor público, que les impuso la censura.

El registrador del estado civil, la noche del sábado 29 de julio consumó hechos presuntamente constitutivos de quebrantamiento de normas constitucionales y legales, como violación a la de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y del Código Electoral vigente.

Desconoció que el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, dispone que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”, igual que el artículo 23 de la CN, que establece el derecho de toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a que estas sean respondidas con decencia y con brevedad.

El señor Ordóñez parece que también desconoce el derecho fundamental de acceso a la información pública consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política Colombiana y que, en virtud de éste, todas las personas pueden acceder a los documentos públicos, con excepción de los casos que establezca la ley, que no es el caso que estamos denunciando.

El abuso de poder perpetrado por el registrador municipal no puede justificarse con la razón que adujo al mismo tiempo que nos amenazaba jurídicamente por cumplir con nuestro deber: “no contamos con la autorización de la delegación departamental ni la RNEC para dar información a los medios”, lo cual no es excusa válida, porque siempre la Constitución y las leyes son normas superiores e imponentes sobre cualquier circular o gestión interna de cualquier entidad pública. Y sigue la amenaza “por las falsas acusaciones que ustedes levantaron en mi nombre, remitiré hoy ante la Fiscalía General, la información que ustedes enviaron para que comprueben la veracidad de la información que ustedes de manera irresponsable subieron en su medio. Sin más que decir, nos vemos pronto en la Entidad Judicial responsable de llevar el caso”, haciendo creer que las víctimas, en este caso las periodistas agredidas, fueron las responsables de la violación legal que denunciamos, lo cual no cabe en un análisis serio de la situación.

Seguiremos luchando contra la cultura del secreto que todavía está presente en la actuación de muchos servidores públicos, para que las recurrentes trabas y los obstáculos para entregar información no sigan perjudicando a las comunidades y sobre todo, para demostrar que la creencia según la cual la información le pertenece al funcionario o empleado, es totalmente equivocada. Le pertenece es a la ciudadanía.